En dos años y tres meses de gestión, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y su equipo han incurrido públicamente en al menos 52 afirmaciones falsas, las cuales han sido desmentidas por tribunales, otras instituciones públicas, la prensa y organizaciones privadas.
Dos años después de que Chaves pronunció el discurso de los primeros 100 días de gestión, La Nación hizo un recuento de las faltas a la verdad vertidas en conferencias de prensa y eventos públicos.
De los 52 casos, 28 corresponden al mandatario. Le siguen, con cuatro faltas a la verdad cada uno, los ministros Laura Fernández, de Presidencia; y Gerald Campos, de Justicia, así como la presidenta de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel; y el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.
¿Qué afirmó el gobierno? El 8 de mayo del 2022, pocos minutos después de ser juramentado como presidente de la República, Rodrigo Chaves participó en la firma de un decreto que eliminaba la obligación de vacunarse contra la covid-19 y removía la potestad de despedir a los funcionarios y trabajadores que no querían inocularse contra ese virus.
La realidad. En uno de ’Los audios de Presidencia’, dados a conocer por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, se reveló que el decreto no estaba redactado en el momento de la firma pública. Los documentos aún se discutían el 10 de mayo, cuando Chaves y su equipo debatían qué decretar sobre la vacunación obligatoria. A la prensa se le facilitó el documento hasta el 11 de mayo, a las 6:02 a. m.
¿Qué afirmó el gobierno? El 15 de noviembre del 2023, el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, afirmaron erróneamente que poseer un arma automática de guerra en Costa Rica es solo una contravención que se sanciona con una multa. Chaves incluso comparó la posesión de una AK47 con andar borracho y hacer escándalo en público.
La realidad. El artículo 89 de la Ley de Armas y Explosivos establece que poseer un arma de guerra es un delito castigado con una pena de cuatro a ocho años de prisión. Dos días después, Zamora admitió que se equivocó y alegó que tuvo una confusión a nivel normativo. Presidencia atribuyó el error a la confusión del ministro Zamora.
¿Qué afirmó el gobierno? El 17 de enero del 2024, Rodrigo Chaves afirmó que la reunión que consiguió en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) un sospechoso de narcotráfico y lavado de dinero del Caso Corona, de nombre Francisco Montes Fonseca, ocurrió en la administración pasada.
La realidad. La reunión ocurrió el 25 de mayo del 2023, cuando este gobierno ya tenía un año de gestión. Montes consiguió la cita a través de Braulio Venegas, a quien Chaves nombró como presidente de Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop). En el momento del encuentro, Venegas era miembro del Consejo Administrativo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
¿Qué afirmó el gobierno? El 24 de mayo del 2023, el presidente Chaves frenó el uso de un terreno comprado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para construir el nuevo hospital de Cartago, leyendo las conclusiones de dos informes técnicos en los que se indicaba que la propiedad no era apta.
La realidad. Los criterios leídos por el mandatario se referían a otro terreno, ubicado en El Fierro de Cartago, el cual había sido descartado desde hacía 15 años, en el 2008, según confirmó la propia CCSS. La propiedad realmente seleccionada se ubica en El Guarco y fue adquirida en el 2011.
¿Qué afirmó el gobierno? El 25 de junio del 2024, Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad Caribe, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), negó que la Sala IV les hubiese ordenado delimitar el área del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, con el fin de incluir 188 hectáreas boscosas dentro de esa zona protegida.
La realidad. Un día después, la Sala Constitucional corrigió a Mora al reafirmar que, en la sentencia 12745-2019, del 10 de julio del 2019, ordenó al Sinac delimitar la zona, al declarar inconstitucional una ley del 2014 que desafectó esas 188 hectáreas.
¿Qué afirmó el gobierno? El 12 de julio del 2024, el presidente Chaves afirmó que construir cárceles de carpas era viable. Adujo que había visto criterios técnicos según los cuales el plan era “completamente factible”, por lo que su gobierno no dará marcha atrás con ese plan.
La realidad. El 22 de julio, diez días después, el Ministerio de Justicia admitió que “aún no se han emitido estudios técnicos de ningún tipo” que avalen la viabilidad del plan. El exviceministro Exleine Sánchez cuestionó la idea y la consideró como una “ocurrencia”, mientras que el director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching, advirtió de que el planteamiento “no reúne las condiciones mínimas de seguridad y contención para albergar población privada de libertad”.
Ministro de Justicia visitó en España a empresa que llegó a ofrecer carpas en su despacho
¿Qué afirmó el gobierno? El 19 de enero del 2023, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, denunció un supuesto “megacaso” de evasión fiscal en contra de la sociedad Beta Matrix S. A., del empresario Leonel Baruch Goldberg, presidente de las juntas directivas de CRHoy y Banco BCT. Para justificar la denuncia, dijo contar con un informe técnico, el cual había remitido al Ministerio Público. Así lo sostuvo ante los diputados, 12 días después.
