Washington. La política migratoria podría hacer saltar chispas en el debate del jueves entre Donald Trump, quien acusa a los migrantes de “envenenar la sangre” de Estados Unidos, y Joe Biden, que hará lo posible para desmarcarse de su rival republicano.
Ambos tendrán muy presente que, según las encuestas, buena parte del electorado está preocupada por la seguridad en la frontera con México y por la afluencia de migrantes.
Estas son las principales propuestas de ambos candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre.
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La migración es el eje central del programa electoral del magnate republicano, cuya retórica antimigrante va en aumento a medida que se acerca la fecha de los comicios.
Durante su mandato, de 2017 a enero de 2021, aplicó una política de “tolerancia cero”, que trató como delincuentes a los migrantes que intentaban entrar ilegalmente en territorio estadounidense, con lo que perdían la custodia de sus hijos. Además, comenzó a construir un muro en la frontera con México, donde antes ya había cercas.
Ahora Trump sigue siendo partidario de la mano dura y promete tomar medidas “tan draconianas como sea necesario”, como “cerrar la frontera” con México, reanudar la construcción del muro y deportar “masivamente”.
“Será la deportación más grande en la historia de nuestro país”, repite una y otra vez.
En sus mítines, Trump afirma que los migrantes “envenenan la sangre del país”, lo que le valió comparaciones con Adolf Hitler, y “provienen de prisiones y cárceles”, “de instituciones mentales y manicomios”. Los acusa asimismo de ser delincuentes, basándose en que algunos migrantes, entre millones, son sospechosos de cometer crímenes.
“Están matando a nuestro país”, son “delincuentes”, dice a sus seguidores, a pesar de que las estadísticas sobre criminalidad del FBI demuestran que los delitos violentos a nivel nacional disminuyeron 1,7% en 2022 y los asesinatos 6,1% en comparación con 2021.
En los últimos días sorprendió proponiendo permisos de residencia permanente a los extranjeros que se gradúen en las universidades estadounidenses.
Si vuelve a la Casa Blanca, el republicano de 78 años amenaza con imponer aranceles a los países que no frenen el flujo de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos.
Los republicanos culpan a las políticas de Biden de favorecer el derecho de asilo para los migrantes, muchos de ellos latinoamericanos.
Biden, por su parte, acusa a Trump de sabotear un intento bipartidista de encontrar una solución.
“No demonizaré a los inmigrantes”, “no separaré a las familias”, afirma el demócrata de 81 años, que asegura que él no hace “politiqueo” con el tema migratorio.
Llegó a la Casa Blanca con la promesa de impulsar una política migratoria “más humana” y una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, pero tropezó con la oposición de los conservadores en el Congreso y su propuesta nunca se votó.
Ahora se encuentra entre la espada y la pared: por un lado, satisfacer al ala más a la izquierda del Partido Demócrata y, por otro, frenar la entrada de migrantes.
Se esmera en intentar convencer al electorado de que es proactivo frente a los migrantes que cruzan la frontera sin visa y sin usar las “vías legales” promovidas por su gobierno, como pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil, hacer los trámites en los países por los que pasan o acogerse a permisos humanitarios.
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En las últimas semanas firmó un decreto que restringe la entrada de migrantes por la frontera con México cuando haya más de 2,500 cruces irregulares en el promedio de siete días y endureció los estándares para solicitar asilo.
Además, su administración impulsó una norma que acelera la negación de asilo a migrantes que representan un peligro para “la seguridad nacional o pública”.
En su política de una de cal y otra de arena, el presidente concedió amparo migratorio a casi medio millón de venezolanos y simplificará el proceso para que los migrantes casados con estadounidenses puedan obtener el permiso de residencia, la famosa tarjeta verde, sin tener que salir del país para solicitarla.
Además, afirmó que acelerará la concesión de visas a los graduados en centros de educación superior estadounidenses, siempre y cuando “hayan recibido una oferta de trabajo altamente cualificada”.
Esta medida beneficiará a los “dreamers” o “soñadores”, es decir, a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos y están protegidos por un programa federal (DACA) que les permite vivir y trabajar legalmente en el país.
