El Poder Judicial rechazó este miércoles afirmaciones de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien dijo que la Contraloría General de la República (CGR) interpretó la Ley General de Contratación Pública de manera “diferente” para permitir la adquisición de terrenos destinados a la construcción de un edificio propio para la Sala Constitucional.
Fernández alegó que la Contraloría no emitió pronunciamientos ni giró advertencias respecto al proceso de compra de terrenos que lleva adelante el Poder Judicial, mediante el proceso de excepción regulado en el artículo 67 de la ley de Contratación Pública. El reclamo obedece a que, en setiembre del 2023, el ente fiscalizador advirtió sobre la ilegalidad de utilizar dicho numeral para adjudicar Ciudad Gobierno al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sin un concurso público.
Contraloría advierte de ilegalidad en plan para construir Ciudad Gobierno
Al respecto, el Poder Judicial indicó, en un comunicado de prensa, que la compra de terrenos para la Sala IV se realiza mediante el Fideicomiso Inmobiliario contratado con el Banco de Costa Rica (BCR) para el desarrollo de obras, compra de terrenos o edificaciones. Este acuerdo cuenta con el refrendo de la Contraloría desde el 26 de noviembre del 2015.
“Dicho fideicomiso se enmarca en el ordenamiento jurídico costarricense y tiene como objetivo, entre otros, la adquisición directa de terrenos. Dentro del contrato y sus adendas, se contempla la adquisición de terreno y construcción del edificio para albergar a la Sala Constitucional”, explicó el Poder Judicial.
El trámite para adquirir el bien inmueble se realiza por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), plataforma que permite a cualquier persona un acceso irrestricto de la información contenida en el expediente.
La Sala Constitucional opera en un edificio alquilado desde el 20 de marzo del 2017, ubicado en Calle Morenos, 100 metros al sur de la Iglesia del Perpetuo Socorro.
Esta no es la primera vez que el Poder Ejecutivo usa comparaciones con otros casos en los que se utilizó el artículo 67, para deslegitimar la postura de la CGR.
La Contraloría ha reiterado que el artículo 67 permite aplicar un procedimiento de contratación especial directa únicamente para la compra o arrendamiento de bienes inmuebles, no para el diseño y la construcción de obra pública sobre terrenos propiedad del Estado, como lo pretende el Poder Ejecutivo con Ciudad Gobierno.
Para la CGR, la propuesta del gobierno excede los límites de lo que es posible realizar mediante dicho numeral, de manera que debe cumplir con los procedimientos ordinarios de contratación de obra previstos en la Ley General de Contratación Pública, la cual entró a regir en diciembre de 2022.
En este caso, además, la Contraloría indicó que se requiere aprobación de la Asamblea Legislativa, porque el proyecto no corresponde a un arrendamiento puro y simple, sino que se trata de un arrendamiento financiero, lo cual conlleva endeudamiento internacional.
Sobre el uso de fideicomisos, la CGR había señalado que esta es una figura distinta “a la que se propone con el proyecto Ciudad Gobierno”.
En tanto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, criticó que el Poder Judicial utilice al Banco de Costa Rica (BCR) para la adquisición de los terrenos, sin haber realizado un concurso para su selección como intermediario.
“Solo el Banco de Costa Rica lo va a hacer como lo íbamos a hacer nosotros con el BCIE. En nuestro caso, es el BCIE el que iba a hacer un concurso, una licitación internacional. Ah, no, aquí es el BCR, que ha tenido sus problemitas de probidad y de transparencia”, manifestó el mandatario.