La realidad. El 29 de noviembre del 2023, Acosta informó a la Sala IV de que no existió un informe técnico sobre esa presunta evasión fiscal de ¢11.000 millones. El jerarca admitió que el único documento utilizado fue un oficio de octubre del 2022 que los magistrados constitucionales y la Fiscalía estimaron carente de los elementos necesarios para ser considerado un informe técnico. De previo, el 28 de junio de ese año, Acosta dijo, ante los diputados, que la denuncia partió de un video TikTok.
Nogui Acosta aseguró existencia de informe técnico sobre ‘megacaso’ que no aparece
¿Qué afirmó el gobierno? El 10 de julio del 2024, durante una conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, se acercó al podio y fingió firmar la ley que declaró el 30 de julio como Día del Voto Femenino.
La realidad. Un video difundido por Casa Presidencial mostró que el lapicero nunca tocó el papel y que la firma de la ministra no fue estampada en el documento oficial. Un día después, un comunicado prensa, Zapote alegó que existía otro documento en el que sí están todas las firmas de los ministros competentes, incluida la de Fernández.
¿Qué afirmó el gobierno? El 11 de enero del 2024, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, informó a la junta directiva de esa entidad de que estaba realizando gestiones con la embajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles, para traer expertos de California en fallas sísmicas a evaluar el terreno que se compró para construir el nuevo hospital de Cartago.
La realidad. Siete días después, a través de un correo electrónico enviado a La Nación, la embajada estadounidense negó que realizara “en este momento” coordinaciones para traer geólogos estadounidenses para inspeccionar la propiedad ubicada en El Guarco.
¿Qué afirmó el gobierno? El 15 de noviembre del 2023, el mandatario Chaves afirmó que Intel estaba evaluando su permanencia en Costa Rica, luego de que la Sala IV se trajo abajo el proyecto de ley de jornadas laborales 4/3, conocido como jornadas acumulativas.
La realidad. Tres días después, tras una consulta de este diario, Intel negó la información y más bien confirmó su compromiso con el país y anunció una inversión de $1.200 millones para actualizar infraestructura, talento y nuevas tecnologías en los próximos dos años.
¿Qué afirmó el gobierno? En un oficio enviado a Sigifredo Pérez, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el 3 de julio del 2023, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, consignó que la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste, presentaba daños “imperceptibles” tras la tormenta tropical Bonnie de julio del 2022. Bajo ese argumento, justificó la inclusión extemporánea del aeródromo en un decreto de emergencia emitido casi un año antes, lo que permitió contratar la reparación a la constructora MECO, por ¢21.800 millones, mediante un aparente concurso hecho a la medida en la CNE.
La realidad. El 27 de mayo del 2024, ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, Silvia Jiménez, jefa de aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), presentó un informe detallado sobre las inspecciones realizadas antes, durante y después de la tormenta tropical y negó que el aeropuerto liberiano hubiese sufrido daños por el impacto de Bonnie. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) también refutó que los daños en la pista tuvieran relación con esa tormenta
Subdirector de Aviación Civil: ‘No había un daño exagerado de la pista’ tras paso de Bonnie
¿Qué afirmó el gobierno? El 28 de octubre del 2022, cuando Dekra asumió el servicio de la revisión técnica vehicular, algunos conductores se mostraron molestos porque les cobraron por la reinspección la misma tarifa que la inspección. Ese día, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, alegó que, “aunque Dekra había ofrecido una tarifa de ¢0 por la reinspección, eso no fue posible porque Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) no lo permitió”.
La realidad. Tres días antes de que Dekra comenzara operaciones, el 25 de octubre del 2022, Amador y el presidente Rodrigo Chaves firmaron un decreto que determinó que los vehículos que presenten más de una falla grave o peligrosa deben volver a someterse a la inspección técnica completa y, por ende, pagar el monto total de esa revisión.
Además, desde el 7 de octubre de ese año, Amador conocía que Dekra no realizaría gratuitamente la reinspección por una sola falta, pues no le era rentable. Edward Araya, intendente de Transportes, también confirmó, el 18 de marzo del 2024, que Amador ya estaba al tanto de esta situación.
¿Qué afirmó el gobierno? El domingo 22 de mayo del 2022, el presidente Chaves criticó al gobierno saliente de Carlos Alvarado por dejar al país sin reservas internacionales. Adujo que la administración anterior le dejó “poco” espacio para atenuar el tipo de cambio y que eso incide en el precio de la gasolina y el diésel. Aseguró, además, que en el periodo anterior se usaron “$2.300 millones de reservas para sostener artificialmente el tipo de cambio”.
