Migración negó el documento a un menor, pero el tribunal confirmó que los solicitantes de refugio gozan de las mismas garantías que las personas con refugio aprobado.
Por voto de mayoría, la Sala IV ordenó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) otorgar un documento de viaje, en un plazo máximo de 10 días hábiles, a un menor de edad solicitante de refugio que aspira a participar en un torneo de boxeo en México, los días 12 y 13 de septiembre de este año.
Pese a su participación en juegos nacionales y a la invitación al evento deportivo internacional, Migración negó, el pasado mes de mayo, su solicitud de documento de viaje, argumentando que necesitaba una resolución de aprobación de su condición de refugiado.
Mediante un recurso de hábeas corpus, el menor, de nacionalidad nicaragüense, manifestó al Tribunal Constitucional que, debido a la persecución en su país de origen, le es imposible obtener un pasaporte. Actualmente, cuenta con un carné provisional de solicitante de refugio y está a la espera de la resolución que confirme su estatus de refugiado.
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Argumentó que la decisión de Migración disposición viola sus derechos fundamentales y citó el ordinal 28 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el cual estipula que los Estados deben expedir documentos de viaje a los refugiados. Asimismo, destacó que ni la Convención ni el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados hacen distinciones entre solicitantes de refugio y personas con estatus de refugiado aprobado.
En su fallo, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso, señalando que los solicitantes de refugio deben gozar de las mismas garantías y derechos que las personas con estatus de refugiado aprobado. Ordenó a Marta Vindas González y Cindy Molina Mora, directora general y coordinadora de la Unidad de Refugio, respectivamente, ejecutar las acciones necesarias para emitir y entregar el documento de viaje al menor en el plazo establecido, siempre que cumpla con los requisitos y pague los costos correspondientes.
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El tribunal advirtió de que, de no cumplir con la orden, las autoridades podrían enfrentar sanciones de prisión de tres meses a dos años o multas de veinte a sesenta días, según lo establecido por la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, el Estado fue condenado al pago de los daños y perjuicios causados, que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Este fallo refuerza la jurisprudencia que establece que la condición de solicitante de refugio es suficiente para que se le reconozcan los derechos y protecciones garantizados por los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Según los magistrados, la Convención de Ginebra de 1951, incorporada en Costa Rica mediante la Ley N° 6079, define como refugiado a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.
Este criterio fue retomado por la legislación nacional en el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 32195 del 22 de septiembre de 2004, según el cual se considera refugiado a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país.
La Sala recordó que, en 2023, al resolver un recurso de hábeas corpus presentado por un periodista nicaragüense solicitante de refugio, a quien se le impidió salir del país por razones académicas debido a un decreto ejecutivo, la DGME indicó que, desde el momento en que se otorga una cita para la solicitud de refugio, el estatus migratorio de la persona se regulariza.
Por lo tanto, si estas personas son detenidas por las autoridades migratorias, no correrían el riesgo de ser deportadas, según dijo en esa ocasión esa entidad.
Además, la Sala IV indicó, en ese fallo que, una vez iniciado el proceso de refugio se genera el reconocimiento de los principios rectores de la materia de refugio, como el de no devolución, en virtud del carácter declarativo del reconocimiento de la condición de persona refugiada, que implica que la persona debe ser tratada como refugiada mientras no se determine lo contrario.
Añade que la condición de solicitante genera un estatus de regularidad para la persona migrante, aplicándosele las normas y estándares internacionales de protección humanitaria inherentes y necesarios para su condición.
Dice que la Convención de Refugiados no distingue entre persona refugiada y solicitante de la condición de refugiado, ya que la determinación del estatuto de refugiado es de naturaleza declaratoria, reconociendo los derechos que garantizan la protección de los instrumentos internacionales de derechos humanos desde la interposición de la solicitud de refugio.
