Más de 11.000 pequeñas y medianas empresas privadas operan en Cuba desde 2021.
La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este martes que en la isla comunista se registran casos de “corrupción” y de “alta evasión fiscal” tanto en el sector estatal como en el privado, y prometió “ordenar al país”.
“Lo primero que tenemos que reconocer es que existe descontrol y existió contemplación y por eso se nos acumulron estos problemas”, dijo en tono enérgico Díaz-Canel al intervenir en un encuentro previo a la sesión del Parlamento que tendrá lugar a partir del miércoles.
El mandatario cubano enumeró un rosario de “distorsiones y tendencias negativas” que lastran la economía, enfrentada a su peor crisis en 30 años.
“Hay déficit presupuestario; una alta evasión fiscal; una distorsión en los precios”; inflación (...), corrupción, incremento del delito”, detalló.
La economía cubana, que no logra recuperarse del impacto de la pandemia y enfrenta un recrudecimiento del embargo de Washington, sufre una espiral inflacionaria (30% en 2023) en medio de una fuerte depreciación del peso cubano frente al dólar, y tiene bajos niveles productivos.
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El lunes, el gobierno confirmó que la economía se contrajo un 1,9% en 2023 y continúa enfrentando un “complejo escenario”.
“Alrededor de todo esto tenemos que actuar”, porque la meta es “ordenar al país, para que esté mejor”, dijo.
El gobierno de Díaz-Canel, quien reemplazó a Raúl Castro en el poder en 2018, dio luz verde en 2021 a las pequeñas y medianas empresas privadas, que ganan terreno tras seis décadas de contar solo con empresas estatales, que siguen siendo mayoritarias.
El presidente subrayó que algunos de estos negocios, que ya suman más de 11.000, no pagan el fisco ni respetan las leyes laborales vigentes.
“Por eso hay que combatir la corrupción; por eso hay que combatir el abuso; por eso hay que combatir la ilegalidad; por eso hay que combatir la pillería”, sentenció.
Asimismo, reconoció que se detectaron casos de ineficiencia y corrupción en empresas estatales, así como de “tráfico de influencias” en sus relaciones contractuales con las del sector privado.
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Destacó que “el tema no es cerrar” la empresas privadas sino “cómo ordenamos” para “que haya la mayor cantidad de ofertas de bienes y servicios adecuados precios a nuestra población”.
En este contexto, el gobierno anunció hace una semana el tope de precios de seis productos, la mayoría alimentos, en un intento por contener la inflación.
“El sector no estatal y el estatal, los dos tienen responsabilidades ante la sociedad”, concluyó.