La realidad. Un día después, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) salió a contradecir Chaves, al aclarar que el país sí tenía “suficientes reservas” de dólares. Además, expuso que en la pandemia, desde febrero del 2020 hasta mayo del 2022, el saldo de las reservas se redujo en $1.263 millones, y no en $2.300 millones. También, indicó que las reservas de ese momento cubrían 4,5 meses de importaciones, refutando la idea de que eran “insuficientes para intervenir en el tipo de cambio y los precios de los combustibles”.
¿Qué afirmó el gobierno? En setiembre del 2023, el mandatario Rodrigo Chaves se opuso a un aumento salarial en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), bajo el argumento de que era ilegal, ya que la CCSS está sometida a la regla fiscal y esta impide conceder incrementos salariales mientras la deuda pública supere el 60% del PIB.
La realidad. En una nota fechada el 26 de setiembre del 2022, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, le explicó a la presidenta ejecutiva de esa entidad, Marta Esquivel, que el presupuesto de la CCSS está exento de la regla fiscal.
¿Qué afirmó el gobierno? El 1.° de junio del 2022, el Consejo de Gobierno separó a tres directivas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) porque supuestamente fueron nombradas de manera ilegal, sin cumplir con los requisitos para el cargo, durante el periodo de Carlos Alvarado. Se trata de Sandra Rojas Araya, María Elena Feoli Peña y Carla Murillo Solano, cuyos designaciones datan del 2019. Ese día, el Poder Ejecutivo también denunció los hechos ante el Ministerio Público.
La realidad. El 24 de mayo del 2024, tras una investigación, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción concluyó que “no se vislumbra ningún hecho controversial o doloso” en la ejecución de dichos nombramientos y solicitó el sobreseimiento de la causa penal tramitada en el expediente 23-000139-1218-PE contra el ahora expresidente Carlos Alvarado y otras ocho personas.
ICE declara confidencial informe usado para destituir a tres directivas
¿Qué afirmó el gobierno? El 4 de octubre del 2022, el presidente Rodrigo Chaves destituyó al viceministro de Seguridad, Randall Vega, por “pérdida de confianza”. Le achacó permitir un proceso licitatorio para la compra de vehículos que parecía estar diseñado para favorecer a una empresa específica.
La realidad. El Ministerio de Seguridad abrió un proceso administrativo para investigar a Vega y concluyó, en marzo del 2023, que no había pruebas de favorecimiento y exoneró al ahora exviceministro de toda responsabilidad disciplinaria.
¿Qué afirmó el gobierno? El presidente Rodrigo Chaves afirmó, el 10 de julio anterior, que el Poder Judicial no había atendido el caso de agresión a una colegiala de San Carlos hasta que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presentó una denuncia el 3 de julio.
La realidad. Ese mismo día, el Ministerio Público desmintió al mandatario mediante un comunicado de prensa, aclarando que la causa penal se abrió desde el 27 de junio, el mismo día del ataque. Precisó que el expediente no se inició con un aviso del PANI, sino cuando la víctima presentó su denuncia sin el acompañamiento del Patronato.
¿Qué afirmó el gobierno? El 3 de julio del 2024, el presidente Chaves, en compañía de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo que el gobierno presentó un recurso de amparo ante la Sala IV, porque la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial no remitió información sobre las contribuciones de los beneficiarios de este régimen y el monto de sus pensiones, “para demostrar si una pensión es justa o injusta”
Además, cuestionaron un supuesto fallo de los magistrados. Chaves dijo que el Tribunal podría incurrir en un conflicto de interés por la aparente resolución sobre el tema, mientras que la ministra Fernández tildó de “rara” la respuesta de la Sala IV, ya que, según su relato, no giró una orden directa para entregar la información solicitada por el gobierno.
La realidad. Ese mismo día, la Sala Constitucional, en una nota de prensa, negó que el Poder Ejecutivo hubiese presentado un recurso de amparo para obtener dicha información y, mucho menos, que se hubiese emitido una resolución sobre esa supuesta solicitud en específico.
El amparo en realidad lo interpuso una actuaria matemática de apellido Arias, quien fue contratada con recursos del BCIE y, que en el momento en que acudió a los magistrados, no trabajaba con fondos de ese banco. Ese recurso tampoco se había resuelto cuando Fernández y Chaves cuestionaron la inexistente resolución. El 5 de julio, la Sala IV declaró que el Fondo lesionó el derecho a la información de la actuaria al no entregar los datos de forma correcta.
¿Qué afirmó el gobierno? El 16 de abril del 2024, el presidente Rodrigo Chaves dijo que la Contraloría General de la República (CGR) emitió un criterio, con una “interpretación arbitraria y absurda”, que impedía la construcción de una marina y una terminal de cruceros en el Caribe. Alegó que dicho órgano fiscalizador objetó la utilización de un Reglamento de Alianzas Estratégicas de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para el desarrollo de las obras.
