La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció que a partir del 2020 Hacienda debía incluir al menos ¢255.583 millones en el presupuesto anual del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), procedentes del IVA, pero según estimaciones de la Dirección que administra los fondos (Desaf) en el 2020 dejó de incluirles ¢29.000 millones, ¢59.000 millones en el 2021, ¢44.000 millones en el 2022 y ¢49.000 millones en el 2023.
Este año no fue la excepción, ya que Hacienda no incluyó ¢62.130 millones. Si bien no es la primera vez que ocurre, el 2024 es la primera vez en que se evidenció el faltante, gracias a que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa introdujo una norma en la ley de presupuesto que obligó a Hacienda a certificar el déficit programado para este año.
Con este precedente, a comienzos de abril, algunos diputados presentaron un recurso de amparo en contra del Ministerio de Hacienda, que fue declarado con lugar hace pocos días por la Sala Constitucional.
Los magistrados señalaron, entre otras cosas, como lo ha hecho en el pasado, que en vista de “la existencia de una norma de rango legal, las autoridades competentes para la creación del proyecto de presupuesto y la aprobación de la ley de presupuesto (Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa) no ostentan una potestad discrecional para disponer de tales recursos en forma distinta de la determinada por el legislador ordinario”.
El fallo obliga a Hacienda a girar al Fodesaf la totalidad de los recursos en el plazo de un mes, posterior a ser notificado. Suponiendo que esto suceda en los próximos días, implicará que Hacienda deberá remitir al Congreso un presupuesto extraordinario que modifique algunas partidas del Ministerio de Trabajo, donde se contabilizan tales recursos.
Por lo avanzado del año, sin embargo, sería recomendable que la Desaf identificara las instituciones y los programas sociales que estarán en capacidad de ejecutarlos en el último trimestre. Además, Hacienda remitirá a más tardar el 1.º de setiembre el proyecto de presupuesto del 2025, por lo cual debiera incorporar también en este la totalidad de los recursos establecidos, y evitar así un nuevo incumplimiento del mandato de ley.
El autor es economista.
