Las finanzas públicas están entrando, de nuevo, en un proceso de retroceso. La calificadora de riesgo estadounidense Fitch Ratings reportó a los inversionistas, el pasado 21 de agosto, que Costa Rica se está desviando de su meta fiscal.
La agencia tomó nota de que el gobierno de Rodrigo Chaves pidió a la Asamblea Legislativa aflojar las metas fijadas en la ley de eurobonos aprobada en noviembre del 2022.
Como condición para endeudarse en el mercado internacional por $5.000 millones, en busca de mejores tasas de interés, el gobierno se había comprometido a alcanzar niveles específicos de superávit primario, pago de intereses y tamaño de deuda pública.
Las metas se cumplieron en el 2023, año en que se hicieron las dos primeras colocaciones de eurobonos, por un total de $3.000 millones. Aún quedan pendientes dos emisiones de $1.000 millones cada una.
Sin embargo, el gobierno desistió de hacer la colocación prevista para este año. Mediante un proyecto de ley enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo pidió postergar la emisión del 2024 para el 2025, y la del 2025 para el 2026. Pero, además, el texto contiene un cambio fundamental que no fue anunciado en conferencia de prensa ni en videos propagandísticos.
Se trata de la reforma al artículo 12, en donde se fijaron las metas fiscales:
1- El gobierno pidió bajar de un 1,85% a un 1,3% del producto interno bruto (PIB) el superávit primario con que debe terminar este año.
El superávit primario es la diferencia positiva entre los ingresos y los gastos del gobierno, sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda. Lo planteado equivale a bajar este saldo de unos ¢909.000 millones a ¢639.000 millones.
El dato es congruente con el hecho de que, en el primer semestre de este año, el gobierno cerró con un superávit mucho menor al que obtuvo en el mismo periodo de los años 2022 y 2023.
Asimismo, el Ejecutivo pidió reducir el superávit primario del 2025 de un 2,25% a un 1,85%.
2- En cuanto al pago de intereses de la deuda, el gobierno había prometido que la cifra no superaría un 4,9% del PIB en el 2024, pero ahora pide ceder a un 5,1%. La diferencia es de unos ¢100.000 millones más. Asimismo, para el 2025, solicitó aflojar la meta de un 4,6% a un 5% del PIB.
3- Sobre el tamaño total de la deuda pública, el proyecto sí contempla una mejoría. La meta del 2024 pasaría de un 67,1% a un 64% del PIB y, la del 2025, de un 65,4% a un 63,5%.
Sin embargo, esto significa que aún falta mucho para que se puedan descongelar los salarios públicos y las pensiones pagadas con el Presupuesto Nacional, a pesar de que en Casa Presidencial se ha dicho lo contrario.
Al menos para el 2024 y el 2025, la deuda seguirá por encima del 60% del PIB, el peor escenario previsto en la regla fiscal, en el que se aplican medidas de contención como el congelamiento de salarios públicos.
En consonancia con la postergación de los eurobonos, el pasado jueves 22 de agosto, el Ministerio de Hacienda anunció un fuerte incremento en el endeudamiento interno del 2024. Las captaciones en el mercado local subirán de ¢2,3 billones a ¢2,7 billones.
Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, argumentó que el alza se debe a que los ingresos del gobierno han bajado como porcentaje de la producción. En el primer semestre, pasaron de un 7,8% a un 7,6% del PIB.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, agregó que la baja en los ingresos se debe a que el crecimiento del país se concentra, en gran parte, en zonas francas, las cuales están exentas del impuesto sobre la renta.
Sin embargo, existen otros factores, como la afectación que han registrado las empresas por la caída en el tipo de cambio. También, incidió la reducción del marchamo, una reforma de la que el gobierno se queja, aunque no se atrevió a vetarla y, más bien, procuró aprovechar políticamente.
En la parte del gasto, el gobierno concedió un aumento salarial retroactivo a los empleados públicos, el cual pesa en las finanzas públicas.
El Ejecutivo tampoco ha planteado reformas sobre las exoneraciones fiscales, una de las promesas de campaña de Rodrigo Chaves.
Este deterioro llega en medio de una coyuntura de mucha tensión presupuestaria, en la que numerosos sectores sociales reclaman más presupuesto o el cumplimiento de obligaciones desatendidas, como los aportes del Estado a la CCSS. En forma paralela, la Sala IV ordenó a Hacienda entregar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) la totalidad del dinero que le corresponde por ley.
El fallo provocó que Hacienda efectuara recortes de presupuesto a 24 instituciones, siendo el Ministerio de Educación Pública (MEP) el más afectado nominalmente, con una reducción de ¢12.000 millones.
A ello se suma el fracaso de la negociación entre el gobierno y las universidades públicas por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2025, el cual ahora deberá ser definido por la Asamblea Legislativa en la discusión del Presupuesto Nacional.
Ante la ausencia de reformas de peso, el país se expone a que, en los próximos años, la situación empeore.
En tanto, el ICE reportó un deterioro de sus utilidades por el incremento en la producción de electricidad mediante hidrocarburos y las importaciones de energía. Sin embargo, la entidad acordó con la Aresep no cargar el costo de la generación térmica a las tarifas de electricidad en el 2025. El precio le quedará al próximo gobierno. ¿Pasará algo parecido con las finanzas públicas?
Nos contactamos de nuevo en una semana. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