La realidad. La CGR aclaró ese mismo día que, hasta ese momento, no había emitido ningún criterio ni producto de fiscalización sobre el proyecto mencionado. Incluso, la presidenta ejecutiva de Japdeva, Sucy Wing Ching, en el oficio PEL-Q780-2023, del 13 de noviembre del 2023, negó que existiera un criterio del ente contralor.
Por el contrario, aclaró que el gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría, Rafael Picado López, solo envió un “recordatorio” sobre la obligación de cumplir la ley en todo el proceso, lo que no implicaba una anulación del reglamento ni una orden específica.
Oficio de Japdeva desmiente acusación de Rodrigo Chaves a Contraloría
¿Qué afirmó el gobierno? El 7 de noviembre del 2023, durante el anuncio de la denominada “Ruta de la Salud”, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anunció un plan para combatir las listas de espera e informó que el Comité de Inversiones de la entidad aprobó una provisión de ¢200.000 millones para la atención de esa problemática.
La realidad. La Junta Directiva de la CCSS nunca aprobó la propuesta para abordar esa situación. Aunque la cúpula conoció el planteamiento, no tomó acuerdos sobre la compra de servicios a terceros, el copago en hospitales privados ni la provisión de ¢200.000 millones anunciada por Esquivel en el Estadio Nacional. Incluso, el pasado 13 de junio, la propia Esquivel reconoció el fracaso. “No avanzamos, no avanzamos, no avanzamos y la gente se está muriendo. Y la crítica es evidente y lógica. No tenemos capacidad, o si la tenemos, lo hacemos mal. (...)”, manifestó en la sesión ordinaria de Junta Directiva.
¿Qué afirmó el gobierno? El 29 de junio anterior, un día antes de la Marcha de la Diversidad, el presidente Rodrigo Chaves anuló la declaratoria de interés cultural del evento. La Casa Presidencial alegó que “no se habían solicitado, tramitado ni recibido los permisos requeridos, según la normativa para efectuar la marcha”.
La realidad. Un acta de Casa Presidencial confirmó que, el 13 de junio, los organizadores se reunieron con representantes de ocho instituciones públicas para coordinar la logística y los permisos. Además, Giovanni Delgado, uno de los organizadores de la actividad, afirmó que Zapote mintió al decir que la marcha LGBTI no tenía los permisos necesarios y mostró los documentos.
Documento confirma reunión de 8 instituciones de gobierno con organización de marcha LGBTIQ+
¿Qué afirmó el gobierno? La Casa Presidencial negó haber emitido una directriz a sus jerarcas para que suspendieran “toda publicidad” estatal en La Nación, Canal 7, CRHoy y no dieran entrevistas a los programas radiales Nuestra Voz y Hablando Claro, de las periodistas Amelia Rueda y Vilma Ibarra, respectivamente. Zapote no confirmó la autenticidad de unas capturas de pantalla de la directriz girada el 8 de julio del 2022 a ministros y presidentes ejecutivos, mediante un chat de WhatsApp. Ocultaron esa orden incluso, cuando la periodista Ibarra presentó un recurso de amparo ante la Sala IV.
La realidad. Uno de “Los audios de la Presidencia” grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, reveló que la directriz sí existió y que altos funcionarios de Casa Presidencial idearon un plan para ocultar esa orden girada por Chaves.
Vilma Ibarra: Confidencialidad de auditoría buscaba sostener ‘mentira’ del presidente
¿Qué afirmó el gobierno? A mediados de julio pasado, la Casa Presidencial reconoció a La Nación que la Unidad Especial de Intervención (UEI) entrenaba en una finca, propiedad de la familia de Allan Pacheco Dent, empresario detenido por presuntos permisos ilegales de tala de árboles en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, pero afirmó que varios cuerpos policiales como la Fuerza Pública también la utilizan.
La realidad. Mario Zamora, ministro de Seguridad, contradijo la afirmación de Zapote y negó que la Fuerza Pública hubiese utilizado la finca V Entertainment en San José de la Montaña, en Barva de Heredia, para entrenamientos. Aclaró que ni Fuerza Pública ni el Ministerio de Seguridad tienen convenio o alguna relación con ese lugar.
¿Qué afirmó el gobierno? A principios de agosto del 2022, transcendió un informe del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en el que se enumeraba una serie de supuestas anomalías en los permisos de operación otorgados a Parque Viva, ubicado en la Guácima (Alajuela), y cuyo propietario es Grupo Nación.
La realidad. La Municipalidad de Alajuela desmintió las presuntas anomalías y aclaró que el uso de suelo de la finca 2-198873 siempre se ha mantenido en zona verde, conforme al Plan Regulador Urbano. Además, indicó que el proyecto cumplió con el requisito de presentar un estudio de impacto vial, aprobado por la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT, mediante la resolución N.° DGIT-ED-5935-2014.
