Caracas. La controvertida reelección de Nicolás Maduro sumió a Venezuela en más incertidumbre. El presidente, favorecido por todos los poderes, planteó una batalla legal para dirimir las denuncias de fraude que generaron protestas y presión internacional para verificar las actas.
Maduro, líder del movimiento chavista que comenzó hace más de 25 años, asegura que ganó limpiamente el domingo. Sin embargo, la oposición afirma lo contrario. La líder María Corina Machado dice tener pruebas de la victoria de su representante en la boleta electoral, Edmundo González Urrutia, y convocó a más movilizaciones.
Proclamado reelecto con el 51% de los votos, Maduro decidió remitir la controversia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, tras la presión y críticas por parte de la oposición y la comunidad internacional ante la falta de publicación de actas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Su versión de los hechos lo sitúa como víctima. Denuncia un “golpe de Estado” y señala que la oposición intentó jaquear el sistema electoral para impedir que fuese declarado ganador.
“Afortunadamente, el CNE pudo resguardar las actas y proclamar al ganador. Ahora el presidente fue al TSJ para que se reconozca su victoria (…) por el poder judicial, un poder independiente”, dijo a esta agencia el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.
Pero hay dudas sobre esta batalla legal. “Todas las instituciones del Estado están en manos del gobierno”, señala el politólogo Luis Angarita.
Maduro prometió actuar con firmeza contra los “fascistas” en las manifestaciones y ordenó un despliegue de las fuerzas de seguridad, en especial en los barrios populares donde ocurrieron la mayoría de las protestas antigubernamentales.
“Esta vez no habrá perdón”, sostuvo Maduro, quien pide cárcel para Machado y González Urrutia y máxima pena para los “violentos” y manifestantes.
Por las protestas ya hay más de 1.000 detenidos, según la Fiscalía, que promete acusar con cargos de “terrorismo”. También reportó la muerte de un militar.
Organismos de defensa de los derechos humanos informaron de once civiles muertos en protestas, aunque la oposición eleva esa cifra a 16.
El mensaje del gobierno pareciera ser “podemos mantenernos por la fuerza”, dice Angarita.
La oposición asegura que reunió más del 80% de las actas, que darían a González Urrutia el triunfo con el 67% de los votos, gracias a los testigos desplegados en los 30.000 colegios electorales.
El experto electoral Eugenio Martínez no cree en la teoría del jaqueo. Los piratas habrían “tenido que jaquear 15.000 líneas de transmisión cifradas”.
“La credibilidad de este jaqueo es del 0%”, dijo un observador informado, creyendo que quienes están en el poder probablemente sabotearon el sistema para defraudar.
Apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), y de manera más moderada por vecinos de izquierda latinoamericanos como Colombia, la oposición exige una auditoría independiente de las elecciones con revisión de las actas.
“Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”, pidió el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Sin embargo, Maduro parece seguro de lo que hace y ordenó la expulsión de diplomáticos de siete países latinoamericanos: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Se felicita, en tanto, por el “gran apoyo” de Rusia, Irán, Bielorrusia, Cuba, Nicaragua y Bolivia.
Sobre sus vecinos, ha evitado declaraciones contundentes. También ha recordado que su país está acostumbrado a “resistir” y subraya que Estados Unidos, al igual que otros países latinoamericanos, sufre por no poder recibir más petróleo de Venezuela.
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Las protestas contra Maduro comenzaron de forma espontánea el lunes. Inicialmente con un cacerolazo en varias zonas populares y regiones del país, y luego con movilizaciones en las calles.
Las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas y ahora se despliegan masivamente al final de la tarde, como parte de la orden de Maduro de mantener “el orden”.
Machado, sin embargo, llamó a más movilizaciones para defender los votos y pide a los motorizados que la apoyan estar en “primera línea”.
Dos preguntas persisten: ¿puede la oposición movilizarse y sacar a Maduro con presión callejera? ¿Será leal el Ejército?
Después de que alrededor de siete millones de venezolanos abandonaron el país, muchos creen que la oposición ya no es capaz de reunir multitudes.
Algunos esperan que la Fuerza Armada, pilar del poder privilegiado por el expresidente Hugo Chávez y luego por Maduro, se esté resquebrajando.
