El traslado de un experimentado jefe policial del Pacífico central a otra delegación para alejarlo de quienes lo han estado amenazando por WhatsApp es, para Tania Molina, consultora en materias de criminología y seguridad, una señal de la pérdida de respeto a la autoridad, producto de la acelerada espiral de violencia en el país.
Cuanta más violencia, dice la experta, menor respeto hacia la autoridad. La observación encierra una lógica irrebatible: la violencia, y en particular la violencia impune, empodera al crimen organizado al punto de infundirle la confianza requerida para advertir a las autoridades de fatales consecuencias si no se pliegan a sus deseos.
En este caso, se trata de un policía enviado a la zona para asistir en la lucha contra el narcotráfico, pero bien pudo ser un juez, un fiscal o cualquier otra autoridad. A Molina no le extrañaría si ocurriera con mayor frecuencia en tanto no consigamos interrumpir la escalada de violencia alimentada por el narcotráfico.
“Vamos a llegar a ver cosas mucho más dramáticas que una amenaza por WhatsApp”, dijo la experta, porque el fenómeno se desarrolla gradualmente, y llega a crecer de forma exponencial. La afirmación se refiere a los actos de intimidación, porque ya hemos sido testigos del asesinato de policías sin aviso ni explicación.
En enero, el oficial Jordy Rojas, de 28 años, fue asesinado a plena luz del día en San Juan, cantón Central de Limón. Era su día libre y caminaba con su esposa cuando los homicidas los alcanzaron para dispararle. En mayo, Alejandro Vargas Ramírez, miembro de la Fuerza Pública, fue asesinado en el barrio Inmaculada, en Quepos, a la salida de su trabajo.
La urgencia de una reacción decidida salta a la vista cuando se comprende la naturaleza de la ola de delincuencia. “No enfrentamos un fenómeno como el de los chapulines, es decir, el típico muchacho que va y arrebata los aretes a una persona. Estamos hablando de crimen organizado transnacional y redes profundamente violentas”, dice Molina.
El número de policías no es acorde con la criminalidad del momento e incrementarlo es un primer paso indispensable, pero también urge mejorar el equipamiento y el entrenamiento de los oficiales, además de adoptar otras políticas de emplazamiento. Según Molina, uno de los problemas es la asignación de los policías a sus propias comunidades, donde las bandas los conocen, saben su lugar de residencia, quiénes son sus padres y dónde estudian sus hijos.
La interrupción de la espiral de violencia también depende del fin de la impunidad. Para lograrla, además de tener en la calle un número suficiente de policías bien entrenados y equipados es necesario resolver las limitaciones de personal del Ministerio Público y la jurisdicción penal. Hay quejas de lentitud en todas las áreas del derecho, pero en ninguna se producen consecuencias tan graves como en el ámbito penal.
No se justifica la permanencia de cientos de reos en la cárcel sin juicio ni tampoco el retorno a las calles de personas absueltas por deterioro de la prueba, ausencia de testigos y otras falencias directamente atribuibles a los prologados procesos penales. Con el paso del tiempo, hasta las víctimas pierden interés.
La pobreza y la desigualdad, todos lo sabemos, son los factores de fondo, y mientras no los enfrentemos con éxito, habrá campo fértil para la violencia, pero es necesario emprender un programa de acción inmediata para enfrentarla y ganar tiempo. Una lectura correcta de las amenazas e intentos de intimidación contra la Fuerza Pública solo puede llevar a esa conclusión.