¿Qué afirmó el gobierno? El 25 de enero del 2023, la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, dijo en relación con las miles de mamografías pendientes: “Hemos logrado llegar a una lista de cero, lo que nunca en la vida habíamos visto en la Caja. Esto es algo para celebrar”.
La realidad. En realidad, la meta no se cumplió. La Asociación de Servicios Médicos para el Bien Social (Asembis), encargada de la tarea, no revisó ni entregó los resultados de 15.000 pacientes antes del vencimiento del contrato, previsto para el 27 de enero. Rebeca Villalobos, presidenta ejecutiva de Asembis, admitió que no podrían cumplir la meta y solicitó una extensión del plazo hasta el 31 de marzo, según el oficio PE-09-23, dirigido a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS.
¿Qué afirmó el gobierno? En junio pasado, el canciller Arnoldo André dijo que, en los ríos del país, existe una sobrepoblación de cocodrilos y cuestionó la prohibición absoluta de la cacería de animales silvestres en Costa Rica.
La realidad. Un informe del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) calificó de mito la creencia de que en Costa Rica existe una sobrepoblación de cocodrilos. La institución afirmó que no hay registros que sustenten un supuesto exceso de estos reptiles. Los números muestran una recuperación de la especie.
¿Qué afirmó el gobierno? El miércoles 14 de febrero del 2024, en su tradicional conferencia de prensa, el presidente Chaves cuestionó la decisión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa de archivar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre prisión preventiva.
La realidad. Inmediatamente, la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, corrigió a Chaves. Ella le aclaró que se había consensuado un texto sustitutivo en una mesa de trabajo con representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Este texto establecería criterios para la prisión preventiva sin necesidad de presentar un nuevo proyecto. Explicó que el proyecto del Ejecutivo no fue archivado en su totalidad, sino que se incorporaría a la propuesta de los diputados en la Asamblea Legislativa.
¿Qué afirmó el gobierno? El 25 de enero del 2023, el mandatario Rodrigo Chaves criticó a la fiscala adjunta Criss González por haber solicitado la desestimación de una denuncia anónima sobre el supuesto “megacaso” de evasión fiscal, en el que figuraban el banco BCT y su socio y fundador, Leonel Baruch Goldberg. Chaves alegó que González debió inhibirse porque había sido subalterna de Baruch.
La realidad. El Tribunal de la Inspección Judicial no encontró actuación anómala ni conflicto de intereses en la actuación de Criss González. En la resolución 2023-001072, el Tribunal archivó el expediente al no encontrar falta disciplinaria.
¿Qué afirmó el gobierno? En enero del 2023, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, le exigió la renuncia a su viceministra, Laura Ulloa, por solicitar bloquear una cuenta de correo electrónico anónima desde la cual llegaban, con copia a Amador, mensajes con insultos y contenido soez. Amador adujo que ella estaba “obstruyendo evidencias” y la denunció ante la Fiscalía.
La realidad. El 20 de junio de ese año, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José desestimó la denuncia de Amador, por falta de pruebas para imputar responsabilidades. El Ministerio Público señaló que no había elementos que sirvieran para imputar responsabilidades. La jueza penal, Laura Lara, concluyó que correspondía dictar la desestimación del caso.
¿Qué afirmó el gobierno? El 20 de marzo del 2024, en conferencia de prensa, Rodrigo Chaves dijo que el Poder Judicial había emitido la orden de detención de nueve personas que cerraban el paso vial en Hatillo en protesta por la falta de agua.
La realidad. Dos días después, el 22 de marzo, Álvaro Montoya, fiscal adjunto del Primer Circuito Judicial de San José, desmintió al presidente. Aclaró que solo autorizó que, en caso de aprehensión, los implicados fueran presentados a la Fiscalía de Flagrancia, pero que nunca emitió una orden de detención. Enfatizó además, que la Policía no necesita una orden judicial para estos casos.
¿Qué afirmó el gobierno? El presidente Chaves aseguró, durante una conferencia de prensa el 7 de febrero del 2023, que el sospechoso de un fallido asalto en un autobús de la ruta San Isidro de Heredia-San José, en el que murió una pasajera, gozaba de un beneficio carcelario y estaba libre con tobillera electrónica.
La realidad. Horas antes de las declaraciones del mandatario, el Ministerio de Justicia negó que el hombre portara algún sistema de vigilancia electrónica. Sí confirmó que estuvo recluido hasta noviembre del 2017.
¿Qué afirmó el gobierno? El 3 de agosto del 2022, el presidente Rodrigo Chaves y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, afirmaron que los nombramientos de dos de los siete representantes de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) estaban vencidos y, en consecuencia, cualquier acto de ese órgano posterior al vencimiento era ilegal. Bajo esa lógica, adujeron, no tenía validez al acuerdo para declarar obligatoria la vacuna contra la covid-19 para el personal de salud, de febrero del 2021, y para todos los funcionarios públicos, de setiembre del mismo año.
