El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa relajar las metas fiscales fijadas en noviembre del 2022 como condiciones para que el Ministerio de Hacienda pueda emitir nueva deuda en los mercados internacionales. En pocas palabras, el Poder Ejecutivo solicitó metas menos ambiciosas en cuanto al balance primario y, al mismo tiempo, un mayor margen para el pago de intereses de la deuda pública.
Hace nueve meses, las autoridades celebraban la segunda colocación de $1.500 millones en los mercados internacionales, a un plazo de 31 años y con un rendimiento del 7,75 %. Evidentemente, esa colocación fue bastante cara y significó un impacto considerable en el futuro pago de intereses. También incumplió aquella promesa de sustituir deuda cara por deuda barata. En su momento, muchos sostuvieron que era más razonable colocar deuda en el mercado interno, pero no se les escuchó.
La narrativa fiscal ha cambiado significativamente en pocos meses. Se pasó de rugir a maullar. Los ingresos fiscales durante el primer semestre prácticamente no crecieron. Mientras los ingresos tributarios se incrementaron un 0,7 %, los gastos totales aumentaron un 8,9 %. Esto redundó en un menor superávit primario y un mayor déficit financiero. El deterioro en las cifras fiscales ya está llamando la atención de analistas locales e internacionales.
El ministro de Hacienda señaló, recientemente, que la baja en los ingresos se debe a la concentración del crecimiento del producto interno bruto (PIB), principalmente en las zonas francas, exentas de pagar el impuesto sobre la renta. Esa no es la historia completa. Para empezar, las zonas francas sí pagan otros tributos, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA), y son las mayores creadoras de empleo en los últimos años.
La recaudación más bien se ha visto afectada por el desgaste normal experimentado por las reformas fiscales con el paso del tiempo y la fuerte caída del tipo de cambio. El Ministerio de Hacienda ha estado satisfecho con la cantidad de financiamiento externo al que tuvo acceso en los últimos dos años, pero olvidó que pedir tantos dólares iba a tener repercusiones en el mercado cambiario. La caída en el tipo de cambio significó, solo en el 2023, una caída de ¢235.000 millones en los ingresos tributarios. Los efectos no solo se manifestaron ese año. También incidieron en los adelantos del impuesto sobre la renta durante el 2024.
Otro elemento inquietante es el silencio de las autoridades sobre el mantenimiento de algún tipo de convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El convenio negociado por la administración Alvarado finalizó en julio, y del Fondo no se volvió a hablar más. El último acuerdo permitió al país acceder a financiamiento externo y doméstico en mejores condiciones gracias a la confianza generada. ¿Por qué no se valoró suscribir un convenio nuevo si la situación fiscal está desmejorando?
Lo preocupante de aflojar metas es que nos puede pasar lo que a otros países vecinos: la creación de un círculo vicioso en el cual las metas se modifican cuando asoma el peligro de incumplirlas para no confesar el incumplimiento. Entrar en un proceso de ese tipo genera muchos riesgos. Para comenzar, preocupación de las calificadoras internacionales, de los analistas y hasta de los tenedores de la deuda.
Así como en las empresas, los planes estratégicos y las metas deben estar en constante revisión. No obstante, esto no significa cambiarlas en la primera oportunidad. Cuando no se cumplen los objetivos, se corre el riesgo de crear inestabilidad y desconfianza, y perder credibilidad. ¿Es consciente el Ministerio de Hacienda de estos riesgos?
También hay motivos para preguntar si los eurobonos son la mejor opción. Recientemente, las autoridades acordaron posponer la colocación del 2024 para el próximo año. ¿Por qué no acudir también a financiamiento en condiciones más blandas con organismos multilaterales? ¿Por qué no colocar bonos en el mercado doméstico, donde las tasas de interés son más favorables?
