Dos auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) revelaron que las municipalidades de Corredores y Alajuela pagaron montos excesivos por anualidades y dedicación exclusiva, respectivamente, en contraposición a lo fijado en la ley.
En el ayuntamiento de Corredores, la CGR identificó que se pagaron anualidades de manera improcedente a 138 funcionarios durante tres años, entre enero de 2019 y diciembre de 2022.
El personal devengó una anualidad del 4%, con base en una convención colectiva que actualmente no está vigente, aunque Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fijó límites en diciembre del 2018.
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La reforma fiscal estableció que, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el incentivo por anualidad pasaría a ser un monto nominal fijo e invariable para cada escala salarial.
El monto nominal sería el equivalente a un 1,94% del salario base para las escalas profesionales y un 2,54% para las no profesionales.
Así por ejemplo, si un funcionario municipal profesional tenía un salario base de ¢1.000.000 en el 2018, a partir del 4 de diciembre de ese año, la nueva anualidad sería de ¢19.400 y se mantendría invariable.
El reconocimiento de la anualidad irregular fue permitido por una exfuncionaria que laboró como encargada de Recursos Humanos; sin embargo, la CGR encontró que esta persona ya había sido despedida.
“Dicha situación tuvo como consecuencia una afectación de la Hacienda Pública por el reconocimiento de alrededor de ¢67 millones pagados de más a 138 personas funcionarias por concepto de anualidad, situación que menoscaba el control interno, afecta la buena imagen institucional y representa recursos públicos que podrían estar destinándose a atender las múltiples necesidades locales del cantón”, indicó la auditoría.
Además, las anualidades de los períodos 2019 y 2020 fueron reconocidas sin que se realizara la evaluación del desempeño. Según la reforma fiscal del 2018, el resultado de la evaluación anual es el parámetro para otorgar la anualidad de cada funcionario.
“Esto representa no solo un incumplimiento del marco jurídico, sino que es una práctica riesgosa, por cuanto reconocer anualidades sin contar de previo con la evaluación de desempeño, implica que se podría estar reconociendo dicho incentivo económico a un servidor público, cuya calificación de desempeño posterior esté por debajo del parámetro mínimo exigido y, por tanto, no tiene derecho a ella”, expresó la CGR.
La Municipalidad estableció un arreglo de pago con al menos un 50% de los funcionarios que se vieron beneficiados con el sobrepago de las anualidades y ha recuperado alrededor de ¢13 millones, quedando pendiente la recuperación de al menos ¢54 millones.
Según detalla el informe, la Administración Municipal no ha logrado llegar a un acuerdo con el resto de funcionarios.
Yeison Hay Villalobos, alcalde de Corredores, aseguró que el ayuntamiento fue notificado por la CGR, por lo que ahora busca ejecutar las recomendaciones del órgano fiscalizador para remediar los hechos sucedidos durante la pasada administración.
“Sin duda alguna, se debe asumir con total responsabilidad y se procederá a realizar las acciones correspondientes de forma inmediata, en atención a las disposiciones señaladas dentro de dicho informe”, afirmó el jerarca.
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Por su parte, un informe de auditoría sobre la Municipalidad de Alajuela determinó que esta institución pagó a siete funcionarios, que no cuentan con una plaza profesional, un porcentaje excesivo de dedicación exclusiva, debido a que sus contratos no fueron ajustados tras la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018.
Según la ley, las entidades públicas solo pueden pagar un 25% a funcionarios con licenciatura y un 10% a aquellos con bachillerato. Sin embargo, el ayuntamiento otorgó un 55% a los licenciados y un 20% a los bachilleres, basándose en un reglamento interno.
Estos siete trabajadores habían ejercido temporalmente puestos con dedicación exclusiva, en algunos casos por días o meses. Cuando la nueva ley entró en vigor, no se encontraban en puestos que justificaran recibir el beneficio, ni tenían contratos vigentes en ese momento.
Un trabajador identificado como “funcionario 4″ fue nombrado en el 2008 de forma temporal en una plaza con dedicación exclusiva. Solo cubrió el cargo tres meses. Sin embargo, en el 2020, cuando volvió a ocupar un puesto que reconocía este beneficio, la Municipalidad le otorgó un porcentaje que supera lo permitido por la regla fiscal.
Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, explicó que el informe sirve para mejorar los casos detectados por la Contraloría. El jerarca no descartó solicitar a los funcionarios la devolución de los montos pagados en exceso y reconoció que, “dichosamente”, se trató solo de siete casos en una planilla de alrededor de 700 personas.
“Vamos a cumplir estrictamente con lo que se establece en el informe y eventualmente, si hay que solicitar una devolución de recursos públicos, se hará inmediatamente.
“Nosotros vemos estos informes como una posibilidad de mejora y con mucho respeto hacia la Contraloría. Eso nos permite ser más eficientes no solo en la aplicación de la ley, que me tocó tramitar y votar en el Congreso, sino en el uso y manejo de los recursos. Se están girando todas las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones”, aseveró Thompson.
Además, el alcalde mencionó que el error corresponde a una interpretación realizada por la anterior administración, la cual no ajustó los porcentajes a lo permitido por la ley.
