Don Carlos, de 75 años, invirtió los ahorros de toda su vida en Coopeservidores, entidad de la que es cliente desde hace 25 años. Los ¢84,5 millones los tenía colocados en diversos depósitos a plazo. Su hijo Mario, de 37 años, hizo lo mismo con sus ¢27,2 millones. Ambos reinvertían los recursos para elevar su capital y usaban parte de los rendimientos para los gastos familiares.
Sin embargo, la realidad para estos dos hombres se desplomó a partir del pasado 13 de mayo, cuando el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de la cooperativa y congeló los miles de millones de colones de 131.000 personas, entre los que están los casi ¢112 millones de padre e hijo.
Ambos tenían una vida financiera ordenada, donde los intereses de las inversiones les permitían pagar los gastos de la casa, la comida, los gastos del carro y los del perrito de la familia. Ahora Mario busca la manera de generar ingresos, pues vivía de sus ahorros. “Hemos tenido que vender muebles y las pocas joyas que había, para comer y pagar deudas. Tuve que salir a generar dinero de la forma que fuera: paseando perros, haciendo mandados, transportando gente de confianza y, ahora, vendiendo libros de segunda mano”, cuenta Mario.
Banco Popular absorberá el 80% del ‘banco bueno’ de Coopeservidores
La estimación de ellos, con la decisión del Banco Popular (BP) de absorber el “banco bueno” de Coopeservidores, es que perderían ¢50 millones: ¢40 millones el padre y ¢10 millones el hijo. Esto es así porque el acuerdo de resolución de la cooperativa solo les garantiza recuperar ¢6 millones a cada uno; por encima de dicho monto sería un porcentaje cercano al 50% de sus recursos.
“Es muy difícil. Tuvimos cuadros de depresión. Mi papá y yo hemos bajado un montón de peso. Hemos llorado demasiado, no sabíamos cómo salir adelante. El asunto se nos complicó porque, con el bloqueo del dinero, no teníamos cómo pagar las tarjetas de crédito”, relató Mario.
La pensión de ¢200.000 por mes de don Carlos ha sido la forma de hacerle frente a los gastos básicos de la casa. Comida no les ha faltado, pues tuvieron el apoyo de los vecinos.
El malestar de ambos hombres es que hay un grupo de 5.500 personas cuyos ahorros no están garantizados, con lo cual asumirían una mayor pérdida.
“No somos millonarios, no teníamos vida de ricos ni de lujos. Simplemente ahorrábamos e invertíamos. No nos sobra el dinero. No sé cómo las autoridades festejan (el acuerdo con el BP) porque el sistema no es justo. Se presentaron varias propuestas (de rescate de la cooperativa) y no las escucharon”, apuntó Mario.
Don Carlos cuestionó que tampoco se sabe nada de la investigación penal. “La Fiscalía no ha dicho nada. Estamos en total desprotección de las autoridades estatales”, dijo el adulto mayor.
La incertidumbre de padre e hijo se mantiene, pese a la absorción que hará el Banco Popular de Coopeservidores, pues desconocen cuándo tendrán acceso a la mitad de sus fondos y dejarán de pasar penurias, tal como ocurre desde hace casi tres meses.
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La queja de ambos ahorrantes fue muy similar a los argumentos planteados por Luis Marín, representante de los inversionistas y asociados de la cooperativa. Él insistió en que el recorte dictado a las personas con más de ¢6 millones es una situación “muy dura”.
“Es un golpe a nuestra realidad económica, porque son recursos que nos dan calidad de vida y de un momento a otro la mitad se esfuma”, recalcó.
El vocero de los ahorrantes reconoció que hay un malestar porque las propuestas enviadas a Marco Hernández, resolutor de Coopeservidores, no fueron escuchadas.
“Nos afecta mucho que, en este proceso, se nos invisibiliza. No se nos informa adecuadamente qué se hace o no se nos responde sobre nuestras proposiciones. Quisiéramos por lo menos que se nos diga por qué no se tomaron en cuenta”, resaltó Marín.
