Ottawa. Canadá reducirá la entrada de trabajadores extranjeros temporales según un paquete de reglas más estrictas anunciadas este lunes. Esta medida forma parte de un cambio en su política de inmigración.
Las nuevas reglas restablecen la prohibición de conceder permisos a trabajadores extranjeros temporales para empleos de baja remuneración en ciudades con una tasa de desempleo del 6 % o superior.
Canadá registró recientemente su mayor crecimiento demográfico en más de medio siglo, impulsado por la inmigración. Al superar los 40 millones de habitantes, el país experimentó un aumento en el desempleo.
Canadá impone aranceles del 100% a los vehículos eléctricos procedentes de China
Las normas de inmigración deben tener “sentido en la economía actual para los canadienses, pero también para el mercado laboral, que sigue contrayéndose”, declaró en rueda de prensa el ministro de Inmigración, Marc Miller.
“No dudaremos en tomar medidas adicionales si es necesario”, añadió.
Ottawa aceptó las demandas de las empresas de aumentar el acceso al programa de trabajadores extranjeros temporales. Las compañías enfrentaban dificultades para cubrir las vacantes de empleo cuando la economía despegó tras las restricciones de la pandemia de covid-19.
El gobierno casi duplicó el número de trabajadores extranjeros temporales admitidos en el país y amplió sus reglas para permitir la actividad en sectores como el de comida rápida, mientras que antes la mayoría trabajaba en la industria agrícola.
Sin embargo, la tasa de desempleo de Canadá subió al 6,4 % el año pasado. El aumento demográfico ejerció presión sobre la vivienda y los servicios sociales.
“Queremos asegurarnos de que los canadienses tengan acceso a esos empleos y erradicar los abusos en el programa de trabajadores extranjeros temporales”, afirmó el ministro de Empleo, Randy Boissonnault.
Entre las nuevas reglas anunciadas este lunes, los permisos para trabajos con salarios bajos se emitirán por solo un año, en lugar de dos.
Estarán exentos los sectores de agricultura, atención sanitaria y construcción.
Las nuevas normas entrarán en vigor el 26 de setiembre.