Sindicatos, grupos empresariales y sociedad civil han perdido fuerza para llevar a la gente a las calles; en años anteriores el activismo social era mayor
La protesta social en Costa Rica, entendida como la movilización de personas a las calles, está en uno de sus ciclos más bajos de los últimos años. Información del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP UCR) y el Programa Estado de la Nación (PEN) refleja esta tendencia.
Los sindicatos del sector público, organizaciones empresariales, grupos de vecinos y otros segmentos de la sociedad civil han perdido protagonismo en materia de protesta.
El PEN posee una base de datos con 11.802 registros de algún tipo de protesta popular (huelgas, concentraciones, etc.) desde 1992 hasta abril de 2023. Esta estadística evidencia ciclos de mayor o menor protesta a partir del conteo de esas acciones colectivas por año.
Solo 227 casos corresponden al 2022, un nivel muy por debajo de los valores registrados en periodos anteriores e inferior al promedio de 369 acciones colectivas por año. Entre enero y abril de 2023, apenas se contabilizaron 71 episodios.
Rónald Alfaro Redondo, catedrático, profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, indicó que en Costa Rica sí han ocurrido episodios de conflictividad cuando esas coyunturas han generado muchos registros en un solo mes.
En marzo del año 2000, el llamado “combo del ICE” (un proyecto de ley para la modernización y transformación del Instituto Costarricense de Electricidad) derivó en 211 registros de manifestaciones, mientras que la huelga de los trabajadores de la educación de Costa Rica en julio y agosto de 1995 dejó 174 registros solo en julio.
Alfaro Redondo, quien coordina la Unidad de Opinión Pública del CIEP UCR, recordó que el 2018 cerró con 458 registros, en una coyuntura de gran conflictividad debido a la huelga contra la reforma fiscal iniciada el 10 de setiembre y que se extendió por 93 días.
En 2014, el año cerró con 587 registros, a lo largo del primer año de la administración del expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018). Fuera de esos periodos, la disposición de las personas a protestar decayó.
Rodrigo Chaves espera dirigir a un pueblo enardecido si ley jaguar es declarada inconstitucional
“Hoy, la protesta que predomina en este ciclo de baja actividad es la confrontativa, como cuando alguien cierra una escuela o se dan cierres de vías por alguna causa”, explicó Alfaro.
Este bajo interés en la protesta, agregó, supone dos tipos de crisis: una de representación política atribuible a los partidos políticos como vehículos de movilización y una de representación social donde ni sindicatos, ni empresarios, ni cooperativas son capaces de mover a las personas a las calles.
“Un bajo nivel de manifestaciones no equivale a que todo está bien. Es más bien preocupante que no haya protesta por cualquier razón, sea en nombre del ambiente, asuntos de la comunidad u otros. Protestar es una forma de expresión popular y eso está decayendo”, afirmó.
Un ejemplo del descenso en el afán popular de manifestarse se advierte en el contraste entre la popularidad del presidente Rodrigo Chaves y su capacidad de generar concentraciones de personas, explicó el sociólogo Jorge Vargas Cullell, quien dirige el PEN.
En mayo de 2024, al cumplir dos años en el cargo presidencial, Chaves retuvo el apoyo de la mitad de la población, según la última encuesta del CIEP. Su nivel de aprobación pasó de un 51% a un 53% en enero de este año y luego avanzó a 55% en la encuesta divulgada en mayo.
No obstante, cada vez que el presidente ha pedido al pueblo acudir en su apoyo por alguna causa, la convocatoria no ha superado unos cientos de personas, anotó Vargas Cullell.
El investigador social afirmó que la mayor concentración que consiguió el político ocurrió durante una gira en Limón en junio pasado y, en buena medida, gracias a que algunas municipalidades de la provincia facilitaron autobuses a los participantes.
Esto lo lleva a concluir que el político no ha tenido capacidad de traducir popularidad en movilización, porque el apoyo a él es personalísimo, explicó.
Además, el apoyo a las políticas de su gobierno es bajo y carece de un vehículo organizacional propio que sí es característico de muchos líderes populistas, agregó.
“El presidente, por su estilo, no ha dejado que otros liderazgos políticos emerjan y esos se requieren para mover a las personas. La llamada ley jaguar no tiene mayor imán para una movilización; no veo a la gente peleando por algo como los controles de la Contraloría General de la República”, dijo.
Vargas hizo referencia a la manifestación del presidente de que ante una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la llamada ley jaguar por parte de la Sala IV, observaría la reacción del pueblo para determinar si debía guiar a un grupo enardecido por la decisión de los magistrados o si tendría que promover la tranquilidad de la población.
El lunes 29 de julio, la Sala declaró inconstitucionales los cinco artículos de la propuesta que fueron consultados.
