El Octavo Informe Estado de la Educación, publicado en el 2022, elogió los buenos resultados del Programa Nacional de Informática Educativa gestionado por la Fundación Omar Dengo (Pronie-MEP-FOD) en sus más de 30 años de trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Pública (MEP). “Sin el Pronie, que ha formado docentes con competencias digitales, la situación del país sería alarmante”, concluía aquel informe.
No obstante, en abril del 2023, el MEP decidió interrumpir el convenio con la fundación a partir de una débil exposición de motivos, sustentada en evidencia ambigua, pronto refutada por las mismas fuentes de información citadas: un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el propio Estado de la Educación, cuya coordinadora, Isabel Román, más bien recomendó “aprovechar la experiencia acumulada por programas como el Pronie, pues el camino andado puede ayudar a avanzar con mayor celeridad en el cierre de la brecha digital y atender los efectos del apagón educativo”.
La FOD recibía recursos del MEP para ejecutar el programa, pero no se limitaba a la capacitación de docentes. También gestionaba la demanda de computadoras y otros dispositivos necesarios para el desarrollo del modelo pedagógico aprobado por el MEP, la estimación de las necesidades de nuevo equipamiento y la generación de contratos para su adquisición, la sustitución de los equipos obsoletos, su almacenamiento y manejo, la aplicación de las garantías de los equipos, entre otros asuntos logísticos y de gestión. Con esos fines, ejecutó un promedio de ¢20.000 millones anuales desde el 2018, bajo fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) y el propio Ministerio.
En el momento de la ruptura, el MEP no pareció comprender estos asuntos. A cuatro meses de finalizado el convenio con la FOD, ni siquiera había retirado los 50.193 activos nuevos (computadoras, servidores, unidades de almacenamiento, equipos de red y comunicación inalámbrica, entre otros) y 164.814 artículos conexos (accesorios de equipo de cómputo, audífonos, mouse, maletines), valorados en ¢12.485 millones.
No obstante, en junio del 2023, las autoridades educativas incluyeron en el proyecto de presupuesto del 2024 la suma de ¢8.578 millones para adquirir equipo de comunicación por ¢5.341 millones, equipo de cómputo por ¢1.313 millones y pagar otros rubros. El Ministerio debió saber que todo plan de adquisición superior a ¢235 millones se clasifica como licitación mayor, según la resolución R-DC-00132-2022 de la CGR. En consecuencia, las contrataciones con esos recursos tardarían al menos ocho meses en concretarse. Por eso la proveeduría institucional solicitó que la documentación para iniciar los trámites con prioridad 1 (como en este caso) fuera presentada desde diciembre del 2023.
Sin embargo, los recursos no se contemplaron en el plan de adquisiciones ni en el informe de trazabilidad del primer trimestre del 2024 del programa presupuestario encargado de las compras. Por eso no extraña la renuncia, en abril, de la directora de recursos tecnológicos en educación —que había solicitado el presupuesto— por ejecutarlo. Como las contrataciones no se iniciaron en enero, sería imposible llevarlas a buen puerto.
En vista de esos hechos, vale preguntar si el MEP estaba preparado para asumir la formación tecnológica sin el apoyo de una fundación con amplia experiencia en la materia y si contaba con la capacidad para ejecutar los recursos presupuestarios con la misma efectividad que la FOD. ¿Disponía el MEP de suficiente personal para gestionar decenas de miles de dispositivos y entregarlos en todo el país?
Un hecho reciente parece ofrecer las respuestas. Como resultado de la afectación del sistema educativo por la pandemia, el MEP y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) solicitaron, en el 2021, a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) la compra de 78.116 computadoras y 8.696 tabletas valoradas en unos ¢35.000 millones. Los equipos ingresaron al país en marzo del 2022 y fueron entregados en 3.572 centros educativos. Hace pocas semanas, la Sutel alertó que menos de la mitad han sido encendidos y conectados a internet. Lo sabe porque el MEP pidió dotar los dispositivos de software de monitoreo para conocer su ubicación geográfica y configurar controles parentales y de uso, entre otros elementos destinados a medir el aprovechamiento de los equipos.
La ministra Anna Katharina Müller desconfía del señalamiento de la Sutel, pero no ofrece datos sobre el uso de los dispositivos, precisamente porque el MEP no tiene un control adecuado. Si por la víspera se saca el día, el programa de formación tecnológica iniciado este año no cumplirá su limitada expectativa de cubrir menos de la mitad de los centros educativos. Como señaló el Noveno Informe Estado de la Educación, publicado en el 2023, al terminar el convenio con la FOD “el Consejo Superior de Educación puso fin a un enfoque pionero en América Latina y reconocido internacionalmente por la Unesco” lo cual implica “un serio debilitamiento del modelo pedagógico de la informática educativa que se imparte en el país”.
