El alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, no consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el salario que debería recibir en su cargo, pese a que el Concejo Municipal capitalino se lo ordenó desde el 4 de junio del 2024. La orden de los ediles surgió luego de que la Contraloría General de la República (CGR) alertó que el sueldo autorizado sobrepasaba lo que dicta la ley.
Ante una consulta de La Nación, este martes 13 de agosto, la PGR confirmó que no recibió ninguna consulta de parte de la Municipalidad de San José, ni de Miranda, respecto al salario del jerarca.
El artículo 17 del Código Municipal establece que el alcalde tiene la obligación de vigilar el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, como el tomado por los regidores.
El pasado 29 de mayo, el Concejo Municipal de San José aprobó un incremento de ¢175.000 para la remuneración de Diego Miranda y de su vicealcaldesa, Yariela Quirós, quienes habrían pasado a recibir ¢5.740.000 mensuales. Sin embargo, el 4 de junio, ante la alerta de la Contraloría, los regidores instaron al alcalde a congelar el aumento.
En esa misma moción, los ediles instruyeron al gobernante local para que, en el plazo de cinco días hábiles, consultara el criterio de la CGR y la PGR.
Miranda sí solicitó criterio al órgano contralor; no obstante, esta petición también enfrentó problemas. La Contraloría determinó que la consulta del alcalde no cumplía con los requisitos para ser analizada, ya que no se planteó de forma genérica, sino con base en su caso concreto.
Rechazada consulta de alcalde Diego Miranda sobre su salario
Anteriormente, La Nación confirmó que, desde el 30 de mayo, Miranda solicitó al Departamento de Talento Humano del ayuntamiento suspender su aumento salarial. Además, este medio constató que, hasta el 19 de junio, la remuneración del gobernante se encontraba congelada.
El 6 de agosto, con el objetivo de confirmar que el salario del alcalde continúa suspendido, se le solicitó a la Municipalidad de San José una constancia salarial. Sin embargo, hasta el 14 de agosto no se había recibido respuesta.
El ayuntamiento tampoco contestó cuando se le solicitó que, en caso de existir, compartieran el oficio o documento mediante el cual Miranda consultó a la Procuraduría. La Nación intentó contactar al alcalde para conocer su criterio, pero no hubo respuesta.
El salario aprobado por el Concejo Municipal para el alcalde Miranda y la vicealcaldesa Quirós sobrepasa el límite fijado por la Ley Marco de Empleo Público.
Dicha legislación establece que ninguna remuneración pública puede superar el salario global fijado para el presidente de la República, cuyo monto se estableció en ¢5.565.000 el 10 de marzo del 2023, mediante un acuerdo tomado por la Autoridad Presupuestaria.
La modificación presupuestaria realizada por el Concejo no solo había elevado el salario de los gobernantes actuales, sino que también implicaba ajustes retroactivos para el exjerarca Johnny Araya y la ex vicealcaldesa Paula Vargas por los cuatro meses que ejercieron en el 2024.
La moción aprobada por el Concejo Municipal, para solicitarle a Miranda la suspensión de su salario, contó con el apoyo de los regidores Brandon Guadamuz y David Contreras, del Frente Amplio (FA), Juan Diego Gómez, de Más San José; Álvaro Salas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Yorleny Córdoba, de Progreso Social Democrático (PPSD); José Manuel Jiménez, del Liberal Progresista (PLP), y Mariana Zúñiga, Rafael González y Andrea Rudín, del oficialista partido Juntos San José.
10 alcaldes ganan más de ¢5 millones gracias a peculiar ley
Alcalde Diego Miranda y auditor municipal entran en conflicto