La realidad. Criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) contradijeron la afirmación del mandatario. Con base en jurisprudencia de la Sala IV, el abogado del Estado reiteró que “los actos de un órgano colegiado no son inválidos únicamente porque alguno de sus integrantes sea un funcionario de hecho, es decir, sin investidura válida”.
¿Qué afirmó el gobierno? En febrero del 2024, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, afirmó que trabajar con la Fundación MarViva se había vuelto complicado por conflictos legales sin resolver que tenía esa organización. En específico, hablo de una demanda en Estados Unidos y un recurso de amparo en la Sala Constitucional.
La realidad. Katherine Arroyo, directora ejecutiva de MarViva, desmintió a Tattenbach y aclaró que el recurso de amparo ya había sido resuelto y que no lideran ninguna demanda internacional, sino que suscribieron una denuncia de Marine Watch International presentada ante una agencia estatal estadounidense.
¿Qué afirmó el gobierno? El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) publicó el 28 de abril del 2023, en el diario oficial La Gaceta, el acuerdo AJDIP/057-2023, que aumentó de 34 a 234 la cifra de representantes de la flora y fauna que podrían ser explotados por los seres humanos. El Instituto afirmó que el listado fue elaborado por sus biólogos y, posteriormente, fue sometido a consulta de entidades como el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), la Universidad de Costa Rica (UCR), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).
La realidad. La UCR, la UNA, el Minae y el Sinac negaron haber sido consultados sobre el nuevo listado en que se incluyeron especies como iguanas, tortugas y corales. No se les consultó a pesar de que así lo establece el Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.
¿Qué afirmó el gobierno? El presidente Rodrigo Chaves afirmó el 17 de mayo del 2023 que el terreno en El Guarco, donde se pretende construir el nuevo Hospital de Cartago, fue uno de los más caros entre las opciones disponibles.
La realidad. Según informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se recibieron 11 ofertas, que oscilaban entre los ¢2.037 millones y los ¢8.800 millones, y la adjudicada fue de ¢2.720 millones. No obstante, el precio final pagado fue de ¢1.595 millones, tras un avalúo de la Dirección General de Tributación Directa.
¿Qué afirmó el gobierno? El 7 de febrero del 2024, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, afirmó que una sentencia de la Sala Constitucional le ordenó hacer una “compra masiva” de computadoras para los privados de libertad.
La realidad. Ese mismo día, ese Tribunal desmintió a Campos y aclaró que la resolución solo ordenó proporcionar medios para que los reclusos consulten electrónicamente sus expedientes.
¿Qué afirmó el gobierno? El 11 de octubre del 2023, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos; y el mandatario Rodrigo Chaves afirmaron que una resolución de la Sala IV les impedía despedir a un policía penitenciario acusado de introducir marihuana en una cárcel.
La realidad. Horas después, la Sala aclaró que no existía tal medida cautelar y que el Estado podía destituir a funcionarios que cometieran faltas.
¿Qué afirmó el gobierno? El 26 de junio del 2024, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, aseguró que la Contraloría General de la República (CGR) interpretó la Ley General de Contratación Pública de manera “diferente” para permitirle al Poder Judicial adquirir unos terrenos destinados a la construcción de un edificio propio para la Sala Constitucional, mientras que a ellos les negó usar el mismo artículo para adjudicar Ciudad Gobierno al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La realidad. Ese mismo día, el Poder Judicial aclaró que la compra de esos terrenos se realizó a través del Fideicomiso Inmobiliario con el Banco de Costa Rica, no por un “proceso de excepción”, como dijo Fernández, quien afirmó que la CGR habría permitido esta compra bajo el artículo 67 de ley de Contratación Pública.
Contraloría advierte de ilegalidad en plan para construir Ciudad Gobierno
¿Qué afirmó el gobierno? El 2 de mayo anterior, el presidente Chaves afirmó, durante su segundo discurso de rendición de cuentas, que “con la Operación Soberanía, instalamos el año pasado nuevos sistemas de escáneres, para impedir la exportación de drogas a los narcotraficantes”.
La realidad. En el país, solo operan tres escáneres, los cuales se ubican en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en Limón, y fueron instalados por APM Terminals, como parte del contrato de concesión firmado años atrás. El gobierno intentó realizar la compra de nuevos escáneres a través de Racsa e, incluso, firmó un decreto con ese fin, en noviembre del 2022. Sin embargo, la Contraloría le advirtió de que no podía encomendar esa labor a Racsa a dedo, sin concurso, sino que debía cumplir con la Ley General de Contratación Pública.
