La investigación biomédica es la única forma de generar conocimiento que permita entender mejor y encontrar soluciones terapéuticas a enfermedades que afectan a los seres humanos.
Dentro de esta, la investigación clínica intervencional es fundamental, ya que constituye el último proceso de la investigación biomédica mediante la cual se realizan estudios clínicos con medicamentos o dispositivos médicos en prueba para demostrar su seguridad y eficacia.
En estos programas participan seres humanos voluntariamente; algunos sanos, otros enfermos, dependiendo de la fase del estudio clínico.
Los estudios clínicos intervencionales son procesos regulados y supervisados. En el caso de Costa Rica, por los comités ético-científicos (CEC), que a su vez son acreditados por el Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis), como lo establece la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, número 9234.
La función de los CEC es justamente la de asegurar que en las investigaciones biomédicas se respeten, estrictamente, la vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad humana, y que se cumplan los requisitos y los criterios de rigurosidad científica, así como las normas éticas que regulan la materia.
Se trata de un principio que la Cámara Costarricense de la Salud, representante del sector privado de la salud, considera fundamental: los derechos de los participantes prevalecen sobre los intereses de la ciencia (y de la economía).
Lamentablemente, la investigación clínica en el país enfrenta grandes retos: por un lado, para que esta sea accesible a los pacientes que buscan soluciones innovadoras a sus problemas de salud (en muchas ocasiones, su única esperanza de vida o sobrevida), y por otro, para el resto de los actores en este ecosistema, principalmente los investigadores y los patrocinadores que están encontrando condiciones nacionales poco favorables.
A pesar de contar con una ley, un reglamento y un ente rector (el Conis) que regula la actividad, el sistema no siempre brinda las condiciones de competitividad que se requieren para fortalecer esta importante actividad en Costa Rica.
Además, los trámites burocráticos retrasan en ciertos momentos el avance de la investigación y faltan condiciones esenciales que faciliten la realización de estudios clínicos intervencionales en la seguridad social. El resultado es, entonces, un impacto negativo en los pacientes, los investigadores y los patrocinadores.
Por otra parte, los recursos públicos para estos programas son muy escasos y la mayoría de las veces se asignan a programas de investigación biomédica no clínicos.
Por consiguiente, las alianzas público-privadas (APP) surgen como alternativas relevantes. El Comité de Investigación de la Cámara Costarricense de la Salud promueve este modelo de colaboración con el fin de llevar a cabo estudios clínicos intervencionales en el país.
El mayor beneficiado siempre será aquel paciente cuyas posibilidades terapéuticas se hayan agotado, situación frecuente en un país como Costa Rica, en el que las patologías crónicas (cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc.) son prevalentes y la principal causa de mortalidad.
Para la conducción de los estudios son necesarios recursos materiales, infraestructura y talento humano dedicado a este fin, lo cual implica inversión económica.
El aporte de la inversión en los ensayos clínicos será un beneficio adicional que el sistema de salud puede adquirir para reinvertir en los mismos pacientes y en el personal científico y médico.
Por tanto, lejos de satanizar la investigación clínica intervencional o las alianzas público-privadas, deberían verse como un proceso ganar ganar, que, además de ofrecer posibilidades terapéuticas innovadoras a los pacientes respetando los más altos principios éticos y sus derechos, también produce conocimiento, genera ingresos para el sistema de salud y ofrece más y mejores empleos a los profesionales en ciencias de la salud.
El autor es coordinador del Comité de Investigación de la Cámara Costarricense de la Salud.
