En las últimas semanas, el gobierno y los rectores de las cinco universidades públicas se reunieron para discutir el aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2025.
Sin embargo, tras varios encuentros, la negociación fracasó el 16 de agosto y ahora será la Asamblea Legislativa la que definirá cuánto recibirán las casas de enseñanza superior el próximo año. De momento, el 2025 arrancará con el mismo monto asignado para el 2024, que fue de ¢576.087 millones.
En medio del conflicto, conviene repasar los hechos fundamentales del financiamiento de las ‘U’ públicas: ¿Qué es el FEES?, ¿cómo se negocia?, ¿por qué son importantes esos recursos que aprueba cada año el gobierno?, ¿en qué estado se encuentra actualmente?
El FEES es el dinero que el Estado asigna a las universidades públicas cada año, según lo establece el artículo 85 de la Constitución Política. Esta norma ordena que el Poder Ejecutivo dote de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN). Esta última se incorporó en el 2023; antes recibía recursos del Estado, pero no formaba parte del Fondo.
El artículo 85 de la carta magna también dispone que el presupuesto no puede ser reducido. Textualmente dice: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.
Posteriormente, en una reforma a ese numeral, aprobada en 1981, mediante la ley 6580, se determinó que la distribución del Fondo sería del 59% para la UCR, 11,5% para el Tec, 23,5% para la UNA y el 6% para la UNED. Sin embargo, con el tiempo ha habido variaciones en los porcentajes, más aún con la incorporación de la UTN.
De esta forma, el presupuesto de ¢576.087 millones asignado para el 2024, se repartió de la siguiente manera: ¢291.317 millones para la UCR, ¢120.772 millones para la UNA, ¢63.233 millones para el Tec, ¢52.812 millones para la UNED, ¢38.083 millones para la UTN y ¢9.868 millones para el Consejo Nacional de Rectores (Conare), según datos de esta última organización.
El FEES es definido por una Comisión de Enlace, integrada por representantes del gobierno y los rectores de las universidades públicas. Esta comisión incluye a los jerarcas de los ministerios de Educación Pública (MEP), Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Hacienda, Presidencia, Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), además de un representante de las federaciones estudiantiles.
Este año, no se alcanzó un acuerdo en las cinco reuniones que sostuvieron los representantes de Conare y el gobierno de Rodrigo Chaves. Ahora, la Asamblea Legislativa se encargará, por primera vez, de aclarar las diferencias y llegar a un acuerdo, según lo establece el numeral 85.
“Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa”, menciona la norma.
Para 2025, los rectores solicitaron un aumento del 4,06% respecto al 2024. Sin embargo, el Ejecutivo insistió en un alza del 1%, equivalente a ¢5.761 millones adicionales. Los rectores consideraron insuficiente esta cifra frente a los ¢23.389 millones más que requieren, con base en la inflación proyectada del 3% para el próximo año.
Con los recursos del FEES se financia la investigación, la docencia, la acción social, el apoyo a la comunidad estudiantil. Cubre programas de becas e infraestructura, así como iniciativas que impulsan la investigación en sectores productivos.
El Banco Central de Costa Rica administra los recursos del FEES y debe trasladar mensualmente una doceava parte a las universidades, según la distribución previamente establecida por la Comisión de Enlace.
Francisco González Alvarado, representante de Conare y rector de la UNA, confirmó que, por ahora, lo único cierto es que la discusión llega al Congreso con un aumento del 0%. Esto implica que las universidades públicas tendrían, hasta el momento, el mismo monto asignado para el 2024, es decir, ¢576.087 millones.
No obstante, aunque los diputados aprueban una suma mayor, las instituciones iniciarían el 2025 con esos ¢576.087 millones por razones de tiempo. El ejercicio presupuestario formal se debe enviar a la Contraloría General de la República antes del 30 de setiembre y los legisladores tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar el Presupuesto de la República. Entonces, solo en ese momento se conocerá en cuánto podría incrementar el Fondo.
La negociación del FEES 2025 ha estado marcada por tensiones y controversias, especialmente después del encuentro del 18 de julio entre la ministra de Educación, Anna Katharina Müller y estudiantes universitarios en el edificio de Conare, en Pavas.
Ese día, alrededor de 80 estudiantes se manifestaron para exigir que se destinara el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública en todos los niveles y expresar su descontento con la gestión de Müller. Tras la reunión, los alumnos rodearon a la ministra, quien en un video divulgado por el MEP, denunció que le maltrataron un oído, al tiempo que criticó a los rectores universitarios por la conducta de los estudiantes.
Días después, el 24 de julio, durante la celebración del bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya, el presidente Rodrigo Chaves comparó a los rectores de las universidades públicas con prestamistas “gota a gota”. Afirmó que en las negociaciones del FEES, los rectores utilizan tácticas violentas similares a las empleadas por grupos criminales en el cobro de créditos informales.
Tales manifestaciones provocaron la resistencia de los jerarcas universitarios de ir a negociar a Casa Presidencial. Al final acudieron, pero no llegaron a firmar ningún acuerdo, pues el Ejecutivo pretendió imponer el 1% y no valorar otras posibilidades.
