Mónica Araya, expresidenta del INS, lamenta que se usara norma cuestionada en contra de denunciantes de Héctor Chaves y la administración.
El Cuerpo de Bomberos despidió a 11 funcionarios “sin justa causa” este miércoles. Mónica Araya Esquivel, quien ocupó la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) hasta su destitución el 8 de mayo, afirmó que se trata de personas que denunciaron presuntas anomalías en la institución y supuestas irregularidades del director, Héctor Chaves León.
“Es lamentable que las personas que están en esa lista son personas que estuvieron en mi oficina o me comunicaron en algún momento las irregularidades en temas administrativos de Bomberos”, declaró.
Araya, como jerarca del INS durante dos años, también presidió el Consejo Directivo de Bomberos hasta el 8 de mayo y, bajo esa figura, recibió las alertas de las posibles irregularidades.
Explicó que para realizar las destituciones, Héctor Chaves utilizó un artículo de la convención colectiva que ella pidió suspender, en febrero pasado, mientras realizaba una investigación. Temía que esa norma se estuviera usando de forma indebida “para callar a la gente y que no denunciaran”.
Se trata del artículo 123 de la Convención Colectiva de Bomberos, el cual establece que “tanto el Cuerpo de Bomberos como cualquier trabajador (a) podrán ponerle término al contrato de trabajo sin justa causa”.
Para Araya, los despidos parecen demostrar que el artículo 123 está siendo mal usado. “Pareciera que lo que nos temíamos efectivamente era cierto, es un instrumento de presión para los funcionarios”, expresó en una entrevista con La Nación.
Bomberos, a través de su oficina de prensa, confirmó que 11 funcionarios fueron cesados con base en el artículo. La entidad argumentó que la medida “se apega al marco legal” y que a esas personas se les “cancelarán los extremos laborales correspondientes”.
“El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica reafirma su compromiso con la transparencia, la ética laboral y el cumplimiento de las normativas internas”, alegó.
Esas fueron las únicas declaraciones enviadas cuando se solicitó una entrevista con Héctor Chaves. Tampoco se obtuvo una respuesta ante la pregunta de por qué se utilizó el cuestionado numeral de la convención colectiva, ni se brindó una opinión sobre las declaraciones de Mónica Araya.
La contestación fue la misma: “El comunicado que le compartimos será la única comunicación que emitiremos al respecto”. Héctor Chaves, quien ocupa el cargo desde el 2003, tampoco atendió a las llamadas hechas a su teléfono celular.
Uno de los 11 funcionarios despedidos, de manera inmediata y sin preaviso es Pedro Cabrera Vega, de 56 años, esposo de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, quien tenía más de 28 años de trabajar en la institución.
En su carta de despido, solo se le informó que el cese se fundamenta en el artículo 123 de la Convención Colectiva de Trabajo y que fue autorizado por Héctor Chaves, cuya firma se consignó en el documento.
El 23 de octubre del 2023, Navarro denunció ante diputados que, durante más de un año, no reveló lo que pasaba en Casa Presidencial con los presupuestos para publicidad estatal porque tenía temor a represalias en contra de su esposo.
“Mi marido me ha dicho muchas veces que no lo diga, trabaja para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Me quedé callada mucho tiempo porque no quiero que haya represalias contra él, porque dependemos económicamente de él en este momento.
“Tiene 27 años de ser bombero, casi 28, y uno a veces se calla por el temor a que pierda el trabajo”, manifestó Navarro ese día ante los diputados de la comisión que investigó las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Patricia Navarro: ‘Me quedé callada mucho tiempo porque no quiero represalias contra mi esposo’
De acuerdo con Mónica Araya, la suspensión de ese polémico artículo quedó establecida en la sesión N.° 233 del Consejo Directivo de Bomberos, del 8 de febrero del 2024, con base en un criterio jurídico, luego de recibir numerosas denuncias anónimas sobre posibles irregularidades.
La ahora exjerarca relató que, en mayo del 2022, cuando ella asumió la Presidencia del INS, se percató de que no existía un canal de denuncias a lo interno de la institución. Poco tiempo después, comenzó a recibir quejas relacionadas con una supuesta inacción de la Dirección de Bomberos. Entre ambas instituciones, recibió más de 100 denuncias.
Los funcionarios argumentaban que denunciaban casos de acoso laboral y estos eran engavetados, o bien, se destituía al denunciante.
A raíz de esos hechos, tres funcionarios fueron trasladados de Bomberos al INS, luego de denunciar que eran víctimas de acoso laboral. Eso se realizó mediante un proceso de protección de testigos, en compañía de la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo, según relató Araya.
“Empezamos a averiguar qué podíamos hacer para proteger más a los trabajadores que estaban denunciando y lo único que vimos fue la posibilidad de suspender temporalmente, mediante un criterio jurídico, el artículo 123.
″Consideramos que aparentemente se estaba usando el artículo 123 para destituir personal; entonces, decidimos suspenderlo temporalmente mientras se hacen las investigaciones; no podíamos quitarlo permanente porque sería ilegal, entonces se ordenó suspenderlo”, dijo Araya.
Ella supone que la decisión fue revertida luego de su salida de la institución hace poco más de mes y medio. En su lugar, el presidente Rodrigo Chaves nombró a Gabriela Chacón Fernández.
Rodrigo Chaves destituye a presidenta del INS, Mónica Araya
Manuel Pérez, secretario general del Sindicato Costarricense de Bomberos y Afines (Sicobo), aseguró que solo uno de los afectados se había comunicado para informar sobre su despido, por lo que desconocen las causas del cese.
“No sé cuántas personas van a ser notificadas, se especula que son varios, pero no tengo los nombres en este momento. Esto lo vamos a llevar a las últimas instancias; si hay que llevarlo al ministerio de Trabajo lo vamos a llevar para consultar, porque no sabemos el motivo, si bien es cierto, es un derecho, tampoco se puede aplicar indiscriminadamente”, afirmó Pérez.
