Si se quiere buscar una solución al problema de los precios de las medicinas, la propuesta de la CCSS el peor de los proyectos.
Tal como lo publicó La Nación recientemente (26/6/2024), el gobierno, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ha anunciado un ambicioso proyecto para reducir el precio de los medicamentos.
La propuesta incluye la apertura de un puesto de venta en el edificio de las oficinas centrales de la CCSS, donde se ofrecerán unos ciento veintitrés medicamentos genéricos, según se dice, a precios hasta un 90% más bajos, aprovechando las economías de escala en las compras de la institución.
La idea sería, una vez probado el modelo, abrir puntos de venta en todo el país o vender los medicamentos a distribuidores mayoristas y farmacias, pero sin controlar los márgenes de intermediación de estas compañías.
Sin embargo, no todo es como se pinta. La propuesta presenta muchos desafíos y riesgos. Los costos administrativos del proyecto se han estimado en tan solo un 23%, con la promesa adicional de generar “recursos frescos” a través de utilidades no contempladas inicialmente, resultantes solo por accidente.
La logística que demandaría un proyecto de esta magnitud es extremadamente complicada. Ameritaría la instalación de puestos de venta, en abierta competencia con las farmacias existentes en todos los cantones.
Esto requeriría, eventualmente, aumentar considerablemente los sistemas de compras institucionales, alquilar o comprar locales apropiados para almacenamiento, procesamiento y clasificación, así como realizar cuantiosas inversiones de capital para las labores de distribución y contratación de un considerable contingente de personal.
Un proyecto de esta magnitud, con todas las complicaciones propias de transformar procesos a gran escala en venta al menudeo, además de los costos crecientes, incrementaría sensiblemente los riesgos de corrupción, especialmente en el caso de proveedores limitados o en compras sin licitación.
La historia está plagada de ejemplos sobre los perjuicios del Estado metido a empresario, como la nacionalización de la banca, la Fábrica de Licores, el Consejo Nacional de Producción, todos los proyectos de Codesa y muchos más, cuyas pérdidas han desperdiciado abundantes recursos y comprometido el desarrollo económico y el bienestar de la población.
Paradójicamente, todos esos proyectos siempre se plantearon como medios para controlar precios abusivos y al final más bien terminaron aumentándolos.
Este sería un nuevo proyecto de incursión del Estado, probablemente muy caro, en actividades empresariales muy alejadas de los objetivos de eficiencia gubernamental y, de seguro, de los de la CCSS. En el caso de un fracaso, ¿quién pagará los platos rotos? ¿Serán despedidos los funcionarios responsables? ¿Se les cobrarán daños y perjuicios? Como sabemos, será la población asegurada quien cargará el costo de semejante aventura.
Además, en paralelo, se anunciaron otras ocurrencias supuestamente rentables, como la apertura de lavanderías privadas para vender servicios. Pronto podríamos ver a la CCSS abriendo ópticas, gimnasios, sodas y restaurantes, servicios de vigilancia y limpieza, argumentando “tener suficiente experiencia”.
Para evitar el acaparamiento por parte de intermediarios, se propone racionar la venta en cupos máximos de dos meses de tratamiento. O sea, abrir las puertas a un mercado negro de cédulas de identidad y sacar a las calles a un ejército de usuarios cada mes, agravando los problemas de transporte y circulación, lo cual se sumaría a los trastornos causados por la política actual de entregar los medicamentos mensualmente a los asegurados, en lugar de hacerlo por todo el período interconsultas, con más de un millón y medio de personas yendo y viniendo, una o dos veces al mes, a clínicas y Ebáis a retirar medicamentos, amén de multiplicar los costos y la burocracia para las farmacias internas.
Ni siquiera se ha hecho una evaluación de esta política y, lejos de revisarla, se pretende ampliarla.
Entrar en esta aventura aleja a la CCSS de sus objetivos primordiales y deja sin resolver los verdaderos problemas institucionales. Las listas de espera son vergonzosas y aún no hay propuestas claras para solucionarlas. Para obtener una cita con un especialista, los pacientes deben esperar, en promedio, más de un año, y hasta año y medio más si necesitan una operación.
Una cirugía reconstructiva suele demandar hasta cinco años de espera y una neurocirugía, más de cuatro. Abundan los ejemplos de personas con enfermedades mortales a quienes dan citas a uno o dos años para empezar su tratamiento u operarla.
La situación obliga a muchas de tales personas a pedir préstamos para pagar el tratamiento en clínicas u hospitales privados, pues está en riesgo su vida. Para quienes se consideran vigilantes de la no privatización de los servicios de salud, estos hechos pasan inadvertidos, aunque están provocando la verdadera privatización de la medicina, al hacer tan rentable el mercado privado para los especialistas, quienes prefieren abandonar los hospitales públicos para dedicarse de lleno a la práctica independiente.
Si se quiere buscar una solución al problema de los precios de las medicinas, este es el peor de los proyectos. Deberían estudiarse las mejores prácticas internacionales, buscar las causas y distorsiones monopolizadoras detrás del problema y atacarlas desde su raíz.
Pero esa no es tarea de la CCSS, sino de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom). Lamentablemente, a pesar de ser uno de los prerrequisitos de la OCDE para la incorporación de Costa Rica en esa organización, la Coprocom fue creada casi simbólicamente, sujeta a la autoridad de un ministerio políticamente comprometido, y año tras año se le niegan los recursos para su funcionamiento.
Este debería ser uno de los temas prioritarios de atención de esa Comisión y no involucrar a la CCSS en aventuras desubicadas, fuera de todo rigor científico.
La propuesta de bajar el precio de los medicamentos requiere una planificación y una ejecución rigurosas para incluir a toda la población en el sistema de salud, con cuotas acordes con los servicios recibidos y la participación laboral.
La clave para un sistema de salud eficiente y asequible no radica en multiplicar las funciones de la CCSS, sino en fortalecer y optimizar los procesos existentes, centrándose en la mejora de la atención del paciente y la reducción de las listas de espera. Solo así se garantiza el acceso justo y equitativo a los medicamentos y servicios de salud a toda la población costarricense.
El autor es economista y miembro activo de la firma Cefsa desde 1982. Fue regulador general de la República y economista jefe del Fondo Latinoamericano de Reservas, en Bogotá, Colombia.
