El plenario de la Asamblea Legislativa definirá si se incluyen más delitos en la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses o si se mantiene la redacción original, que limita la entrega de nacionales a casos relacionados con el tráfico internacional de drogas y el terrorismo.
Igualmente, el pleno de los diputados tendrá que decidir si la extradición se introduce en el artículo 32 de la Constitución Política, como lo plantea la iniciativa, o si la traslada al numeral 31, como lo recomendó la Procuraduría General de la República (PGR).
El director de Servicios Técnicos del Congreso, Fernando Campos, confirmó a La Nación que las mociones de reforma constitucional se conocen y se aprueban en el plenario.
El expediente 23.701 recibió este lunes un dictamen afirmativo unánime de la comisión legislativa especial encargada de estudiar el texto, sin que se variara la redacción de la propuesta original, presentada por la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros.
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Óscar Izquierdo, presidente del foro legislativo y jefe de Liberación Nacional (PLN), explicó que siguen a la espera de que Servicios Técnicos remita el informe que se le solicitó, desde el pasado 26 de junio, para determinar si es viable sumar delitos al expediente legislativo o si un cambio en este sentido desviaría la propuesta de su objetivo original, lo que configuraría un vicio al principio de conexidad.
Izquierdo dijo que no hay un acuerdo sobre los demás crímenes que se podrían añadir, sino que todo depende de lo que Servicios Técnicos responda, a partir de “una lista muy larga” que los parlamentarios plantearon y solicitaron evaluar, a la luz de la reforma.
El diputado afirmó que tampoco existe una decisión a lo interno de su bancada.
“No tiene sentido entrar a analizarlo ahora cuando no sabemos si tienen conexidad o no. Vamos a esperar a lo que diga Servicios Técnicos para, a partir de ahí, tomar una decisión”, añadió.
El diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), abogó por incluir otras conductas delictivas conexas, como el blanqueo de capitales y la asociación ilícita. “Nos dicen los expertos que usualmente las acusaciones incluyen estos delitos y que es más sencilla la persecución penal de esos dos tipos que del tráfico internacional de drogas”, agregó.
No obstante, mencionó que, si bien su fracción está de acuerdo, en términos generales, con la reforma, aún está pendiente la toma de un acuerdo para enriquecer la propuesta de ley, sobre cuáles son esos otros delitos que se deben añadir.
La verdiblanca Paulina Ramírez expresó un criterio similar al de Feinzaig. Alegó legó que la reforma, tal y como está planteada, “podría resultar muy limitada”.
“Creo que ha llegado el momento de realizar modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico para permitir que, bajo ciertos supuestos y respetando ciertos derechos y garantías, cualquier costarricense que presuntamente haya cometido hechos delictivos en el territorio de otro país, pueda someterse al procedimiento penal extranjero, ya sea para demostrar su inocencia, o bien, para ser sancionado conforme a la ley y cumplir la condena. No se vale escudarse en la nacionalidad para evadir la justicia”, argumentó.
Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también declaró que hay interés de su fracción en agregar a la propuesta los delitos vinculados con el narcotráfico.
Por su parte, David Segura afirmó que el Partido Nueva República (PNR), “está completamente de acuerdo con que la redacción del artículo quede totalmente abierta a cualquier tipo de delitos”.
Gonzalo Gómez Escobar, asesor de la Fiscalía General de Colombia, recomendó a los legisladores abrir la redacción para sumar otros delitos, que no limiten la reforma al narcotráfico o al terrorismo.
El experto advirtió a los parlamentarios costarricenses de que la reforma era limitada y “generaría problemas de impunidad”. Como ejemplo, mencionó que, cuando Estados Unidos pide extraditar a una persona por narcotráfico, también incluye en la petición los delitos de lavado de dinero y conspiración.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, hizo la misma sugerencia y propuso que se incorporen la trata de personas, el tráfico de armas y hasta los femicidios.
En tanto, la Procuraduría sugirió incluir las conductas contempladas en el Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión), así como las relacionadas con las convenciones internacionales atinentes a las materias de terrorismo y tráfico internacional de drogas, que constituyen compromisos asumidos por Costa Rica en el ámbito de las Naciones Unidas.
Si bien la discusión se ha centrado en la posibilidad de incluir más delitos, la Procuraduría hizo un señalamiento adicional sobre introducir el cambio en el artículo 32 de la Carta Magna.
El abogado del Estado advirtió que la prohibición del artículo 32, de que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”, fue establecida por el constituyente originario, “para evitar la expulsión de nacionales por razones políticas”, por lo que no guarda relación con el procedimiento de extradición regulado en el numeral 31.
El párrafo segundo del artículo 31 de la Constitución Política señala que “la extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense”.
Al respecto, Izquierdo aseguró que la mayoría de expertos a los que consultó la comisión, consideraron que lo indicado era plantear el cambio en el artículo 32.
La reforma requiere de al menos 38 votos para su aprobación en primer debate en el plenario, para luego enviarla a consulta a la Sala Constitucional.
