Madrid. El regreso fugaz de Carles Puigdemont a Barcelona el jueves y su posterior huida a Bélgica captaron la atención de la policía catalana y suscitan interrogantes sobre la estrategia del líder independentista, así como las repercusiones para el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.
Puigdemont, prófugo desde hace siete años, había anunciado su intención de asistir al debate de investidura del nuevo presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa. Regresó el día de la votación y se dirigió a sus seguidores a pocos pasos del Parlamento antes de escabullirse del dispositivo policial dispuesto para capturarlo.
En un video en catalán difundido el sábado en la red social X, Puigdemont explicó: “Nunca tuve la intención de entregarme a una autoridad judicial que no es competente para perseguirnos (…) ni tiene interés alguno en hacer justicia”, pero que “pretende hacer política”. Añadió que deseaba ejercer su “derecho a hablar y (...) a votar” como diputado electo, pero que “desde primera hora de la mañana quedó claro que el Departamento de Interior había organizado un dispositivo policial para impedirme entrar al Parlamento”.
Carles Puigdemont se fuga de España: ¿fallo policial o complicidad?
El politólogo Pablo Simón opinó que Puigdemont buscaba “generar la máxima presión para impedir la investidura de Salvador Illa”, quien se convirtió en el primer presidente del gobierno regional no nacionalista desde 2010. Según Simón, Puigdemont “consideraba, creo yo, que podía, mediante su presencia sorpresiva, generar que hubiera gran revuelo, que hubiera protestas, o que el pleno se aplazara y, finalmente, la investidura no se celebrara”.
Sin embargo, el partido Esquerra Republicana (ERC), rival del partido de Puigdemont Junts per Catalunya (JxCAT), decidió apoyar a Illa, negociando un acuerdo que otorga nuevos poderes al gobierno regional.
Las consecuencias para España y Cataluña se han manifestado de manera significativa. Pablo Simón afirmó que “el Estado español ha sido burlado”, y que Puigdemont ha “humillado a la policía en todos los sitios”.
El diario El País destacó la “incapacidad” de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, para detener al expresidente regional, lo que “ha despertado los viejos temores sobre la politización del cuerpo”, especialmente porque tres agentes fueron detenidos por su presunta colaboración en la fuga.
El gobierno de Sánchez, que otorgó una amnistía a los implicados en la tentativa de secesión de Cataluña en 2017, se enfrenta a críticas. Un magistrado del Tribunal Supremo determinó que la amnistía no se aplicaba a las acusaciones de malversación contra Puigdemont. El diario La Vanguardia informó que, tras la huida de Puigdemont, los Mossos quedaron en shock y se produjo un “despecho del Supremo” y un aislamiento de Junts.
El gobierno de Sánchez, con una mayoría muy frágil que incluye a Junts, se enfrenta a una crisis. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, atribuyó la crisis a los Mossos, que eran responsables de garantizar el normal desarrollo del debate de investidura y de aplicar los mandatos del Tribunal Supremo.
El analista Pablo Simón indicó que lo sucedido genera un “ridículo internacional” y fomenta tanto la crítica al gobierno como el ascenso de extremismos, especialmente de extrema derecha.
Las críticas no tardaron en llegar. Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, escribió en X que “el presidente del Gobierno, el ministro del Interior y la directora del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) habrían dimitido por vergüenza en cualquier país con el más mínimo estado de derecho”.
Alberto Núñez Feijóo, dirigente del Partido Popular (PP), consideró la fuga de Puigdemont como “incalificable y no puede quedar impune”, calificando la situación de “farsa” y pidiendo el “cese fulminante” de los ministros de Interior y de Defensa.
