Jorge Rodríguez Blogle, viceministro de la Presidencia, tiene autoridad para firmar en nombre del mandatario, quien es corresponsable por los actos de su subalterno, según la Procuraduría.
No solo la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, firmó la declaratoria de interés cultural de la marcha del orgullo LGTBI+, que le costó el puesto este sábado. El documento también lo firmó el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Blogle, en nombre del presidente de la República, Rodrigo Chaves, el 18 de junio.
En gobiernos anteriores, los mandatarios firmaban casi todos los decretos, acuerdos y directrices, con algunas excepciones. Sin embargo, Chaves cambió esta costumbre y delegó su firma en funcionarios de confianza.
A principios de la administración, el gobernante consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) si tenía la potestad de delegar su firma con el propósito de aligerar la carga de trabajo y concentrarse en otras funciones de la gestión pública.
Destituida ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, por declaratoria para marcha del orgullo LGTBI
La Procuraduría le contestó que sí podía hacerlo, bajo ciertas condiciones. “Delegar la firma es un acto de confianza, por lo que compete al presidente de la República elegir en cuál funcionario delega su firma”, le explicó el abogado del Estado.
No obstante, la PGR advirtió al mandatario de que él sería corresponsable legal con respecto a los documentos que firme el funcionario de confianza.
Por ende, una posible ilegalidad cometida por el delegado, en la firma de un acto administrativo, también puede ser atribuida al presidente de la República. En especial, porque ese funcionario no puede sellar ninguna acción sin el consentimiento del gobernante, expuso la Procuraduría.
Además, la delegación debía publicarse en el diario oficial La Gaceta con todos los alcances que tendrá la disposición. Debía mencionar, por ejemplo, quién es el funcionario delegado y qué actos administrativos estaría facultado para firmar a nombre del presidente.
Por otra parte, la Procuraduría explicó que el gobernante no tiene la facultad para delegar sus competencias. Esto significa que el funcionario de confianza no podrá tomar decisión de los actos administrativos, sino que únicamente estampará su sello bajo su aval y responsabilidad.
“El delegado no ejercita un poder de decisión, no emite criterio alguno en ejercicio de un poder de decisión, el cual permanece en cabeza de la persona designada por el ordenamiento. Consecuentemente, la decisión debe provenir de quien tiene jurídicamente el poder de decidir. Si este no ha emitido la resolución o en su caso no la ha aprobado, la decisión es absolutamente nula. El delegado se limita a firmar por el delegante por orden de este”, señala la PGR el 11 de agosto del 2022, en el criterio PGR-C-167-2022.
Este sábado, Chaves destituyó a la exministra Guadamuz al alegar que él desconocía que se había declarado de interés cultural la marcha prevista para este domingo.
No obstante, los diputados de Nueva República también solicitaron la destitución del viceministro de la Presidencia, Rodríguez Bogle.
Presidencia también informó que de el presidente ordenó a su despacho, una revisión de los procesos administrativos, delegaciones de firmas y flujos de proceso para evitar futuros “errores”, como el ocurrido en este caso.