Frases del discurso de Rodrigo Chaves que faltan a la verdad u omiten datos relevantes
¿Qué afirmó el gobierno? El sábado 17 de setiembre del 2022, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, afirmó que ese día se vio en la necesidad de abrir el paso por la ruta 1 (Interamericana Norte), a pesar de los derrumbes registrados, porque, entre otras razones, le pidieron a la concesionaria Ruta 27 suspender el cobro de peajes de esa vía y esta no accedió.
La realidad. La concesionaria Ruta 27 desmintió que Amador hubiese ordenado la suspensión el sábado, día en que ocurrió la tragedia en Cambronero. La empresa aseguró a La Nación que la “única solicitud formal” para aplicar dicha medida la recibieron el domingo 18 de setiembre por la noche, un día después del accidente que dejó nueve fallecidos y 38 heridos.
¿Qué afirmó el gobierno? El 7 de noviembre del 2023, la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, anunció una consultoría con el Banco Mundial para evaluar seguros de Salud y Pensiones. Ese día, ella firmó con Priscilla Zamora, entonces viceministra de Ingresos, el convenio a través del cual el Ministerio de Hacienda se comprometía a dar los ¢2.100 millones para esa consultoría.
La realidad. Tres meses después, el 8 de febrero del 2024, en una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, Esquivel reconoció que la consultoría no existe y nunca existió. Para ese momento, ni siquiera había pasado por análisis de la Junta Directiva de la Caja.
¿Qué afirmó el gobierno? El 29 de junio del 2022, el presidente Rodrigo Chaves afirmó que el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) negoció el acuerdo de rotación de la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
La realidad. El acuerdo fue alcanzado en el 2017, durante la administración de Luis Guillermo Solís. Este acuerdo establece que la secretaría del SICA rota entre candidatos propuestos por los países miembros en plazos determinados.
¿Qué afirmó el gobierno? El 9 de mayo pasado, la diputada oficialista Pilar Cisneros dijo en el noticiero Interferencia, de Radios UCR, que el distrito de Hatillo, en San José, consume el doble de agua que el resto de Costa Rica.
La realidad. Según información proporcionada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) al medio de verificación Doble Check, el consumo mensual promedio de cada medidor en Hatillo es menor que el promedio de San José y de las otras regiones abastecidas por la institución.
¿Qué afirmó el gobierno? El domingo 3 de marzo del 2024, en el programa Estado Nacional de canal 7, Yorleny León, presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aseguró que el gobierno recortó 110.000 becas del programa Avancemos porque el número fijado por la administración de Carlos Alvarado era irresponsable.
La realidad. Elian Villegas, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Alvarado, desmintió a León y aclaró que la meta de 384.000 becas establecida por la administración pasada estaba alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y no fue un objetivo irrealista. Para sostener esa aseveración, detalló que esa meta sí se cumplió en su totalidad en el 2022 y en los otros tres años de esa administración.
¿Qué afirmó el gobierno? El 7 de noviembre del 2023, la presidenta de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, anunció la ”Ruta de la Salud” y la provisión de un fondo de ¢200.000 millones para erradicar las listas de espera. Ese día, prometió que es los recursos estarían disponibles en el primer trimestre del 2024.
La realidad. A principios de julio pasado, Verónica Quesada, nueva coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), confirmó a La Nación que esos recursos nunca entraron a esa dependencia y que, por el contrario, se destinaron al nuevo Hospital Tony Facio, de Limón. Cuatro meses antes, la Auditoría Interna de la Caja había advertido —de manera reiterada— que no existían estudios técnicos, financieros, legales y médicos que sustentaran el uso de esos ¢200.000 millones para las listas de espera.
¿Qué afirmó el gobierno? El 5 de junio anterior, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, negó que la “ley jaguar” redujera funciones y le eliminara controles a la Contraloría General de la República. El 26 de junio, 21 días después, el presidente Rodrigo Chaves reiteró esa postura cuando el Bank of America, en un informe, concluyó que esa iniciativa tenía como objetivo debilitar al órgano contralor.
La realidad. El 29 de julio, la Sala IV declaró inconstitucional el plan de ley propuesto para referéndum. Ese día, el presidente de ese tribunal, Fernando Castillo Víquez, explicó que el proyecto “afecta atribuciones constitucionales de la Contraloría, pues se le quitan herramientas importantes para ejercer sus funciones constitucionales”.
Analistas que inventaron el término ‘economía jaguar’ advierten sobre riesgos de ‘ley jaguar’
¿Qué afirmó el gobierno? En octubre del 2022, el ministro de Justicia, Gerald Campos, indicó a La Nación que no podía realizar más operativos de máxima seguridad para encontrar celulares, drogas y armas debido a una orden de los magistrados de colocar cámaras en el cuerpo de todos los policías.
