Lo más asombroso del episodio de las carpas penitenciarias es la admitida ausencia de estudios técnicos para justificar su adquisición y uso.
El panorama en torno a las cárceles en carpas se va despejando, con cuentagotas, según pasan los días. Inicialmente, el ministro de Justicia, Gerald Campos, dijo haber viajado a España con una delegación de su despacho para conocer el sistema penitenciario de ese país y eventuales soluciones a la falta de espacio para la población carcelaria. Las afirmaciones las hizo en el contexto de una propuesta para establecer los centros de reclusión alojados en carpas.
También se atribuyó al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) el financiamiento de los boletos aéreos y la elaboración de la agenda de la visita de la comitiva costarricense encabezada por el ministro.
La escueta información conducía a entender que el Ilanud organizó el viaje con la doble intención de acercar a los funcionarios nacionales a la experiencia del sistema penitenciario español y a las carpas como solución para los problemas de hacinamiento en las cárceles de nuestro país.
La narrativa no encajaba con las declaraciones del exviceministro de Justicia Exlaine Sánchez en el momento de su sorpresiva destitución. Según el exfuncionario, un par de meses antes del viaje —al cual no fue invitado, pese a ser el responsable inmediato de los asuntos penitenciarios— Campos lo invitó a una reunión en su despacho con empresarios españoles interesados en vender las carpas al Estado. Sánchez no tardó en oponerse a la idea, pero su relato confirma la consideración de las carpas antes de la visita a España.
El viaje habría cobrado sentido de todas formas si la delegación hubiera visitado en España cárceles instaladas en carpas. Habría sido una oportunidad para verlas en funcionamiento y constatar las ventajas seguramente señaladas por los empresarios en el despacho del ministro. Además, si un país europeo, respetado por su cumplimiento de los derechos humanos, utiliza el recurso, no está de más ver cómo lo hace. La seriedad del viaje exploratorio y sus conclusiones, por otra parte, habrían encontrado respaldo en el patrocinio de una entidad tan prestigiosa como el Ilanud.
No obstante, en España no hay cárceles instaladas en carpas y, ante insistentes preguntas, el Ministerio de Justicia aceptó que la delegación nacional no visitó ninguna. Sí viajó a Zaragoza, a casi 350 kilómetros de Madrid, para visitar las instalaciones de ARPA, la empresa cuyos representantes habían ofrecido las carpas en el despacho del ministro Campos, el 7 de marzo, en presencia de ejecutivos de Datasys, empresa local, adjudicataria de varios contratos con el Estado.
Por su parte, el Ilanud negó haber incluido en la agenda del viaje una visita a ARPA o cualquier otra empresa privada. Únicamente pactaron encuentros con los jerarcas del Gobierno español y directores de centros penitenciarios. El viaje a Zaragoza lo hicieron en tren el ministro y la viceministra Carolina Castro.
En suma, la idea de las carpas fue planteada a Campos en su despacho, en San José, y el viaje a España no guarda relación alguna con la observación de las operaciones de una cárcel de carpas. El Ilanud tampoco agenció una visita en procura de ese conocimiento y la única reunión relacionada con carpas fue con Tomás Bujeda Rami, quien había visitado a Campos en Costa Rica.
Pero lo más asombroso del episodio es la admitida ausencia de estudios técnicos para justificar el uso de carpas penitenciarias. “Aún no se han emitido estudios técnicos de ningún tipo”, reconoció el Ministerio de Justicia. No obstante, la defensa del plan ya involucra a las más altas esferas del Estado y coincidió, muy estrechamente, con la destitución del viceministro opuesto a la iniciativa.
