El Partido Liberación Nacional (PLN) acusó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, de imitar las amenazas lanzadas por el mandatario venezolano Nicolás Maduro en caso de no ganar las elecciones de este domingo en su país.
Así lo señaló la cúpula verdiblanca en un comunicado emitido este miércoles en el que calificó como “provocaciones” lo dicho por Chaves sobre la posibilidad de dirigir a un pueblo enardecido si la “ley jaguar” es declarada inconstitucional.
“Ese llamado es una traición y revela las verdaderas intenciones de reducir a ruinas lo que ha sido la institucionalidad democrática costarricense, para convertirla en un régimen autoritario, emulando las amenazas populistas que recientemente lanzó Nicolás Maduro, sugiriendo que si no gana las elecciones, habrá sangre en las calles”, fustigó el PLN.
Mediante un pronunciamiento suscrito por el Comité Ejecutivo Superior Nacional y el Directorio Político Nacional, el Partido afirmó que estará dispuesto a defender la paz social en el país ante cualquier intento de socavarla.
Rodrigo Chaves incita a la población a la violencia, dice jefe del PLN
“Ante estas provocaciones, Liberación Nacional llama a las fuerzas democráticas costarricenses, de todo signo y credo, a unir esfuerzos, organizarse y manifestarse con la dureza que exige la situación, en defensa de la patria que queremos seguir heredando a nuestros hijos”, manifestó.
El pronunciamiento de los verdiblancos surge luego de que el mandatario afirmara que, en caso de que la Sala IV declare inconstitucional la “ley jaguar”, observará la reacción del pueblo para decidir si debe guiar a un grupo enardecido por la decisión de los magistrados o promover la tranquilidad entre la población.
El pasado lunes, en una entrevista en el espacio Nuestro Programa de Trivisión, canal 36, Chaves señaló que el pueblo podría “hacerse el pendejo” o manifestarse en una huelga de brazos caídos, pero que él no organizaría ninguna respuesta “hasta ver qué es lo que hace la gente”.
‘Ley jaguar’ aumenta riesgo de corrupción y opacidad, advierte grupo Costa Rica Íntegra
Horas antes de la cúpula del PLN, su jefe de bancada en la Asamblea Legislativa, Óscar Izquierdo, afirmó desde Guanacaste que el mandatario está “incitando a la población a la violencia” y lo cuestionó por “amenazar la institucionalidad” y buscar la polarización.
En su pronunciamiento, el PLN llamó a las fuerzas democráticas costarricenses, de todo signo y credo, a unir esfuerzos, organizarse y manifestarse con la dureza que exige la situación, en “defensa de la patria que queremos seguir heredando a nuestros hijos”.
También extendió su llamado a las organizaciones democráticas del mundo para que estén vigilantes de lo que sucede en la democracia costarricense.
“La patria es más que un partido político y no una caricatura de dictador. Nuestras armas son las leyes y, si no son suficientes, serán los corazones de mujeres y hombres los que defenderán a nuestro país para mantener vivo el legado de paz social que es el faro de luz democrático que nos ha guiado”, afirmó Liberación.
La “ley jaguar” es un proyecto de ley que el gobierno pretende someter a referéndum, el cual eliminaría las potestades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los fondos públicos y las contrataciones.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) consultó a la Sala IV si el texto contiene roces con la Carta Magna. El órgano constitucional fijó para el próximo lunes 29 de julio la fecha para pronunciarse sobre el tema.
Las declaraciones de Chaves también generaron una reacción por parte del Partido Acción Ciudadana (PAC), el cual anunció este miércoles que presentará una denuncia penal contra el gobernante.
Dicha agrupación sostuvo que las aseveraciones del mandatario calzan con dos delitos tipificados en el Código Penal como instigación pública y propaganda contra el orden constitucional.
Indicó que, según el artículo 280 de esa norma, será reprimido de seis meses a cuatro de prisión quien inste a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho de produzca.
En tanto, el artículo 303 impone de seis meses a tres años de prisión a quien hiciere propaganda pública para sustituir, por medios inconstitucionales, los organismos creados por la Carta Magna o para derogar los principios fundamentales que ella consagra.
“Si usted pretende toma con violencia las instituciones democráticas que le impiden actuar con autoritarismo y al margen de la ley, le recordamos que este es un pueblo pacífico y trabajador, que no se deja llevar por llamados peligrosos a la violencia y contra la institucionalidad democrática”, aseveró del PAC.