La Sala IV declaró la inconstitucionalidad del decreto emitido por el presidente Rodrigo Chaves y su primera ministra de Salud, Joselyn Chacón, para la homologación de requisitos de medicinas importadas. El razonamiento completo de la Sala todavía no se conoce, pero los argumentos de la accionante Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Pacientes de Costa Rica, apoyada por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Colegio de Farmacéuticos, dejan poco espacio a la duda.
Todos coincidieron en una violación al derecho a la salud, debido a la eliminación de los controles vigentes. El decreto instruyó al Ministerio de Salud para reconocer los registros sanitarios de fármacos concedidos por Estados integrantes del Consejo Internacional de Armonización de los Requisitos Técnicos de los Productos Farmacéuticos para Uso Humano.
La intención era reducir a 30 días el proceso de inscripción de nuevos medicamentos cuya aprobación ya se hubiera dado en naciones con solvencia científica y ética. La reducción del plazo debía disminuir también los costos y estimular la competencia en el caro mercado nacional de medicinas.
Los procesos de inscripción de nuevos medicamentos en nuestro país son demasiado prolongados y engorrosos, pero el decreto anulado fue muy lejos en el esfuerzo de simplificación. Según el texto, bastaba una declaración jurada donde constara la identidad de características del medicamento por inscribir y el aprobado por otro país miembro de la Comisión. A la luz del decreto, el Estado perdía la potestad de exigir estudios clínicos cuando un importador solicitara el registro de nuevos medicamentos.
Para el Colegio de Farmacéuticos, “no es poca cosa la preocupación de la accionante sobre la problemática —más que notoria en estos tiempos— de falsificación de medicamentos. Los controles del Estado en un bien tan sensible como los medicamentos deben apuntar a fortalecer, mas no a flexibilizar, los procesos previos a la puesta a disposición de los pacientes que los requieren”.
No obstante, el problema de la lentitud burocrática persiste y tampoco queda bien servido el derecho a la salud si los nuevos fármacos quedan fuera del alcance de los costarricenses más tiempo del necesario. La propia Procuraduría reconoció la legitimidad del propósito del decreto, pese a su decidida argumentación de apoyo a la gestión emprendida por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Pacientes.
“Aun cuando la agilización de los trámites de inscripción de medicamentos constituye un objetivo legítimo, su consecución no justifica que se debiliten los instrumentos y competencias que se han depositado en el Poder Ejecutivo, específicamente en el Ministerio de Salud, para proteger el derecho constitucional a la salud, porque ello es susceptible de generar un grave daño y riesgo para la salud de la población, en particular, de cada uno de los pacientes a quienes se prescriba el medicamento que se trate”, dice el escrito presentado por los procuradores.
Como es evidente, el problema subsiste después del fallo de los magistrados. El decreto anulado fue parte de un torbellino de iniciativas publicadas al comienzo de la administración. Muchas se vinieron abajo con rapidez por descuidos propios del intento de demostrar movimiento y ejecutividad a toda costa. El caso emblemático fue la “firma”, apenas terminada la ceremonia de juramentación, de un decreto para eliminar la obligación de vacunarse contra la covid-19 cuya redacción todavía no existía. El propósito de agilizar el proceso de inscripción de medicamentos merecía mejor suerte y, para tenerla, debió ser objeto de un tratamiento más cuidadoso.
