La Habana. Mano dura contra la “corrupción” y la “evasión fiscal”: casi tres años después de haber autorizado las pequeñas y medianas empresas privadas, el gobierno cubano lanzó este miércoles una ofensiva para regular un sector que ha estremecido una economía en profunda crisis y al que acusa de generar “tendencias negativas”.
“No estamos aquí para cerrar (las empresas privadas)”, pero “tenemos que reordenar”, señaló el primer ministro Manuel Marrero, al rendir un informe ante una sesión del Parlamento que se extenderá hasta el sábado.
Con una inflación galopante, el desplome del peso cubano en el mercado informal, bajos niveles productivos, un abismal déficit fiscal (22% del PIB), escasez y falta de liquidez, la isla comunista, debilitada por los efectos de la pandemia y el reforzamiento del embargo de Washington, está sumida en su peor crisis en 30 años.
En un intento por paliar la escasez, el gobierno autorizó en 2021, por primera vez en 60 años, la operación de empresas privadas en sectores definidos, como el turismo, la construcción y el suministro de alimentos.
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Sin embargo, la irrupción de este sector en un panorama dominado en un 80% por empresas estatales generó “distorsiones” y “tendencias negativas”, según el gobierno, en momentos en que fracasaba una reforma monetaria destinada a impulsar la economía.
Acostumbrado a captar la mayor parte de las divisas que entraban al país, el Estado se encontró de repente con una necesidad desesperada de monedas extranjeras, teniendo que competir con estos nuevos actores.
Las importaciones del sector privado, valoradas por el gobierno en $1,3 millones en 2023, provocaron “una espiral incontrolable de la demanda de divisas en el país”, favoreciendo el desarrollo de un mercado ilegal, explicó Marrero.
El primer ministro acusó a algunas de estas empresas de participar en el mercado ilegal de divisas. “Han llegado incluso a ofrecer bienes y servicios en territorio nacional en monedas extranjeras”, acotó.
Al menos cuatro monedas: el peso cubano, el dólar, el euro y el MLC (divisa local electrónica equivalente al dólar), cohabitan en la isla de 11 millones de habitantes, donde además existen tres tasas de cambio, dos oficiales y una informal.
En su intervención de más de dos horas, el primer ministro reconoció que a las autoridades les “faltó previsión”. Pero “también se incumplieron cosas que estaban claras”, agregó, al subrayar la necesidad de “restablecer el orden y la disciplina” en el sistema económico.
El martes, el presidente Miguel Díaz-Canel fustigó la “corrupción” y los “altos niveles de evasión fiscal” que lastran una economía también minada por la baja productividad y la burocracia.
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Según Marrero, la evasión fiscal por parte de los actores privados en materia de impuestos sobre las ventas alcanzó los “50.000 millones de pesos cubanos entre principios de 2023 y abril de 2024″. “Es un tercio del déficit presupuestario” del país, insistió, sin explicar la tasa de cambio que empleó para el cálculo.
Entre las medidas anunciadas figuran el aumento de los controles fiscales, un reforzamiento del cuerpo de inspectores, el cierre de empresas que subdeclaren, el fortalecimiento de los sistemas de pago electrónico y la certificación de la licitud de los fondos.
Respecto a la caída del peso cubano frente al dólar, que se cotizaba este miércoles a 308 pesos por unidad en el mercado negro, contra 120 pesos en el formal, el gobierno descartó una nueva devaluación, pero dejó claro su intención de “recoger el exceso de circulante”.
El monto total de pesos “que está en la calle circulando en estos momentos es de 400.000 millones” y “está concentrado en un 10% de la población”, precisó Marrero. Destacó que incluso “pudiera superar a fin de año (...) los 600.000 millones”.
Enfrentados a una fuerte inflación (70% en 2021, 39% en 2022, 30% en 2023), la mayoría de los cubanos ha visto caer en picada su poder adquisitivo, en momentos en que algunos negocios privados colman sus estanterías de productos importados inasequibles, ampliando desigualdades cada vez más visibles.
El primer ministro prometió una “nueva ley de empresas” en septiembre y destacó que en la economía planificada del país el 20% de la fuerza laboral trabaja en el sector informal.
