Negarse a la extradición de nacionales podría representar una grave incomprensión del papel del país en el narcotráfico y de las consecuencias previsibles a corto plazo.
Experimentados fiscales de los dos países más flagelados por el narcotráfico en América Latina comparecieron ante los miembros de la comisión legislativa encargada de analizar la reforma del artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo.
Si Costa Rica se niega a seguir los pasos de México y Colombia en esta materia, será por una grave incomprensión de su destacado papel en el trasiego ilícito de drogas y las consecuencias previsibles a corto plazo. Nuestro territorio ofrece condiciones idóneas para el narcotráfico y los delincuentes las aprovechan.
El crimen organizado ya no es un fenómeno foráneo con cómplices locales. Hay nacionales a la cabeza de importantes organizaciones y otros encargados de manejar droga perteneciente a carteles extranjeros, en especial los mexicanos. Por aquí se movilizan toneladas y hay claras señales de la penetración de la delincuencia en esferas políticas y gubernamentales.
La violencia de las guerras internas por territorio y control del negocio se manifiesta en un espeluznante índice de homicidios a cuyo tenor ya no podemos presumir de ser una nación pacífica, ajena a la turbulencia habitual en otros países. Es hora de despertar a esa realidad y considerar con atención las recomendaciones de las autoridades de México y Colombia.
El asesor de la Fiscalía General colombiana Gonzalo Gómez Escobar habló de la aprobación y posterior suspensión de la extradición de nacionales en su país durante siete años, aprovechados por los grandes carteles de la droga para desarrollarse y poner al Estado en jaque. Pablo Escobar y los otros líderes del narcotráfico obligaron a restablecer la medida en 1997. A partir de entonces, Colombia consiguió destruir a los principales carteles.
Miguel Ángel Méndez, fiscal especial para asuntos internacionales de México, y Arturo Bernardino Toxqui, encargado de la Unidad Especializada de Delitos Cometidos en el Extranjero de la Fiscalía General mexicana, también abogaron, con su larga experiencia, por aprobar la medida, aplicada en México desde 1994.
“Con la extradición de narcotraficantes se rompe el vínculo de contacto y no pueden mandar a matar a testigos o amenazar a personas que dieron información importante para su captura”, dijo Méndez. La extradición también permite reducir la impunidad mediante la cooperación más allá de las fronteras.
Tanto el colombiano como los mexicanos sugirieron ampliar la reforma para contemplar más delitos. El primero advirtió sobre las posibilidades de impunidad si solo se habla de narcotráfico y terrorismo porque las solicitudes de extradición normalmente incluyen lavado de dinero y conspiración o asociación para delinquir. “Si la reforma queda limitada a narcotráfico, todas esas peticiones tendrían que negarse y generarían impunidad”, explicó.
“Mi recomendación sería abrirlo para todo tipo de delitos. Tenemos graves problemas, por ejemplo, con el tráfico de personas, que es una tragedia humana inmensa”, dijo el fiscal colombiano, participante en la tramitación de más de 2.000 extradiciones. Además, sugirió permitir la extradición cuando el delito se haya cometido también en Costa Rica porque, por su naturaleza, estos crímenes exigen traspasar fronteras y violar diversos ordenamientos jurídicos, incluido el propio del delincuente.
En cualquier extradición, los Estados deben exigir respeto a los derechos humanos y garantías procesales del imputado. También deben asegurarse de la tipificación del delito en las dos jurisdicciones. Además, debe haber reciprocidad. Todas esas seguridades ponen a salvo la soberanía nacional que el narcotráfico y la delincuencia organizada no respetan. Conviene actuar mientras estamos a tiempo.
