En corrillos políticos resuenan los rumores en torno a grandes aspiraciones electorales de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, cuyo ascenso, en apenas dos años, desde la jefatura de despacho del alcalde de Cartago al puesto más distinguido del gabinete, bien pudo abrirle el apetito por logros mayores.
Cualquier anuncio sería prematuro y los rumores no siempre tienen fundamento, pero, si en este caso lo tuvieran, la funcionaria debería comenzar a cuidar sus pasos en falso. La llamada ley jaguar le ha hecho trastabillar una y otra vez, con penoso desconocimiento del ordenamiento jurídico y constantes exhibiciones de menosprecio por los frenos y contrapesos democráticos.
La ministra declaró, con tono de autoridad, el “blindaje” del proyecto de ley creado para cercenar potestades a la Contraloría General de la República. La menor noción del derecho constitucional le habría aconsejado abstenerse de pregonar tanta certeza.
Poco tardó el blindaje en desintegrarse ante el examen de la Sala IV, pero la ministra se sumó a la proclamación de una resonante victoria, como si la armadura hubiera salido ilesa y fortalecida de la resolución de los magistrados. El triunfo, dijo, consistió en la admisión de que la Contraloría no cumple funciones de administración activa, pero en eso no hay novedad y la resolución de los magistrados no altera el derecho vigente.
El otro logro, según la funcionaria, es la falta de pronunciamiento sobre la reforma del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para permitir las contrataciones a dedo a contrapelo del principio de concurso público y una reforma con parecido defecto a la ley de Japdeva. Los magistrados no se pronunciaron porque la consulta planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) omitió esos temas, pero la ministra interpretó la omisión como ausencia de duda sobre la constitucionalidad de las normas. En consecuencia, se declaró perpleja porque el Congreso no procede a votar la propuesta.
Pero la consulta del TSE sobre la última versión de la ley jaguar desmiente el razonamiento al subsanar las omisiones iniciales. Sí hay dudas en la mente de los magistrados electorales, pero no en el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, cuyos expertos rechazan la posibilidad de llevar la ley a referéndum debido a los defectos ignorados por la ministra.
Ahora, doña Laura se une a la opinión presidencial sobre la “irrelevancia” del pronunciamiento de Servicios Técnicos, exigido por el artículo 6 inciso c de la ley, y no ve impedimento alguno para el referéndum. Para que caiga el telón, falta el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre la nueva versión de la ley. No tardará.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
