Los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa acordaron extender las sesiones del plenario los días lunes y martes, de la próxima semana, para avanzar en la discusión del proyecto de ley que reduciría el costo de los tiquetes aéreos a Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
Este proyecto del Partido Liberal Progresista (PLP) afronta la oposición del gobierno, cuyos diputados presentaron 63 mociones que constituyen un fuerte obstáculo por el tiempo que demanda su trámite y votación. Algunas de estas mociones carecen de sentido o contienen errores que desvirtuarían la iniciativa de reducción de impuestos.
Hasta ahora, el expediente ha sido discutido en dos sesiones de una hora cada una; se ha rechazado una moción y quedan pendientes 62.
El acuerdo logrado este jueves es que los diputados sesionen en plenario de 3 p.m. a 7 p.m., dedicando tiempo, también, al trámite del plan del gobierno para redirigir hacia obras viales un crédito de $300 millones que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) había otorgado para crear un fondo de avales, a fin de ayudar a empresas afectadas por la pandemia. Esta iniciativa recibió 10 mociones y está por salir de la Asamblea.
De estos recursos, se asignarán $220 millones para la ampliación de la Ruta 1, entre Barranca y Limonal, y $10 millones para la construcción de 15 puentes peatonales en la Ruta 32, en los cantones de Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina y Limón.
También, se destinarán $40 millones de dólares para la reparación de carreteras nacionales en las provincias de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas y Guanacaste, y un monto adicional de $30 millones para abonar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Durante la hora extendida, los legisladores intentarán votar mociones sobre las dos iniciativas, mientras que, en las tres horas restantes, se tratarán otros temas de la agenda legislativa.
El lunes, además del espacio para el control político, se realizará un debate reglado de una hora para conocer el expediente de la reelección de Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
Diputados destinan $40 millones del crédito del fondo de avales a mejorar vías en 6 provincias
Su expediente cuenta con un informe afirmativo de mayoría y otro negativo de minoría de la Comisión de Nombramientos, pero su continuidad afronta oposición luego de que la jueza de Trabajo, Silvia Elena Arce, y el abogado Mario Rucavado afirmaron que ella sufrió un acto obsceno no consentido de parte del magistrado en el año 2000. Sánchez presentó una querella contra ambos por difamación.
El martes, en la sesión destinada a proyectos de seguridad, también se discutirá el proyecto para castigar a quienes utilicen menores de edad en la comisión de delitos, así como las reformas para ampliar las causales de prisión preventiva y de regulación del uso de armas.
