Demócratas y republicanos se han centrado en la manera de mejorar la gestión de la frontera sur de Estados Unidos y no han planteado soluciones a las causas de la migración.
Este es un año electoral extremadamente divisivo, pero más de la mitad de los votantes estadounidenses están de acuerdo al menos en algo: la migración es una cuestión prioritaria. Sin embargo, los discursos del Congreso de EE. UU. y de la campaña presidencial han ignorado hasta ahora cuestiones fundamentales.
Como los líderes demócratas y republicanos se han centrado principalmente, o exclusivamente, en la manera de mejorar la gestión de la frontera sur de Estados Unidos, no han planteado soluciones para actuar sobre las causas de la migración.
El público estadounidense parece entender que la migración no empieza en la frontera de su país: en una encuesta de febrero, tanto los demócratas como los republicanos clasificaron la mala situación económica (un 75 %), la violencia en los países de origen (un 65 %) y la promesa de mayor libertad en EE. UU. (un 44 %) entre los principales factores que impulsan a la gente a abandonar sus hogares para tratar de entrar a EE. UU., pero ese reconocimiento no ha llegado a las agendas políticas.
Latinoamérica es una de las principales fuentes de migrantes hacia EE. UU.: más del 40 % de los 1,5 millones que ingresaron al país en el 2021 provino de esa región (principalmente, de México). Por haber sido presidente de Costa Rica, tengo experiencia en la gestión de este asunto con el gobierno actual de EE. UU. y los anteriores, y reconozco los esfuerzos bienintencionados cuando los veo. Me queda claro que la obsesión con la frontera impide el desarrollo de estrategias eficaces para atender las causas de la migración: es una cuestión de óptica y teatro político más que de soluciones sustanciales.
El sesgo en las prioridades se hace evidente en la sorprendente diferencia entre la escala de los recursos dedicados a la seguridad fronteriza y los destinados a plantear, junto con los países latinoamericanos, soluciones estructurales a largo plazo.
En octubre del 2023, el gobierno del presidente Joe Biden solicitó $13.600 millones de fondos adicionales de emergencia al Congreso, para desembolsos relacionados con la frontera sur y las migraciones. Aunque esa solicitud fue rechazada, se aumentó luego en un 7 % ($1.900 millones) el presupuesto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU.
Aunque técnicamente es menos que los $2.500 millones que el gobierno de Biden había pedido este año para la asistencia exterior a Latinoamérica y el Caribe, eso fondos deben ser divididos entre 27 países.
Incluso cuando los líderes se desvían de la cuestión fronteriza, no logran llegar al nudo del asunto: las circunstancias que impulsan a la gente a considerar la migración como su mejor opción para lograr un futuro mejor. Esto fue así tanto con Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris —a quien ahora respalda como candidata demócrata a la presidencia—, como con su predecesor republicano, Donald Trump, que enfrentará a Harris en las elecciones de este año.
Ciertamente, en el 2022 el gobierno de Biden parecía avanzar en la dirección correcta: la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección —acordada con los líderes de 19 países latinoamericanos y Canadá— reconocía la necesidad de abordar la migración de manera regional con un enfoque que mejore “la situación y oportunidades en los países de origen”, pero hasta ahora los resultados no se han siquiera acercado a la escala del desafío.
Desafortunadamente, incluso eso es mejor de lo que hizo Trump: durante su presidencia recortó la asistencia a los países centroamericanos, una decisión considerada contraproducente por los políticos y entendidos de ambos bandos. Al daño que causa la falta de reconocimiento de la verdadera naturaleza de la inmigración, Trump sumó el de su perturbadora retórica sobre los migrantes, a quienes acusó de “envenenar la sangre del país”.
La realidad, sin embargo, es que los refugiados y asilados generan beneficios de gran alcance para EE. UU.: se estima que entre el 2005 y el 2019 aportaron $123.800 millones a la economía.
EE. UU. supo priorizar mucho a Latinoamérica, no siempre para mejor... pensemos, por ejemplo, en sus penosas intervenciones en América Central durante la década de los 80, pero también hay ejemplos de relaciones positivas, como la Alianza para el Progreso, creada por el presidente John F. Kennedy, que sigue siendo el mayor esfuerzo de cooperación estadounidense con la región hasta la fecha.
Hace falta ahora una cooperación con ambiciones similares para abordar las causas de la migración. Como lo muestra un informe del 2023 de las Naciones Unidas, la región sufre una tasa de homicidios alarmantemente elevada —y en aumento—, y de la tasa de homicidios relacionados con el crimen organizado más alta del mundo (los niveles de desigualdad también están entre los más elevados del mundo).
La inestabilidad política, el estancamiento económico y la corrupción contribuyeron a una recaída en prácticas poco democráticas, ya que debido a ellos los gobiernos autoritarios ganaron capacidad de atracción. Actualmente, solo el 48 % de los latinoamericanos respalda la democracia: lo que implica una caída de 15 puntos porcentuales respecto del 2010.
Todo esto tiene graves implicaciones para EE. UU., no solo en términos migratorios: los países autocráticos son más proclives a “iniciar conflictos, diseminar desinformación e involucrarse en ciberataques transfronterizos”. En el contexto de la competencia global, si el hemisferio occidental se debilita política y económicamente, EE. UU. quedará en desventaja estratégica.
Esto explica en parte por qué la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU., solicitó un Plan Marshall para América Latina, aunque su visión —centrada en contrarrestar la influencia china— es demasiado estrecha.
Lo que necesitamos es un plan ambicioso que se ocupe de los desafíos de la región, refuerce el bienestar, la paz y la democracia, y cumpla con el imperativo de la transición energética. Para ello es necesaria la cooperación a largo plazo entre los gobiernos latinoamericanos y sus pares del hemisferio occidental.
La diversificación de la producción y las exportaciones de la región, sumados a un aumento del financiamiento para el desarrollo, son cruciales. Solo es posible aliviar la presión migratoria de manera sostenible con acciones concretas para mejorar la vida de la gente en sus países de origen ofreciéndoles medios de vida viables, respetando los derechos sociales y políticos, y garantizando la ausencia de violencia.
EE. UU. puede y debe liderar el cambio, pero solo si está dispuesto a formar un nuevo tipo de alianza que apoye acciones sistemáticas que promuevan resultados sociales y económicos mutuamente beneficiosos. Hasta entonces —sin importar quien ocupe la Casa Blanca— la presión migratoria sobre la frontera sur estadounidense seguirá evidenciando el fracaso de las políticas que no miran más allá de ella.
Carlos Alvarado Quesada fue presidente de Costa Rica (2018-22) y es profesor de Práctica de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts.
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