Desde marzo del 2022, la Procuraduría ordenó al Inder tomar acciones legales para recobrar terrenos boscosos que concedió a privados mediante una ley declarada inconstitucional. Fiscalía presume tráfico de tierras en la zona.
El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) lleva más de dos años sin cumplir la orden de recuperar al menos 64 hectáreas de zonas protegidas inalienables del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur (Talamanca, Limón), las cuales entregó a manos privadas mediante una ley inconstitucional promulgada en el 2014
Hace 27 meses, el 7 de marzo del 2022, la Procuraduría General de la República (PGR) remitió a la Presidencia Ejecutiva del Inder una lista de 148 fincas colmadas de árboles con la instrucción de entablar los respectivos procesos de lesividad de los actos administrativos ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Sin embargo, a la fecha, el Instituto no ha emprendido ninguna acción legal para recuperarlos.
Fiscalía denuncia tráfico de tierras en Caribe Sur
Así lo reconoció el Inder ante una consulta de La Nación. Argumentó falta de personal y dificultades para recolectar la información necesaria.
El 20 de marzo del 2014 entró a regir la Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (N.° 9223), la cual redefinió los límites del Refugio Gandoca-Manzanillo para retirar la condición de dominio público de 188 hectáreas, a fin de reconocer derechos a terceros que habitaban la zona.
La ley la impulsaron los entonces diputados Wálter Céspedes y Manuel Hernández, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario. Actualmente, son los alcaldes de Matina y Pococí, respectivamente.
En el 2019, la Sala IV declaró inconstitucional esa ley por haber incluido territorios comprendidos en la zona boscosa y ordenó recuperarlos, de manera que quedaran otra vez dentro de los límites del refugio (resolución N.° 12745-2019). En esta reserva, se encuentra una de las zonas más ricas en biodiversidad de Costa Rica, tanto en flora boscosa y marina como en fauna, lo que incluye 38 especies de mamíferos, algunos en peligro de extinción.
El Tribunal Constitucional encomendó la tarea al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a la Procuraduría, en su condición de abogado del Estado.
El Sinac identificó las fincas con algún porcentaje de cobertura boscosa, mediante un análisis catastral, contrarrestando el mapa catastral del Registro Inmobiliario con una delimitación de bosque realizada por esa entidad en el 2020.
El listado con las fincas fue remitido a la Procuraduría en febrero del 2021 y no solo incluía terrenos con bosque, sino también otras propiedades en manos privadas que estaban dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) o comprendían humedales, es decir, tierras inalienables que pertenecen al Estado y que no se pueden venderse.
Paralelamente, el abogado del Estado solicitó 15 estudios de imágenes satelitales al Instituto Geográfico Nacional (IGN) y, con esos insumos, remitió el 7 de marzo del 2022 el oficio DAA-OFI-370-2022 al entonces presidente del Inder, Luis Diego Aguilar Monge, quien dejó el cargo dos meses después con el cambio de gobierno.
En ese oficio de 30 páginas, la Procuraduría recordó al Inder su competencia y responsabilidad de ejercer las acciones legales en defensa del patrimonio público y recuperar las tierras protegidas. El abogado del Estado llegó a esa conclusión porque las fincas que fueron desafectadas eran del antiguo Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), que se transformó en Inder.
“Esta Procuraduría y el Tribunal Constitucional han considerado al Instituto responsable por haber enajenado terrenos dentro de un área silvestre protegida, como en este caso, y el Inder cuenta, entre sus competencias, con la de ‘plantear las acciones administrativas o judiciales que correspondan para recuperar los bienes muebles e inmuebles que hayan sido apropiados ilegalmente’”, se consignó en ese oficio, el cual fue firmado por la procuradora Susana Fallas Cubero y la abogada de la PGR, Hazel Hernández Calderón.
En esa zona por delimitar, la Fiscalía Adjunta Ambiental indaga un presunto tráfico de tierras. Ante una consulta de este diario, el fiscal coordinador de esa instancia, Luis Diego Hernández, reconoció que el informe de la Procuraduría es uno de los asuntos vinculados al tema de Caribe Sur que está bajo investigación.
Hernández insistió en que el informe de la PGR “refuerza” lo que ha venido denunciando en las últimas semanas, de “que muchos de esos espacios forman parte del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y que el Sinac les está dando un tratamiento de fincas privadas”.
En su criterio, ese tratamiento del Sinac ha permitido que se siga cambiando el uso de suelo de esas tierras (bosques), otorgando permisos de aprovechamiento forestal en contra del fallo de la Sala IV, el cual, por el contrario, ordenó delimitar esas 188 ha y recuperar las áreas que todavía tienen bosque.
Hernández aseguró que lo correcto sería impedir el otorgamiento de permisos de tala mientras no se cumpla con la sentencia de los magistrados constitucionales.
El Inder, a través de su oficina de prensa, reconoció que a lo largo de un año y un mes, a lo interno de la institución, no se registró ninguna actuación de cumplimiento del informe de la Procuraduría.
