La Contraloría advirtió de que no existe una supervisión propia de parte de la Administración en la operación de la ruta 27; señaló controles deficientes en temas como multas e ingresos por peajes.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de debilidades del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en la supervisión del contrato mediante el cual opera la ruta 27, que comunica San José con Caldera.
De acuerdo con el documento DFOE-CIU (CNC) -IAD-00005-2024, emitido el pasado 12 de julio, el CNC no cuenta con una inspección técnica propia para la explotación de la obra y depende únicamente de servicios de supervisión contratados externamente.
El contrato indica que esa unidad debería estar conformada por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el propio CNC, con apoyo de asesores externos que velen por la correcta ejecución de la fase de explotación y asesoren al gerente de proyecto en la toma de decisiones técnicas.
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Según la Contraloría, delegar esa función impide a la gerencia del proyecto contar con los mecanismos de control, la capacidad técnica y el personal necesario para cumplir con sus responsabilidades de supervisión, control y toma de decisiones.
Adicionalmente, el ente contralor evidenció que el CNC no posee una serie de documentos técnicos necesarios para verificar y garantizar el estado de deterioro y funcionamiento de las obras que componen la carretera. Tampoco se cuenta con un registro de la planificación aprobada con plazos máximos y responsables para resolver el colapso que enfrenta actualmente el proyecto.
Otro de los hallazgos apunta a la existencia de al menos 592 recomendaciones de multas por presuntos incumplimientos del concesionario Ruta 27 (antes Globalvia), relacionados con deterioros en las obras, las cuales fueron emitidas entre 2018 y 2023, pero que no han sido resueltas hasta la fecha. Según la CGR, esta situación pone en riesgo la aplicación de las sanciones.
De acuerdo con el informe, se constató que existe un documento denominado “Procedimiento de aplicación de multas a la concesionaria del proyecto”, el cual establece las acciones, plazos y responsables para la aplicación de las multas ante los incumplimientos del concesionario.
Adicionalmente, según el órgano contralor, no existe el control de los ingresos de peajes y no se ha garantizado el acceso, actualización y respaldo de la información generada durante la ejecución del contrato de concesión, lo cual “perjudica el ejercicio de sus funciones de control”.
El CNC, por su parte, expuso en los oficios de respuesta enviados a la Contraloría, que la Administración “no cuenta con una estrategia formalmente establecida y consensuada con todas las partes involucradas, que defina la programación, los recursos mínimos necesarios, las coordinaciones y los responsables para resolver las recomendaciones de multas acumuladas”.
Igualmente, admitió que no cuentan con herramientas de control para verificar en tiempo y forma el cumplimiento de los procesos de multa vigentes.
En mayo del año pasado, la entonces secretaria técnica el CNC estimó que los casi 600 procesos de multas que tenían recopilados hasta ese entonces, podrían representar el pago de hasta $60 millones por parte de la empresa.
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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, aseveró en abril pasado que el CNC carecía de la institucionalidad necesaria para administrar los proyectos de concesión que el país requiere. En mayo, ese ente nombró a la quinta secretaria técnica en lo que va del actual gobierno.
Batalla aseguró el 11 de julio en conferencia de prensa que la nueva jerarca, Paula Reyes, tiene entre sus principales tareas, para el tiempo que resta de la Administración, llevar a buen término la negociación con la concesionaria de la ruta 27 para la ampliación de la vía.
La ruta 27 se inauguró en el 2010. Se estima solo por el tramo entre Sabana y Escazú transitan a diario unos 100.000 vehículos.
