El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, descartó la posibilidad de que el gobierno presente un proyecto de ley que revierta la rebaja en el cálculo del impuesto a la propiedad de los vehículos, principal componente para definir el cobro del marchamo. Esto pese a los reiterados señalamientos del Poder Ejecutivo sobre el impacto negativo que tuvo la medida para la recaudación tributaria.
Acosta afirmó que “no es viable políticamente” impulsar una iniciativa dentro del Congreso para reformar la ley, que de forma unánime aprobaron los legisladores en setiembre del año anterior y con la que se rebajó hasta en un 50% el impuesto sobre la propiedad de vehículos —incluido en el marchamo— a partir del 2024.
“Estamos conscientes de cuáles son los espacios que tenemos de conversación con los señores diputados y lo que tratamos es de construir”, declaró el jerarca a los medios de comunicación, durante una visita a la Asamblea Legislativa el pasado 30 de julio, para explicar la quinta modificación al Presupuesto Nacional 2024.
“Nosotros estábamos de acuerdo con una rebaja del marchamo, no con esta (la aprobada en 2023), no estaríamos tratando de revertir ese corte que sufrieron las finanzas, sino que vamos a tratar de hacer un esfuerzo importante por aumentar la recaudación, particularmente el tema de la cartera morosa que mantiene el Ministerio de Hacienda”, añadió.
Acosta aseguró que ya cuentan con la lista de todas las personas que se encuentran morosas, a quienes el ministerio les está enviando recordatorios de pago, mediante mensajes de texto (SMS). Igualmente, mencionó que un grupo de funcionarios de Hacienda está capacitándose, con ayuda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, “para mejorar la gestión de cobro”.
Tanto Acosta como el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se han expresado de forma crítica sobre la ley del 2023, que fue impulsada por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), pero contó con el respaldo de todas las demás agrupaciones políticas representadas en el Congreso, incluida la bancada de gobierno.
El Poder Ejecutivo calificó el cambio de desequilibrado, porque redujo los ingresos de Hacienda; el pasado 3 de julio y en compañía del presidente Chaves, Acosta estimó en ¢64.500 millones la caída en la recaudación por concepto del marchamo.
El tributo sobre la propiedad de los vehículos representa el 63% del valor del marchamo. El resto equivale a varios componentes, entre ellos el seguro obligatorio automotor (SOA).
Originalmente, el plan presentado por el PLP planteó una reducción de hasta el 67%, pero finalmente la rebaja más alta quedó en hasta un 50%, para generar un impacto menor en la recaudación tributaria del Estado.
Rodrigo Chaves y Nogui Acosta critican reducción del marchamo
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) informó a los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el pasado 31 de julio, de que existe una “notoria desaceleración” en la recaudación de los ingresos tributarios. Dicha situación se observa desde mediados del 2023 y los datos, hasta el pasado mes de junio, apuntan “a una eventual reducción en términos absolutos para el cierre del 2024″.
La contralora, Marta Acosta, explicó que el fenómeno se relaciona con factores macroeconómicos, entre los cuales citó los efectos derivados de la ley que redujo el marchamo y los cambios en el rendimiento del impuesto sobre la renta.
Al respecto, el diputado Eli Feinzaig, del PLP, expresó su molestia porque en la exposición de la Contraloría únicamente se mencionó la reforma del marchamo, al hacer referencia a las leyes que disminuyeron los ingresos por recaudación de tributos.
Feinzaig argumentó que la recaudación del impuesto a la propiedad de los vehículos creció en un 5,6% en el 2023, pese a la rebaja aprobada por la Asamblea Legislativa, mientras que la recaudación general de impuestos solamente se incrementó en un 1,8%.
“Es decir, que la recaudación del marchamo creció a un ritmo tres veces mayor que la recaudación de los demás impuestos, en promedio. Quiere decir que aquí hubo problemas de otra naturaleza: la desaceleración de la economía, que siempre ha afectado la recaudación y la apreciación del colón, que provocó pérdidas cambiarias, afecta la recaudación”, alegó el legislador liberal.
A la discusión se sumó el congresista Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien manifestó que Costa Rica no tiene un problema por falta de recursos económicos para hacer frente a las obligaciones del Estado. “El problema de este país es cómo gastamos y fiscalizamos lo que se recauda”, concluyó.
