En estos días se debate sobre la insuficiencia del sistema tributario para sostener el estado de bienestar, que tomó décadas construir y que ha mejorado notablemente el desarrollo humano. Sin embargo, la carga de alrededor del 13% del PIB no sustenta de manera suficiente los gastos del Estado, especialmente la inversión social, a consecuencia del estrujamiento del servicio de la deuda.
Se ha recurrido a la acumulación de déficit fiscal. Año tras año y durante mucho tiempo, el déficit se ha financiado con deuda interna y externa, aceleradamente creciente, hasta colocar al país en estado de vulnerabilidad. Más de un tercio de los ingresos tienen que destinarse al servicio de la deuda (un 4,5% del PIB del 13% de la carga).
Escogimos un estilo de desarrollo, desde mediados de la década de los 80, basado en la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera directa, y su operación mediante un conjunto de incentivos, sobre todo de carácter fiscal, tales como exenciones de impuestos, o cierto favorecimiento en algunos precios de los insumos dentro del país.
Esta situación genera algo muy importante, y es que una porción de la economía nacional, no tan grande pero sí la más dinámica en materia de exportaciones, quedó exenta de impuestos. Así que lo más dinámico está exento por más del 3% del PIB, mientras lo menos dinámico paga los impuestos y subsidia lo más dinámico.
Cuanto mejor le va a ese sector económico (que no contribuye tributariamente), peor le va al fisco (si aumentan los gastos asociados a los insumos y condiciones del sector, más dinámico pero exento).
El gobierno anunció, con bombos y platillos, un alto crecimiento del PIB, pero olvidó decir que lo que aumentó es la parte libre del impuesto sobre la renta, las zonas francas, pero no así el resto de la economía, más del 80% del PIB. Esta parte está estancada y seca, ya no puede dar más.
La baja en la recaudación de impuestos no fue ocasionada solamente por una merma en el impuesto sobre la renta, también cayó la recaudación del impuesto sobre la propiedad, pagada mayoritariamente por los vehículos. Y eso tiene una explicación: hubo proporcionalmente una menor compra de vehículos tradicionales y mayores exenciones a los autos eléctricos, muchos de ellos de lujo.
El sistema político teme incrementar la carga tributaria, pues se sabe con escasa legitimidad y conoce que la sombra de la corrupción está rodeándolo. Pero, a su vez, es necesario acrecentar la carga tributaria con el fin de reducir o eliminar los impactos más negativos de la restricción atroz de la inversión y el gasto público.
Entonces, ¿cuál diseño de incremento de carga tributaria puede impulsarse? Pongo condiciones realistas al diseño:
1. La propuesta de impuesto no debe recargarse en los que ya lo pagan. Ellos subsidian directamente a quienes gozan de exenciones pero disfrutan de bienes públicos.
2. La propuesta de impuesto debe ayudar a la gestión de los bienes públicos, o resolver problemas que dificulten la gestión de políticas públicas.
3. La propuesta de impuesto debe atenuar o anular impactos económicos, o productivos, considerando disposiciones que los posibles contribuyentes de todas formas enfrentan.
Por lo pronto, parece necesario valorar la conveniencia de intentar poner impuestos a las zonas francas y los servicios internacionales a empresas transnacionales. Esta exención comenzó justificada por el empleo masivo que generaron hace casi cuatro décadas. Ahora contratan poco trabajo (alrededor del 10% de la población ocupada). Ya han tenido una carga adicional al verse obligadas a renegociar los salarios en dólares con sus trabajadores, quienes los vieron disminuir en un 27% cuando el tipo de cambio llegó a ¢500.
Debe considerarse que en la Unión Europea rige gravar con una renta mínima a las grandes transnacionales. Inicialmente, contó con el apoyo de más de 140 países, incluidos los Estados Unidos.
Las zonas francas y los servicios internacionales en Costa Rica son fundamentalmente de empresas norteamericanas, muchas de las cuales son muy grandes. Biden, quien lo promovió al principio, perdió la ley ante el legislativo.
Lo que debería hacer el país, ante el impuesto mínimo sobre la renta de las grandes transnacionales, es aplicar esta ventaja con las empresas de países que ya la han aprobado, y observar cómo avanza la iniciativa y promoverla muy activamente, además de preparar los cambios institucionales para aprovechar la disposición en cuanto sea aprobada en más países. Por ejemplo, manteniendo vigentes o promoviendo tratados para evitar la doble imposición.
Muchos han insistido en la renta mundial, que grava los ingresos generados por residentes en el país fuera de nuestro territorio. Sí, pero que no estén gravados en donde invierten, porque no son residentes ahí. Tampoco aquí, porque los réditos no se producen en nuestro territorio.
El país conoce anualmente los montos que los nacionales devengan en los Estados Unidos y otros países, pues tiene convenios sobre información fiscal. Por su parte, los residentes nacionales, incluso los exentos, disfrutan y exigen bienes públicos.
El acuerdo del gobierno con el FMI, ratificado por la Asamblea Legislativa, incluye como obligación un incremento de los ingresos del Estado, indispensables para recuperar la inversión en infraestructura, educación, salud y atención de los más vulnerables. También para mejorar el manejo de deuda. El proyecto sobre renta mundial requiere mayoría calificada del Congreso.
El exceso de divisas de diverso tipo ha apreciado el colón. También, hay claridad sobre sus efectos muy perjudiciales en sectores productivos como agricultura, industria, servicios para el mercado interno y el exportador.
En general, el clamor es que se haga algo, también dirigido al BCCR, aunque no únicamente. El BCCR bajó la tasa de política monetaria y el impacto movió la aguja. La debilidad de la política pública y la existencia de ministerios especializados sugiere modernización y acciones más eficaces.
El BCCR insiste en obtener información detallada de todo tipo de transacciones financieras. Además, el presidente del BCCR ha manifestado que el Banco no cuenta con instrumentos ni políticas para afrontar el riesgo de estos flujos y que sus técnicos están trabajando arduamente para saber con precisión de qué se trata y cuán importantes son tales flujos.
Un impuesto no significativo (un 4 por 1.000) sobre todas las transacciones internacionales, recaudado por el sector más moderno de la economía con sistemas eficientes instalados, el sector financiero, incluido el BCCR, gravamen aprobado durante solo cinco años, resolvería nuestras mayores presiones y restricciones.
Además, proporcionaría al país información sobre qué son y cómo se componen estos flujos internacionales. La objeción del FMI a este tipo de impuestos, por perder con cierta celeridad capacidad de recaudación, estaría cubierta por el diseño de la vigencia, es decir, a mediano plazo (cinco años).
No es necesario aprobar todo. Sí lo es escoger alguna de las tres opciones anteriores, o una combinación, suficiente para obtener 1,5 o 2 puntos porcentuales del PIB adicionales de carga tributaria. El incremento debe ir acompañado de disposiciones anticorrupción, respeto hacia las instituciones y el señalamiento de prioridades presupuestarias exigibles y sancionables.
No hay más remedio que funcionar con un gabinete sombra, con capacidades técnicas, respetuoso de la ley y metas precisas.
miguel.gutierrez.saxe@gmail.com
El autor es economista.
