Houston. Un juez de Texas suspendió temporalmente el lunes un programa gubernamental que acelera el proceso de obtención de estatus legal para cónyuges extranjeros de estadounidenses. Esta medida supone un obstáculo a la política migratoria del presidente Joe Biden a diez semanas de las elecciones presidenciales.
El plan anunciado en junio busca beneficiar al menos a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos. Campbell Barker, juez federal en Tyler, Texas, acogió una demanda presentada por 16 fiscales generales de estados republicanos. Los demandantes acusan al gobierno de evadir la jurisdicción del Congreso y de implementar la medida con fines políticos.
“Las reclamaciones son sustanciales y merecen una consideración más detallada de la que el tribunal pudo permitir hasta la fecha”, indicó el juez Barker en su orden.
La decisión tiene vigencia por 14 días, aunque el magistrado podría extenderla hasta mediados de octubre mientras evalúa los elementos presentados por las partes.
Crisis migratoria finalmente ocupa lugar en la Convención Nacional Demócrata
El programa “Keeping Families Together” (Mantener a las Familias Unidas) fue lanzado meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que la vicepresidenta Kamala Harris se enfrentará al republicano Donald Trump. La solución a la crisis migratoria es un tema clave en la contienda.
Mientras los demócratas buscan un equilibrio entre sanciones a los arribos ilegales y reformas migratorias, Trump centra su campaña en afirmar que Estados Unidos está bajo una “invasión”.
La medida permite un ‘parole in place’, una forma de libertad bajo palabra, para que inmigrantes sin estatus legal que están casados con estadounidenses y que califican para una residencia permanente puedan iniciar sus trámites sin salir del país.
Las reglas se aplican a quienes estuvieron en el país durante al menos 10 años y se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024. También se extienden a aproximadamente 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Los beneficiarios recibirán una autorización para trabajar y el derecho a permanecer en Estados Unidos por hasta tres años mientras solicitan una ‘green card’.
Anteriormente, quienes deseaban realizar este trámite debían hacerlo fuera del país, en un proceso que puede durar años y separa a las familias.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indicó en un comunicado que la decisión del tribunal “no afecta a ninguna solicitud aprobada antes de la emisión” del fallo. Aclaró que, aunque no se aprobarán nuevas solicitudes mientras la suspensión esté vigente, sí se seguirán recibiendo.
Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, uno de los impulsores de la demanda, celebró la decisión judicial.
“El plan inconstitucional de Biden habría recompensado a más de un millón de inmigrantes indocumentados con la oportunidad de obtener la ciudadanía tras violar las leyes de nuestro país (…) Este es solo el primer paso. Seguiremos luchando por Texas, nuestro país y el estado de derecho”, escribió en la red social X.
Para la ONG Justice Action Center, que representa a algunas familias que se acogen al programa, “detener un proceso para el que Texas no ha proporcionado ni un ápice de evidencia de que dañaría al estado es desconcertante”.
“Esto es desgarrador para nuestros clientes y las miles de parejas que esperan beneficiarse de este proceso y vivir sin miedo a que su familia sea separada”, expresó Karen Tumlin, fundadora y directora de la organización.
Más temprano este lunes, la organización humanitaria informó que un grupo de inmigrantes que se acogió al proceso presentó una solicitud para ser escuchado en la corte federal.
“Si me conceden la libertad condicional, lo primero que haré será abrazar a mis hijos, porque entonces sabré que estaré allí para acostarlos todas las noches”, expresó Rico Ocampo, según una nota difundida por el Justice Action Center.
“Podré respirar más tranquilo sabiendo que mi esposa Jessika no tendrá que llevar sola la carga de nuestra familia. Por primera vez, imagino un futuro en el que pueda comprar una casa y hacer planes a largo plazo con mi familia”, añadió.
“La decisión de Texas de tratar de detener este proceso a través de litigios carece de humanidad y ataca nuestros valores estadounidenses que protegen a las familias”, comentó Angélica Salas, directora ejecutiva de The Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA).
