Un grupo de vecinos de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia planeaba en el 2019 reforestar el sitio donde se ubica el tajo Montano, pero no les dio tiempo de presentar el proyecto. A finales de ese año, en vez de pájaros y aire fresco, empezaron a escuchar los motores de hasta 80 vagonetas al día cargadas de escombros procedentes de las demoliciones llevadas a cabo en la construcción de la Circunvalación norte.
En el plan del Conavi se calculó el depósito de 350.000 metros cúbicos de desechos, pero según me cuenta Marlen Carrillo Jaén, amiga y excompañera de trabajo que acaba de ganar el recurso de amparo, la cantidad hasta la fecha es cercana a los 700.000.
El tajo Montano, en propiedad del MOPT, fue cerrado en el 2014 porque estaba siendo utilizado como vertedero ilegal y contaminaba el río Virilla. La historia del río debió ser suficiente para descartar el terreno o, cuando menos, para tomar medidas de mitigación. En marzo del 2021 se notificó al MOPT que debía solicitar el permiso de funcionamiento al Ministerio de Salud y la Municipalidad de Santo Domingo, gestión que nunca realizó, dice el fallo de la Sala.
Para los magistrados “ese proceder no es más que una muestra de la desatención reclamada, pues no solo se produjo mucho tiempo después de la primera prevención, sino que permite acreditar que las acciones correctivas reclamadas no se tomaron oportunamente como ameritaba”.
Marlen no es abogada; sin embargo, conoce sus derechos y la Constitución. Empezó a pedir documentos para determinar si existía la viabilidad ambiental y sus peticiones fueron ignoradas. Pero siempre hay alguien con información y conciencia ambiental para ayudar.
Una persona le entregó documentos de la Unops, supervisora del proyecto; otra, evidencia de la contaminación ambiental y acústica; y ella, por su parte, obtuvo el expediente de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena). Además, tomó fotos, habló con los vecinos y constató finalmente la ausencia de los permisos.
El 31 de julio la Sala Constitucional le dio la razón. Ella aportó 7 audios, 12 videos y por lo menos 20 fotografías para sustentar que al permitir el depósito de desechos en el tajo se violaba el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
No voy a entrar en detalles legales, sino a contar lo importante: cómo el liderazgo es capaz de vencer situaciones al parecer irreversibles cuando el poder y la burocracia amenazan el bienestar común. Lo mismo es válido para proteger un río que un país.
La autora es editora de Opinión de La Nación.
