Los diputados no pueden aumentar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) sin definir una fuente de ingresos en el Presupuesto Nacional del 2025, ya sea recortando otras partidas o señalando ingresos certificados por la Contraloría General de la República (CGR), “como ocurre con cualquier moción que asigne nuevos montos”.
Así lo advirtió el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en un oficio donde respondió consultas formuladas por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, y el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA).
“Se debe definir en cuál otra partida hacer el correspondiente recorte o, como se indicó anteriormente, señalar las nuevas rentas que financiarían el alza, previo pronunciamiento del órgano contralor”, dice el informe jurídico sobre la consulta.
Tras el fracaso de las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los rectores de las universidades públicas, para definir el monto del FEES del 2025, se aplicará el párrafo seis del artículo 85 de la Constitución Política, donde se establece que cualquier diferendo sobre el Fondo será resuelto por la Asamblea Legislativa.
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Mientras el Ejecutivo ofrece aumentar el Fondo solo en un 1% (¢5.761 millones) con respecto al presupuesto del 2024, los cinco rectores solicitan un ajuste del 4,06%.
Servicios Técnicos precisó que la Comisión de Asuntos Hacendarios es la encargada de discutir de forma previa el Presupuesto del 2025, incluyendo la solución sobre el Fondo de Educación Superior.
Además, el informe firmado por el funcionario Luis Paulino Mora Lizano y respaldado por el director de Servicios Técnicos, Fernando Campos, explica que el órgano que finalmente resolverá el diferendo es el plenario del Congreso, a la hora de aprobar la ley del presupuesto.
Para ello, se aplican los plazos ordinarios del trámite del Presupuesto Nacional que se establecen en la Carta Magna y en el Reglamento legislativo. Es decir, a partir del 1.º de setiembre, la Comisión de Hacendarios estudia el proyecto de ley, con audiencias a los diferentes jerarcas. Luego, dedica el mes de octubre al trámite de las mociones correspondientes.
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A más tardar el 20 de octubre, la Comisión debe dictaminar el expediente que contiene el plan de gastos, que debe entrar en debate del plenario a partir del 1.º de noviembre. Finalmente, a más tardar a las 11:30 p. m. del 29 de noviembre, debe votarse en segundo debate el Presupuesto Nacional.
A raíz del criterio emitido por Servicios Técnicos, la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, anunció que, aparte del trámite ordinario del Presupuesto, realizarán varias sesiones exclusivas con los rectores de las universidades públicas y los ministros de la comisión negociadora del gobierno, que son el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta; la de Presidencia, Laura Fernández; y la de Educación, Anna Katharina Müller.
“No conocemos todos los compromisos legales ni el detalle de todo, por lo que vamos a necesitar un equipo técnico para revisar todos los detalles y definir si se puede o no dar el correspondiente aumento o cuál porcentaje se les puede asignar a las universidades”, dijo Ramírez.
La liberacionista argumentó que la educación se ha deteriorado durante el gobierno de Rodrigo Chaves, en el financiamiento de comedores estudiantiles, becas, transporte de estudiantes y “ahora también el FEES”.
“¿En qué nivel va a quedar la educación, si ya de por sí está en un apagón? ¿No sé qué más está pretendiendo este gobierno hacerle a la educación en el país?”, cuestionó Ramírez.
