Ciudad de Guatemala. Un tribunal de Guatemala sentenció este lunes a cinco años de prisión a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, acusada de revelar información confidencial, en una causa criticada por la comunidad internacional.
Esta es la segunda condena contra Laparra, de 44 años, luego de que el 16 de diciembre de 2022 fuera sentenciada a cuatro años de prisión en otro polémico proceso, señalada de denunciar un juez sin poseer atribuciones para ello.
“Por la comisión de este delito penal se le impone la pena de cinco años de prisión con carácter conmutable”, dijo en la lectura del fallo el juez Moisés de León, del tribunal de la ciudad de Quetzaltenango, unos 200 km al oeste de la capital.
Laparra, quien permanece con arresto domiciliario desde el 4 de enero tras afrontar dos años en prisión, era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango cuando fue arrestada en medio de una ola represiva contra fiscales y jueces que tuvieron a cargo sonados casos de corrupción.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) ya sancionaron a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por la persecución contra una treintena de funcionarios de la justicia local, entre ellos Laparra, y otros que se exiliaron.
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Además, la organización Amnistía Internacional (AI) considera a Laparra como una “presa de conciencia” y asegura que fue detenida y procesada por su labor antimafias.
El juez De León afirmó que durante el juicio, iniciado el 27 de mayo, se estableció que Laparra “es responsable del delito de revelación de información reservada en el grado de autora cometidos en contra de la administración pública y la administración de justicia”.
A la exfiscal también le impuso una multa de unos $6.400 y quedó incapacitada para postularse a cargos públicos por 10 años.
Adicionalmente, De León dispuso que Laparra puede continuar en prisión domiciliaria si paga $64 centavos por cada día de condena ($1.168 por los cinco años).
Tras conocer la sentencia, Laparra arremetió contra el sistema judicial guatemalteco y afirmó que actúo apegada a la ley.
“Virginia Laparra está dos veces condenada, estuve dos años presa por presentar denuncias administrativas, no me arrepiento”, declaró la exfiscal a periodistas.
“Y el fiasco de justicia que tenemos en Guatemala puede decir lo que quiera, yo tengo mi dignidad intacta, no me arrepiento de ninguna de mis acciones”, insistió Laparra, quien estuvo a punto de romper en llanto al recordar a sus dos hijas en la sala del tribunal.
Tras anunciarse el fallo, Amnistía Internacional criticó la condena impuesta a la exfiscal.
“La condena de hoy lamentablemente es un ejemplo más de la persecución por motivos políticos impulsada por el Organismo Judicial y el Ministerio Público en contra de quienes lucharon en contra la corrupción”, expresó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.
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“No existen las garantías del debido proceso legal para estas personas. Esta nueva condena, apenas 18 meses después de la primera, dictada en 2022, es muestra del ensañamiento” contra de la exfiscal, agregó Piquer en un comunicado.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el poder desde enero pasado, trató de conseguir la salida de Porras, pero carece de atribuciones para destituirla. La cuestionada fiscal general tiene mandato hasta 2026.
La Unión Europea (UE) expresó su preocupación por la sentencia a cinco años de prisión dictada el lunes contra la exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra, quien fue condenada por revelar información confidencial.
En una nota, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE, la cancillería de la UE), señaló que Laparra, estuvo “investigando corrupción de alto nivel en Guatemala”.
De acuerdo con la nota, la UE “denunció anteriormente esfuerzos para intimidar a jueces, abogados y fiscales guatemaltecos independientes que investigan la corrupción y luchan contra la impunidad sometiéndolos a acusaciones e investigaciones penales”.
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Por ello, la UE “continúa preocupada por los esfuerzos para boicotear el Estado de derecho a través del procesamiento o la intimidación de funcionarios públicos”, entre otros, afirmó la nota.
“También expresamos nuestro continuo apoyo a los esfuerzos del presidente Arévalo, electo democráticamente, para abordar la corrupción y fortalecer el estado de derecho a través de su programa de reformas en Guatemala”, agregó.
Laparra era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en la ciudad de Quetzaltenango cuando fue arrestada en medio de una ola represiva contra fiscales y jueces que tuvieron a cargo sonados casos de corrupción.
La entidad humanitaria Amnistía Internacional considera a Laparra como una “presa de conciencia” y sostiene que fue detenida y procesada por su labor antimafias.
