Nils Ching enfatizó que el uso de carpas carcelarias aumentaría el riesgo de fugas y dificultaría la contención en casos de insubordinación. Destacó la falta de información precisa para realizar una evaluación objetiva
El director de la Policía Penintenciaria, comisionado Nils Ching Vargas, responsable de la seguridad en todas las prisiones del país, advirtió desde el 1.° de marzo que un sistema de cárceles en carpas, como el que planea contratar el gobierno, “no reúne las condiciones mínimas de seguridad y contención para albergar población privada de libertad, sin importar el perfil de la población, ya que se requiere un tipo de material sólido y que no sea de fácil destrucción”.
En el oficio DPP-467-2024 enviado a Juan Carlos Arias, director general de Adaptación Social, Ching fue claro en que una cárcel con techo y paredes de lona u otro material similar aumenta los riesgos de fuga de reos, la posibilidad de que construyan escondites y podría generar conflictos entre los reclusos.
Además, señaló que “el material de las carpas puede ser vandalizado con facilidad”. Luego, alertó de que los productos con los cuales son fabricadas resultan muy volátiles: “En caso de un siniestro, esto podría causar una catástrofe para la evacuación y atención de personas de estos espacios”. Adelantó que es necesario verificar si se cumplirían, con este modelo, normas del Cuerpo de Bomberos.
En ese documento, que lleva por asunto: “Justificación para la pernoctación de privados de libertad en carpas o edificaciones de mampostería (bloques de concreto)” el comisionado agrega que el alojamiento en carpas puede resultar en condiciones de vida precarias y contrarias a los derechos fundamentales de los privados de libertad, tanto por servicios de electricidad, agua potable o por efectos de altas o bajas temperaturas.
La conclusión del jefe de seguridad de los penales es que, las edificiones de mampostería o bloques de concreto, claramente, “resultan tener mejores condiciones que una carpa”. En su nota, afirmó que es vital planificar de forma adecuada la infraestructura penintenciaria “para garantizar la seguridad, el respeto de los derechos humanos y la efectividad de los programas de inserción social”. En ese sentido, afirmó que se debe evaluar si estas estructuras temporales cumplen, precisamente, con estándares internacionales de derechos humanos y llamó la atención sobre la eventualidad de que se presenten recursos de amparo ante la Sala Constitucional o reclamos ante jueces de ejecución de la pena.
Las observaciones de Nils Ching trascienden una semana después de que Exleine Sánchez Torres, quien ejercía como viceministro de Justicia y Paz, diera a conocer, en un informe entregado horas después de su destitución el 11 de julio, que el Gobierno analiza implementar una cárcel con carpas para enfrentar la sobrepoblación en cárceles. Sánchez le dijo al ministro Gerald Campos que la idea es una “ocurrencia”.
Alegó que las carpas son para situaciones temporales, pues con el pasar de los meses se deterioran y “es muy frecuente que la infraestructura penitenciaria sufra daños ocasionados por las personas privadas de libertad”. Agregó que “no hay forma de repararlas (las carpas), por lo que ello implicaría un cambio de toda la estructura y, por tanto, una erogación mayor, con afectación para las arcas de nuestra patria”. Recomendó esperar para invertir en edificiones que perduren y sean una solución real al problema de sobrepoblación carcelaria.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no actualiza el número de reos que hay en el país. El último dato es del 31 de marzo de 2022, cuando estaban recluidas 14.595 personas mientras la capacidad instalada era de 13.791 espacios. El ministro solo ha dado el dato de que la sobrepoblación es del 118,75%.
Gerald Campos insiste en que construir una cárcel tomaría al menos dos años y significaría una inversión de ¢47 millones por reo, frente a menos de ¢5 millones si se contrataran carpas. Hace unos dos meses, el ministro recibió en su despacho a una empresa española que presentó la propuesta de utilizar carpas como cárceles en el sistema penitenciario costarricense. Y, a principios de julio, viajó a España para conocer el sistema carcelario, contó Sánchez.
La Nación tuvo acceso al oficio de Nils Ching, quien le expuso al director de Adaptación Social que las carpas no ofrecen, “por mucho, la misma contención de seguridad que las estructuras sólidas, lo que aumenta el riesgo de fugas, ‘galetas’ (escondites ilícitos) y conflictos entre personas privadas de libertad. Estos espacios no reúnen las condiciones para una contención en caso de una insubordinación de la población privada de libertad que ahí pernocte”.
Pero, además, manifestó preocupación por el impacto negativo que estas estructuras livianas podrían tener en la salud mental del personal administrativo, policial y de los internos. “Este tipo de instalación puede exacerbar problemas como la ansiedad y la depresión”, afirmó, citando las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).
El oficio también menciona la susceptibilidad de estas estructuras a los cambios bruscos de clima que caracterizan a Costa Rica, lo cual podría comprometer la seguridad y el bienestar de los reclusos. Otro punto crítico señalado por Ching es la necesidad de definir el perfil de la población que sería albergada en estas carpas. “El análisis debe ser riguroso, ya que por su alta vulnerabilidad, solo deberían considerarse reclusos de muy bajo perfil”, indicó.
Ching expresó que se requiere un análisis exhaustivo de la cantidad de personal penitenciario necesario para estos proyectos en carpa, destacando la falta de información precisa para realizar una evaluación objetiva. “Con la información disponible, resulta imposible determinar cuántos funcionarios policiales se necesitan para dar soporte de custodia y vigilancia”, señaló.
Precisamente, Exleine Sánchez narró a La Nación que cuando le dieron detalles técnicos de las carpas que se usarían, concluyó que se asemejan a las utilizadas en campamentos militares o en tragedias humanas. Además, él observó similitudes con una cárcel que operó 24 años en Arizona, Estados Unidos, la cual fue clausurada en el 2017 debido a que resultaba muy cara de mantener: $8,5 millones anuales.
Este miércoles, en la conferencia semanal del presidente Rodrigo Chaves, el director de Adaptación Social, Juan Carlos Arias, expresó en un video que “todas las cárceles están llenas”. Tampoco dio cifras. Sin embargo, dijo que buscan soluciones al problema y garantizó que lo harán “responsablemente”, sin citar el plan de carpas en forma explícita.
Gerald Campos aseguró que la administración está trabajando en “la creación de un sistema de una cárcel nueva, pero eso nos va a llevar por lo menos dos años”. Alegó que tienen equipos de trabajo para atender el hacinamiento de manera responsable sin necesidad de liberar “golondrinas” como en el pasado.
“Venimos trabajando en soluciones que sean prácticas, novedosas y que nos permitan mantener dentro del sistema a estas personas que hacen daño a la sociedad, pero también dar oportunidad a aquellos que están en proceso de inserción, que les podemos capacitar y conseguir un trabajo. ¿Por qué un trabajo? Porque la reincidencia está aumentando al 38%. La gente que sale del sistema penitenciario sale a delinquir ¿y qué nos dicen? que no tenemos oportunidades, entonces estamos trabajando en eso”.
Luego agregó que “el apoyo del director de la Policía Penitenciaria (Nils Ching) en las mesas de trabajo ha sido claro y aquí no estamos inventando señor presidente”, dijo en alusión a Rodrigo Chaves, quien estaba a su lado. Aunque Ching estaba presente en la conferencia, no emitió ninguna declaración.
Grupo español presentó idea de carpas para cárceles en oficina de ministro de Justicia
