Contralora Marta Acosta considera innecesaria la pretensión del presidente Rodrigo Chaves de reformar ley orgánica del ente fiscalizador para impedirle hacer algo que ya tiene prohibido.
La contralora Marta Acosta recordó que la Constitución Política y las leyes vigentes ya prohíben a la Contraloría General de la República asumir funciones propias del gobierno, o coadministrar, por lo que consideró innecesario modificar la normativa para reiterar este impedimento, como lo pretende el mandatario Rodrigo Chaves mediante una nueva versión de la “ley jaguar”.
“La Contraloría actúa de acuerdo con lo que la Constitución Política y las leyes le permiten, y dentro de lo que nos permite, no está coadministrar. Por lo tanto, la Contraloría no coadministra”, aseguró este miércoles Acosta, desde la Asamblea Legislativa.
La jerarca dijo que las apreciaciones erróneas sobre una supuesta coadministración parten de las disposiciones que la Contraloría ha tenido que emitir a diversas instituciones públicas, a partir de denuncias ciudadanas que activan investigaciones.
“De esas denuncias, han emanado advertencias y órdenes a la administración, que es parte de nuestras responsabilidades; está en las leyes. Entonces, si eso es coadministrar, ahí no estamos de acuerdo”, argumentó la contralora.
Rodrigo Chaves retira ‘ley jaguar’ y presenta una nueva
El lunes, la Sala IV declaró inconstitucionales cuatro artículos de la “ley jaguar” original. Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala IV, explicó que el plan le quitaba a la Contraloría “herramientas importantes para ejercer sus funciones constitucionales”. Los magistrados analizaron las reformas propuestas a los artículos 11, 12, 17 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría, por solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Pese a los señalamientos de la Sala, el gobierno presentó un nuevo texto de “ley jaguar”, que mantiene la intención de modificar el numeral 12, mientras que los otros tres artículos se descartaron.
En esta nueva versión, el gobierno pretende eliminar, otra vez, el párrafo que actualmente establece la obligación de las instituciones de acatar las disposiciones de la Contraloría. En su lugar, incluyó una redacción con la cual se estipula que el ente “no podrá sustituir o abarcar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión y en el ejercicio de sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa (...)”.
Acosta declaró que ya la Contraloría no abarca ni sustituye, porque eso no le está legalmente permitido. “Para nosotros no es un tema nuevo, porque no lo hacemos”, agregó.
Sobre el nuevo documento de la “ley jaguar”, la contralora dijo desconocer el contenido del mismo, pero garantizó que actuarán de la misma forma que lo hicieron con la versión original. Añadió que aún está a la espera de conocer la integralidad de la resolución de la Sala IV que declaró inconstitucional el plan, “para con eso en mano analizar el nuevo proyecto”.
“Además, será importante conocer cuál es el procedimiento que sigue, tanto en el TSE como la Asamblea Legislativa, para nosotros poder entonces brindar nuestro criterio, de manera oportuna y transparente”, señaló.
Acosta mencionó que también están a la espera de conocer la decisión de la Sala IV, respecto a la consulta de constitucionalidad que presentó la CGR desde el pasado 5 de julio, la cual incluye más artículos del proyecto que los ya analizados por los magistrados.
“No tenemos noticia sobre la consulta, entendemos que eso está en estudio de admisibilidad, pero no sabemos ahora qué va a pasar”, afirmó.
También, está pendiente que el alto tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad de la consulta planteada por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP).
