Funcionarios de Migración presuntamente avisaban a banda del Caso Madre Patria cuando extranjeros salían del país, y así aprovechar para robarles sus propiedades por medio de fraude registral
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) abrió una investigación administrativa para averiguar si funcionarios de la entidad colaboraron con el grupo investigado, por fraude registral, dentro del Caso Madre Patria.
Mario Zamora, ministro de Gobernación y Policía, entidad a la que está adscrita Migración, afirmó este martes que de momento hay una persona identificada, y podría haber más involucrados conforme avance el proceso interno, del cual está siendo informado el Ministerio Público.
El jerarca señaló que, al parecer, los funcionarios ayudaban a la banda a identificar el estatus migratorio de una posible víctima, con el fin de apropiarse de sus propiedades por medio de fraude registral, y trasladarlas a terceros. De momento, ninguna persona ha sido detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La apertura del proceso interno fue confirmada a este medio por la Dirección de Migración, sin detallar la identidad del funcionario identificado.
Caso Madre Patria: banda usó abogado en Migración para rastrear víctimas de fraude
Este martes, La Nación publicó que uno de los notarios detenidos en esta causa, de apellidos Loaiza Bolandi, supuestamente consultaba a su sobrino, funcionario en el departamento legal de la DGME, para verificar si los dueños de las propiedades que buscaban robar estaban en el país o habían muerto, y así bajar el riesgo de ser descubiertos al traspasar la propiedad ante el Registro Público.
Esa relación quedó registrada en llamadas telefónicas de Loaiza con familiares suyos o con otros miembros de la organización, según se constata en la solicitud de allanamiento, registro y secuestro de evidencia planteada por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, de la cual La Nación tiene copia.
El Caso Madre Patria trascendió el 25 de junio, cuando el OIJ realizó 47 allanamientos en distintos puntos del país y arrestó a 36 personas, entre ellos los españoles Unaí León Muñoz y Fernando Gómez González, presuntos líderes de la organización. También son investigados funcionarios y exfuncionarios judiciales, abogados, notarios y oficiales de Tránsito.
El sobrino de Loaiza no figura entre esos detenidos. Este lunes por la tarde se le consultó a la Fiscalía si el funcionario de Migración es investigado; sin embargo, este martes respondieron que no pueden referirse a una eventual pesquisa, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