No fue sino hasta el 14 de abril del 2023, un mes y medio después de que asumió el actual presidente ejecutivo, Osvaldo Artavia Carballo, que la Dirección de Asuntos Jurídicos instruyó a la oficina de la entidad a cargo de la Región de Desarrollo Huetar Caribe, para que se realizaran “todas las gestiones necesarias”.
No obstante, el Instituto reconoció que el avance hasta ahora “es muy poco”. A la fecha, la Junta Directiva no ha declarado ninguna de las adjudicaciones, y sus respectivas titulaciones de tierras, como actos lesivos al interés público.
Por consiguiente, tampoco ha presentado ninguna demanda para anular la cesión de esas tierras de zonas protegidas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, alegando una lesividad a los intereses públicos, tal como le instruyó la PGR.
La institución justificó el incumplimiento, entre otras cosas, a “falta de personal profesional y técnico”; a “los constantes cambios en los nombramientos de las direcciones”; y a la complejidad para recolectar toda la información necesaria para sustentar las demandas.
“El avance para iniciar dichos procesos es muy poco debido a la falta de recursos que cuenta la Dirección Regional para proceder con los mismos”, respondió el Inder por escrito.
Eduardo Robert Ureña, el antecesor de Osvaldo Artavia en la Presidencia del Instituto, dijo no recordar que durante su gestión —la cual duró nueve meses—, haya tenido conocimiento del oficio de la PGR o que se hicieran gestiones de recuperación.
“No tengo recuerdo de ello, seré honesto y transparente, pero de este tema nunca tuve notificación al llegar al Inder o memoria de haberlo visto en mi tiempo allí”, declaró Ureña.
En la misma línea respondió Luis Diego Aguilar Monge, quien presidía el Inder cuando la Procuraduría remitió el informe. Eso ocurrió dos meses antes de que dejara el cargo, al término del mandato de Carlos Alvarado Quesada.
“Lo más lógico es que se haya trasladado al departamento jurídico o al Fondo de Tierras, pero no recuerdo haber firmado un oficio en ese sentido”, dijo Aguilar.
El Inder también se quejó del Sinac por no brindarle apoyo para avanzar con los procesos de lesividad, a pesar del fallo de la Sala IV.
Detalló que se intentó coordinar con ellos la localización de los predios, pero no obtuvieron una respuesta positiva. Alegaron, según el correo enviado a este diario, “falta de personal” entre otras razones.
Esa presunta escasez de apoyo coincide con la posición del Sinac en todo el tema. Contrario al informe de la Procuraduría, Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad Caribe, del Sinac, negó que la Sala IV les hubiera ordenado delimitar el área del Refugio Gandoca-Manzanillo.
Sinac niega que Sala IV ordenara delimitar 188 hectáreas de bosque en Caribe Sur
La funcionaria aseguró que se hizo una revisión en campo de las 188 ha y todas eran de propietarios privados. Por lo tanto, declaró, no fue necesario que la Procuraduría iniciara procesos de lesividad porque los terrenos no eran patrimonio natural del Estado por ser fincas inscritas. Así se pronunció el martes pasado, ante los diputados de la Comisión Legislativa de la Provincia de Limón.
Su postura fue criticada por el fiscal Luis Diego Hernández, quien dijo que le preocupa esa conclusión opuesta a lo dictado por los magistrados constitucionales.
La Procuraduría enumeró 132 fincas con cobertura boscosa, algunas hasta en un 100% y otras con porcentajes de 0,3%.
El conjunto de esas fincas mide 70,7 hectáreas donde una tercera parte (23,6 ha) es bosque, según los estudios del Sinac y un análisis hecho por este diario con las dimensiones de las fincas indicadas en el Registro Nacional.
Adicionalmente, el Instituto Geográfico identificó otras 16 fincas dentro de Zona Marítimo Terrestre con bosque, las cuales miden juntas 40,7 ha. El documento no específica si toda el área es bosque o solo un porcentaje, como sí lo hizo en la primera lista.
Sí detalló que, en el caso de siete fincas, hay 4,4, hectáreas con humedales o dentro de la ZMT.
En total, si se suma el área de cobertura boscosa, tanto dentro como fuera de la ZMT, hay 64,3 ha del refugio Gandoca-Manzanillo en poder de particulares, las cuales deberían formar parte del patrimonio natural del Estado, según la Ley Forestal.
Por ejemplo, entre esa superficie está la finca donde la Fiscalía Ambiental presume que el Sinac otorgó ilegalmente a la empresa Playa Manzanillo S. A. dos permisos para talar árboles.
La investigación de esos permisos motivó el allanamiento de la Municipalidad de Talamanca el 21 de mayo anterior. En una de esas autorizaciones, se decía que la compañía iba a donar caminos a ese ayuntamiento, a pesar de que pasaban por Zona Marítimo Terrestre.
El 20% de esa finca, según el estudio del IGN, invade la sección restringida de la ZMT. Además, esa compañía tiene otra finca (aledaña a esta), de 3,17 hectáreas, con un 91% de cobertura boscosa que debe regresar a manos públicas, de acuerdo con el informe de la PGR.
