Ginebra. La ONU calificó este martes como “profundamente alarmante” el cierre en Nicaragua de 1.500 oenegés, en su mayoría religiosas. Esta es la mayor disolución de entidades sociales ordenada por el gobierno de Daniel Ortega desde las protestas de 2018.
Se trata de una decisión “profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa”, afirmó en un comunicado la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell.
Nicaragua cierra 1.500 oenegés en el mayor golpe a organizaciones desde 2018
“El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, dificulta cada vez más la defensa de los derechos humanos en Nicaragua”, agregó.
Según el Ministerio del Interior, las 1.500 organizaciones sin fines de lucro clausuradas incumplieron sus obligaciones al “no reportar sus estados financieros por periodos de entre 1 y 35 años”.
Entre las entidades cuyos bienes serán confiscados se encuentran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados. También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los ‘contras’ en los años 80.
“Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos”, subrayó la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, endureció las leyes contra las oenegés tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder ininterrumpidamente desde 2007, sostiene que las oenegés y la Iglesia católica apoyaron esas protestas, a las que considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