La realidad. El 9 de agosto de ese año, la Sala IV resolvió un habeas corpus y ordenó a las autoridades de La Reforma usar “equipo de grabación portátil suficiente para filmar, almacenar, registrar y documentar todas las intervenciones, requisas y recuentos que se lleven a cabo”. El magistrado Fernando Castillo explicó que, aunque los oficiales deben grabar los decomisos y operativos que realicen en celdas, no impide la realización de operativos ni exige comprar una cámara para cada oficial.
¿Qué afirmó el gobierno? El 17 de julio pasado, el ministro de Justicia, Gerald Campos, cuestionó una resolución de la jueza de Ejecución de la Pena de Alajuela, Kattia Carballo Chaves, quien instruyó al Ministerio de Justicia y a la Dirección de de Adaptación Social para que, en dos meses, cubriera al menos el 50% del personal faltante en el Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora, para que este opere con seguridad. Campos le dijo al mandatario Chaves que la jueza solo le dio la orden de nombrar 15 policías en esa cárcel ubicada en San Rafael de Alajuela, lo que implicaba “quitar 15 policías de un centro y trasladarlos a otro”.
La realidad. En la resolución N.° 2024-004757, del 8 de julio del 2024, la jueza Carballo no ordenó el traslado de personal entre centros penales. En realidad, su decisión se fundamentó en un oficio presentado, desde octubre del 2023, por el director de la cárcel, Juan Manuel López Arias, quien informó de que el CAI cuenta con 183 policías, pero requiere de 212 oficiales para operar de forma segura.
¿Qué afirmó el gobierno? El 2 de mayo del 2024, el presidente Rodrigo Chaves dijo durante su discurso de rendición de cuentas que “en estos dos años de gobierno, más de 16.000 familias en todo el país han recibido una vivienda mediante las instituciones de este sector, con una inversión de más de ¢180.000 millones”.
La realidad. Datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) muestran que, en el 2022 el Estado entregó la cifra de bonos más baja en 23 años (8.369 bonos) y que, en el 2023, bajó todavía más a 8.222. En años anteriores, se otorgaban 12.000 subsidios anuales. En el 2022, se contabilizaron 347.902 m² de construcción y, el año pasado, 400.854 m². Se trata de niveles muy inferiores al promedio de 512.495 m² del periodo 2018-2021.
¿Qué afirmó el gobierno? El pasado 2 de mayo, el mandatario Rodrigo Chaves sostuvo que el gobierno “está construyendo infraestructura pública de calidad, en tiempo y sin sobrecostos”.
La realidad. A mediados de marzo del 2024, Chaves destituyó al ministro del MOPT, Luis Amador, y al director general de Aviación Civil, Fernando Naranjo, luego de atribuirles la responsabilidad política por presuntas irregularidades en la contratación de la constructora MECO, por ¢21.000 millones, para reparar la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, Guanacaste.
El 12 de marzo, en conferencia de prensa, Chaves dijo que esas anomalías le costaron ¢1.000 millones más al pueblo de Costa Rica “porque los términos de referencia avalados por el MOPT y el director de Aviación Civil tienen indicios de que fueron diseñados para que ganara la empresa que terminó ganando”.
¿Qué afirmó el gobierno? El 1.° de setiembre del 2022, el Ministerio de Comunicación denunció ante la Fiscalía que el periodista de CRHoy, Carlos Mora, agredió y pateó a Julieth Méndez Ramírez, funcionaria de Casa Presidencial, durante una gira del Poder Ejecutivo en Limón. Según el comunicado, el incidente ocurrió el 31 de agosto, cuando Méndez impidió que Mora entrevistara al vicepresidente Stephan Brunner Neibig tras un Consejo de Gobierno.
La realidad. El 1.° de agosto pasado, Méndez solicitó al Juzgado Contravencional de la Zona Atlántica archivar la causa contra Mora porque no hubo pruebas ni testigos de la agresión, según confirmó Cristian Arguedas, abogado defensor del periodista.
Funcionaria de Presidencia retira denuncia contra periodista de ‘CRHoy’
¿Qué afirmó el gobierno? El 30 de julio anterior, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo que las reformas al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y al artículo 9 de la Ley Orgánica de Japdeva, incluidas en la “ley jaguar”, “no fueron sujetos a revisión de la Sala IV, porque el TSE no los presentó en consulta, ya que ahí no hay ninguna duda de constitucionalidad, pues las dudas de constitucionalidad eran las relacionadas con las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría”.
La realidad. Andrei Cambronero, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), dijo a La Nación que esos artículos no se consultaron porque aún estaban en etapa de análisis preliminar, no porque los consideraran constitucionales.
Precisamente, el pasado 9 de agosto, el TSE envió una nueva consulta de constitucionalidad sobre los artículos 2, 4 y 5 de la nueva versión de la “ley jaguar”, entre esos la reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y la reforma al artículo 9 de la Ley Orgánica de Japdeva.
