El presidente Mulino ha dado señales tranquilizadoras, que esperamos conduzcan a una buena gestión.
Panamá ya tiene nuevo gobierno. El lunes, José Raúl Mulino tomó posesión como presidente, tras su triunfo en las elecciones del 5 de mayo. Llegó al cargo de manera atípica, por decir lo menos: como reemplazo de Ricardo Martinelli, a quien acompañaba de segundo en la fórmula de los partidos RM y Alianza, luego de que el expresidente fuera inhabilitado por una condena de lavado de dinero.
Su campaña la basó en esa relación, que lo impulsó y le permitió imponerse en unos comicios abiertos y libres. Lo primero generó justificadas dudas; lo segundo, le dio merecida legitimidad. En las semanas transcurridas desde entonces, Mulino dio una serie de señales y tomó un conjunto de decisiones tranquilizadoras. Su discurso inaugural abonó al sentido de alivio e, incluso, a expectativas favorables sobre el posible desarrollo de su mandato. Pronto sabremos si se harán tangibles.
Su solidaridad con Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua, cada vez ha sido más tenue. Dos días antes de tomar posesión, se definió como “un hombre de ley, que cree en el Estado de derecho” y, por ello, aunque es su amigo, no puede saltarse “la tranca, violando la ley y la Constitución”.
El nuevo gabinete, con poca representación femenina, incluye ministros que son claros productos de compromisos políticos, pero varios provienen de otros partidos y del sector privado, o son figuras independientes. Entre ellos están cargos tan importantes como Seguridad (Frank Ábrego), Economía y Finanzas (Felipe Chapman), Asuntos del Canal (José Ramón Icaza) y Relaciones Exteriores (Javier Eduardo Martínez).
Si Mulino logra ejercer un liderazgo propositivo, articula una buena coordinación de su equipo y le permite trabajar con independencia, es posible que consiga impulsar buenas iniciativas y, sobre todo, abordar retos de gran magnitud. Entre estos están los abultados déficit fiscal y deuda pública, la crisis de la seguridad social, el impacto de la sequía en el caudal del canal y completar el cierre —o replantear la operación— de una mina de cobre cuyo contrato condujo a enormes protestas sociales el pasado año.
A lo anterior se añade un tema recurrente en la campaña: la crisis humanitaria, social e, incluso, ambiental, desatada por los flujos masivos y descontrolados de migrantes que pasan por el tapón del Darién. Se calcula que en el 2023 superaron las 500.000 personas, más del 60% venezolanas, y que en lo que va del presente año han ingresado casi 200.000. Es un asunto que también afecta a Costa Rica, porque su propósito generalizado es seguir la travesía hasta la frontera sur de Estados Unidos.
Si asumen los riesgos del trayecto, es por la situación desesperada que sufren en los países de los que proceden. Esto también las hace víctimas de bandas de traficantes que las explotan, agreden y despojan de sus pocos bienes; a menudo, también de sus vidas. El reto es insoslayable. Mulino lo convirtió en tema de campaña, de manera agresiva y excluyente, pero su abordaje requiere particulares cuidados.
Por el momento, el mismo día de su toma de posesión, firmó un memorando de entendimiento con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Según el documento, Washington se compromete a asumir los gastos de logística y transporte para la repatriación de los migrantes en condición ilegal, que son casi todos los que pasan por el Darién.
El gran reto es cómo hacerlo, no solo por la dimensión del desafío, sino también —y sobre todo— por la necesidad de no violentar los derechos de esas personas. Esperamos que estas variables tan críticas sean consideradas seriamente.
En el frente político, Mulino deberá lidiar con una Asamblea Nacional en extremo fragmentada. Su grupo apenas cuenta con 15 de 77 diputados; el resto lo constituyen 35 de partidos opositores y 20 que llegaron por libre postulación. (Aún existe un puesto en disputa). Si esta aritmética genera ingobernabilidad o moderación en el gobierno, dependerá en mucho de su capacidad negociadora.
Esperamos que las buenas señales recientes conduzcan a un buen gobierno, que logre dinamizar la economía, superar los retos sociales, fiscales y ambientales, combatir la corrupción y proteger el Estado de derecho. Los panameños lo merecen de sobra. Además, tendrá un impacto muy beneficioso en nuestras tradicionales buenas relaciones.
