El Banco Popular (BP) cayó en irregularidad financiera a raíz de una serie de debilidades a nivel de gobierno corporativo en la Junta Directiva detectadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), tras efectuar un estudio de supervisión basado en riesgos en la institución pública.
Así se detalla en el oficio SGF-0072-2024 que la Superintendencia remitió al Banco el 15 de enero de 2024, y en el documento SGF-1981-2024, del 26 de junio, enviado a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del BP. Ambos documentos fueron suscritos por Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Sugef.
“La Superintendencia realizó un estudio (...) para valorar los aspectos asociados con la calidad de gobierno corporativo, calidad de la gestión de riesgos, evaluación de la situación económica financiera, calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio (...) A partir de los resultados obtenidos se asigna al Banco Popular una calificación de irregularidad 1″, se indica en el documento de Sugef, de junio anterior, del que La Nación tiene copia.
La decisión de Sugef se basó principalmente en las debilidades detectadas en la calidad del gobierno corporativo del BP como los constantes cambios de directivos, en 15 meses la Junta tuvo tres presidentes y porque el Gobierno mantiene el nombramiento pro tempore de sus cuatro miembros de manera indefinida.
También se identificó vulnerabilidad en la calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio porque la entidad “no cumple de manera significativa con la reglamentación de gobierno corporativo y se aleja de las mejores prácticas. Las debilidades señaladas, deben ser atendidas de inmediato”, argumentó la Superintendencia.
En las categorías de evaluación de la situación económica financiera y calidad de la gestión de riesgos la Sugef dio una calificación de aceptable y de necesidad de mejorar, respectivamente, según los parámetros del Reglamento para calificar a las entidades supervisadas.
Gobierno extiende control en Junta Directiva del Banco Popular por plazo indefinido
Dicha normativa establece un rango de calificación de 1 a 4 para cada clase, donde 1 significa un nivel adecuado y 4 es débil. El reglamento dicta que cuando dos o más categorías tienen una nota de cuatro, la institución evaluada cae en irregularidad.
Cuando se trata de irregularidad 1, la entidad debe presentar un plan remedial para corregir las debilidades señaladas. La Superintendencia es la que determina cuándo la institución financiera pasa a grado de normalidad.
Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente del Banco Popular, explicó a este diario que la institución presentó un plan de acción a Sugef, aprobado por la Junta en marzo, para la mejora en aspectos de gobierno corporativo y cumplimiento normativo, el cual presenta un grado de avance muy relevante. Aunque no detalló las medidas correctivas específicas para cumplir con los señalamientos de la Superintendencia.
“El Banco no se encuentra en ningún tipo de irregularidad que afecte a nuestros clientes”, afirmó el jerarca.
Además, insistió en que el informe de evaluación de la Superintendencia corresponde a hallazgos propios de la gestión de una institución particular en la constitución de su Directiva. “Este banco tiene una conformación política que, hasta el día de hoy, no ha afectado nunca los indicadores financieros de la entidad”, recalcó Sánchez.
La Junta del BP está conformada por tres directivos nombrados por el Gobierno y cuatro por la Asamblea de Trabajadores, la cual está conformada por 290 delegados de 10 diferentes sectores. Sin embargo, el Poder Ejecutivo eligió a todos los miembros de la Directiva porque rechazó a los elegidos por la Asamblea de Trabajadores.
En febrero pasado, La Nación reveló que Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente de la Directiva del Banco Popular y quien fue elegido por el Gobierno como representante estatal, incumple el requisito de experiencia para ejercer el cargo. Así se reveló en el Reporte de Evaluación de idoneidad de Juntas Directivas, sus miembros y Altas Gerencias 2023, a cargo de KPMG, aplicada al Banco Popular y las subsidiarias.
Adicionalmente, una fiscalización de la Sugef reveló que un total de 21 de los 30 miembros de las juntas directivas de las subsidiarias del Banco Popular incumplen los criterios individuales de idoneidad establecidos para ocupar sus puestos.
El Banco Popular es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por Sugef. Esto quiere decir que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufriera un deterioro en su funcionamiento o cayera en insolvencia. Las otras entidades con dicho peso son el Banco Nacional, BAC Credomatic y el Banco de Costa Rica.
El resultado de la fiscalización de la Sugef generó un choque entre el presidente de la Directiva del BP y Lenín Hernández Navas, jerarca de la Asamblea de Trabajadores de la institución pública.
Sánchez Sibaja calificó de “peligrosa e irresponsable” la actitud de Hernández por referirse al informe de fiscalización, los hallazgos de la Superintendencia y generar dudas sobre la situación económica financiera de la institución.
“El Banco es una entidad seria y sólida, con el mayor patrimonio del sistema bancario, que tiene la confianza de más de 1 millón de clientes y que toma muy en serio el rol de las Superintendencias en pro de la mejora de las entidades fiscalizadas”, afirmó el presidente del Popular.
Por su parte, Lenín Hernández pidió a Jorge Eduardo Sánchez dimitir del cargo por los incumplimientos reglamentarios señalados por la Sugef.
“Por un tema de honestidad, transparencia y del deber de probidad de toda persona que ostenta un puesto público, don Jorge Eduardo Sánchez debe renunciar al puesto como presidente de la Junta Directiva del Banco Popular porque no cumple, ni nunca va a cumplir, los ocho años de experiencia (para el cargo)”, apuntó Hernández.
