Andrés Manuel López Obrador dedica sus últimas semanas en la presidencia de México a promover una descabellada reforma judicial que incluye la elección popular de la judicatura. Si la ley fuera aprobada, unos 5.000 administradores de justicia dejarían sus cargos, con todo y la experiencia acumulada durante décadas.
La justificación del cambio no podría ser más simple y demagógica. Comienza por la equiparación de sufragio y democracia, tan practicada por los gobiernos populistas de todos los signos mientras creen gozar del apoyo mayoritario. El chavismo venezolano, para citar un ejemplo extremo, todo lo resolvía en las urnas hasta que temió perder las votaciones. Ahora, el régimen que utilizó el referéndum para desmantelar las instituciones del Estado democrático se constituye en tiranía para ignorar la voluntad popular expresada en los comicios ganados por Edmundo González Urrutia.
Pero la democracia no se agota en el sufragio y solo existe cuando hay frenos y contrapesos, incluso frente a los excesos de las mayorías. Por eso no pueden ser sometidas a referéndum propuestas contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos u otros valores civiles y políticos, como la fiscalización del uso de los recursos públicos.
Uno de esos equilibrios esenciales del gobierno democrático es la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Para disminuir su importancia, el libreto populista simplemente niega la independencia de la judicatura y la acusa de ceder ante la corrupción. Ese es el segundo argumento de López Obrador y su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
En México, el financiamiento electoral es uno de los portillos permanentemente abiertos a la corrupción y no por eso se propone transformar su naturaleza o la del sufragio. Morena, el partido del presidente López Obrador, se ha visto salpicado por escándalos, y las autoridades estadounidenses investigaron vínculos de cercanos colaboradores del mandatario con reconocidos narcotraficantes.
Los carteles de la droga se han infiltrado en todos los niveles del Estado mexicano desde hace décadas y ejercen innegable influencia en amplias extensiones de su territorio. Ofrecerles la posibilidad de intervenir directamente en la elección de jueces es un manjar irresistible.
Esa realidad debería llamar a la prudencia, pero el propósito del presidente y su partido no es ampliar la democracia ni disminuir la corrupción. Poseen, por el momento, mayorías electorales suficientes para configurar el Poder Judicial a su imagen y semejanza. Esa es la aspiración común de los gobernantes populistas, siempre enfrentados con el contrapeso de la judicatura.
No obstante, el mundo los observa y la preocupación de sus socios comerciales más cercanos se ha manifestado con inusual contundencia. Estados Unidos y Canadá, asociados con México en la gran zona de libre comercio de América del Norte, ya manifestaron su inquietud por el efecto de la reforma sobre el Estado de derecho y la seguridad de las inversiones. Las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Bank of America advirtieron peligros para la calificación de la deuda soberana de México si la reforma se aprueba.
López Obrador reaccionó con el anuncio de una “pausa” en la relación con las dos embajadas, aunque negó la posibilidad de una afectación general de las relaciones con sus dos vecinos. En cuanto a las calificadoras, dijo que las advertencias no son para tomarlas en serio. Quizá México, por su tamaño y la interdependencia con las economías de sus dos vecinos, logre restar influencia al Estado de derecho sin consecuencias inmediatas, pero otros países, como el nuestro, deben ser mucho más cautos.
Según los analistas del mismo Bank of America, que le señalan a México el posible efecto de la reforma judicial sobre los mercados, el intento de eliminar en Costa Rica la capacidad de la Contraloría para fiscalizar el uso eficiente de los fondos públicos es un claro peligro.
“Creemos que la economía costarricense se beneficia de controles y contrapesos fuertes. Este es también uno de los atributos que hace que Costa Rica sea claramente diferente de sus pares de América Latina”, dicen los expertos del banco internacional. El intento de tomar el Poder Judicial en México es mucho más grave que la ley jaguar, pero las similitudes invitan a meditar.
