Pilar Cisneros asegura que se le dio una segunda oportunidad a Fabiola Romero, pero lo 'hizo peor'. Exjerarca de Dinadeco niega haber recibido una llamada de atención.
Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, afirmó que el gobierno destituyó a Fabiola Romero Cruz, del cargo de directora ejecutiva de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), por incurrir en una “mala ejecución” de los recursos asignados a la institución.
Cisneros aseguró que, en el 2023, el Poder Ejecutivo le había hecho un señalamiento a Romero sobre los problemas de su gestión y se le dio una segunda oportunidad, pero al no obtener los resultados esperados, se procedió a ordenar su salida del cargo el pasado 21 de junio.
“Este es un gobierno que reconoce sus errores y que sabe cuándo hace las cosas mal y que destituye a la directora (Romero), porque se le dio una segunda oportunidad. En vista de la mala ejecución que tuvo el año pasado, se le dio una segunda oportunidad y esta vez lo hizo peor. ¿Qué pasó? La sacaron, así de fácil”, afirmó este martes la legisladora, en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
En declaraciones a La Nación, Romero negó la versión brindada por Cisneros. Aseguró que nunca tuvo alguna llamada de atención.
Romero fue removida luego que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, manifestó que el nivel de ejecución de los recursos de Dinadeco “es realmente pobre”. El jerarca aseguró que, por esta ineficiencia, propuso tomar ¢3.500 millones destinados a las asociaciones de desarrollo comunal en el Presupuesto Nacional del 2024, para completar el financiamiento de un ajuste al salario base de 19.934 policías.
Diputados fustigan a Nogui Acosta por recorte de ¢3.500 millones a asociaciones de desarrollo
El costo del aumento a los policías es de ¢8.153 millones, de los cuales el 43% proviene de los fondos destinados a las organizaciones comunales. El recorte fue incluido por el gobierno en un cuarto presupuesto extraordinario que está bajo estudio de los diputados de Hacendarios.
Según Acosta, de los ¢8.290 millones asignados a nivel presupuestario a Dinadeco, la institución solamente ha puesto en uso ¢764 millones.
Al respecto, la exdirectora de Dinadeco argumentó que, según su estrategia institucional, para el 2024 esperaba aprobar alrededor de 200 iniciativas comunales a las que se les iba a asignar recursos por ¢2.500 millones.
Respecto a la subejecución registrada en 2023, alegó que esta se produjo porque no se podían incorporar más proyectos de los 15 que ya tenían aprobación, y ninguna asociación completó o dio impulso procesal a esos expedientes.
“A mi salida no había junta directiva conformada desde mayo; no obstante, dejé alrededor de 37 expedientes con dictamen positivo para ser aprobados en julio, cuando se espera que se vuelva a conformar la junta directiva que en Dinadeco se llama Consejo y es el ente concedente de los recursos”, añadió.
Fabiola Romero destituida como directora ejecutiva de Dinadeco
Nogui Acosta también justificó el traslado de recursos por la supuesta inexistencia de proyectos por parte de las asociaciones de desarrollo. Esta versión fue rechazada por el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco), Daniel Quesada Mora.
El representante responsabilizó a Dinadeco por la caída en el número de proyectos que pueden ser sujetos de financiamiento; alegó que hubo constantes cambios en los requisitos que las asociaciones deben cumplir. “En esta administración (del presidente Rodrigo Chaves) llevamos tres modelos de reglamentos de proyectos”, añadió.
De acuerdo con el vocero de las asociaciones, la última normativa publicada mediante decreto ejecutivo comprende un total de 100 artículos. Alegó que, con este tipo de acciones, Dinadeco obstaculizó, “de forma deliberada”, todos los procesos ya establecidos y funcionales para acceder a los recursos.
Según datos brindados por Quesada, para el año 2023 solamente se financiaron 18 proyectos, mientras que en 2022 la cifra de iniciativas fue de 56. Los números son mucho menores que los correspondientes a los dos años previos, cuando el país atravesó la pandemia por la covid-19 (69 proyectos en 2020 y 67 en 2021).
Ada Acuña, también congresista oficialista, reprochó que se promulgara un reglamento de 100 artículos, ya que esto haría más complejo el trabajo que realizan las asociaciones de desarrollo comunal.
“Cuando uno plantea un proyecto, se supone que también controla el tiempo y no puede ser lo que me está diciendo: 100 artículos de un reglamento que, más bien, lo que no hace es ejecutar los proyectos. Mientras ustedes terminan de leer esos 100 artículos, se fue el año, ¿eso es lo que está pasando?”, manifestó Acuña a Quesada.
Otro de los cambios, considerado como contraproducente por el líder de las asociaciones, tiene que ver el cambio en el perfil de los proyectos que pueden ser sometidos a consideración de financiamiento. Quesada señaló que anteriormente se podían proponer iniciativas para invertir en infraestructura, capacitación, compra de maquinaria y equipo.
Empero, las posibilidades se redujeron a proyectos de carácter socioproductivo o con un componente productivo, es decir, que deben generar ingresos comerciales. Para Quesada, estas nuevas condiciones “son una desventaja para aquellas organizaciones que no son de esta índole o que sus necesidades no se adecúan a estos preceptos”.
El vocero comunalista manifestó que estos lineamientos representan un impedimento para financiar iniciativas enfocadas en el arreglo de vías, el apoyo de grupos artísticos, compra de maquinaria o de otro tipo equipamiento, como cámaras de vigilancia.
Con el voto afirmativo de ocho diputados y dos en contra, la Comisión de Hacendario aprobó, el martes, una moción para revertir el recorte a los recursos de las asociaciones de desarrollo y obtener, de otras partidas presupuestarias, los fondos necesarios para financiar el ajuste al salario base de los policías.
Los legisladores dispusieron sustituir los recursos con ¢2.843 millones, provenientes de los aportes de capital destinados a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y ¢656 millones que estaban dirigidos a la amortización de deuda interna.
No obstante, Cisneros cuestionó la legalidad del movimiento, ya que el inciso 2 del artículo 206 del reglamento de la Asamblea Legislativa estipula que, durante la tramitación de presupuestos extraordinarios y la modificación de presupuestos vigentes, “no se le dará curso a mociones destinadas a suprimir, trasladar o aumentar partidas que no estén específicamente comprendidas en el proyecto que se debate”.
“Les recuerdo que los intereses de la deuda no están en este presupuesto, así que va a estar viciado de nulidad si insisten en aprobarlo (el cambio de fuente)”, advirtió Cisneros.
Luis Paulino Mora, asesor de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, aclaró que el artículo 18 de la Constitución Política establece que es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo la iniciativa de materia presupuestaria.
De acuerdo con Mora, el numeral 206 del reglamento legislativo agrega que, como hay una potestad exclusiva del gobierno, no podría modificarse el presupuesto, cada vez que llegara al congreso un plan extraordinario.
“Ya el departamento resolvió el tema en la consulta ALDCJU-064-2001. En lo que interesa dice que el artículo 206 del reglamento limita la potestad de enmienda de la Asamblea Legislativa, excluyendo las partidas que no estén comprendidas en el proyecto y las partidas que sí están contenidas; solo se pueden modificar, suprimir o rebajar, pero solo en el tanto comprendido en el proyecto”, argumentó el funcionario.
Pese a estas advertencias, los parlamentarios mantuvieron su decisión de aprobar la moción.
La comisión tiene hasta el 9 de julio para dictaminar el presupuesto extraordinario; se espera que para esa fecha el Ministerio de Hacienda pueda presentar una propuesta alternativa que permita preservar los recursos de las asociaciones de desarrollo.
