Coopeservidores fue declarada como entidad inviable luego de un proceso de intervención financiera que determinó que no puede seguir operando. Ante esto, la interventoría recomendó un mecanismo de resolución que tendrá consecuencias para los ahorrantes con montos superiores a ¢6 millones.
El interventor Marco Hernández, ahora designado como el administrador del proceso de resolución de Coopeservidores, explicó el panorama para los 5.500 depositantes que tienen más de ¢6 millones en esta cooperativa.
Este grupo de ahorrantes tiene garantizado, como mínimo, ¢6 millones. El monto restante sufrirá un recorte estimado inicialmente en un 20%, aunque Hernández enfatizó en que el porcentaje podría ser mayor según el desenlace del proceso de resolución.
El mecanismo propuesto contempla una separación de los activos (como la cartera de crédito) y pasivos (deudas de la entidad) de mayor calidad en lo denominado como “banco bueno”, que deberán trasladarse a una entidad solvente que desee ofertar por dichos recursos.
Coopeservidores declarada inviable, se ordena separar cartera ‘buena’ y cederla
“Hay una serie de pasivos no garantizados (mayores a ¢6 millones) a los cuales se les estaría dando un recorte, que es preciso hacerlo en virtud de que hay que igualar los activos que se estarían seleccionando en este “banco bueno”, con respecto a los pasivos totales que se estaría llevando la entidad”, explicó.
Añadió que esto ocurre debido a que en la cooperativa ya existe un déficit, lo que causa que los pasivos no garantizados tengan que asumir el recorte. “El recorte sería del 20%; sin embargo, es una situación que, según la configuración del “banco bueno”, podría implicar un recorte adicional”, agregó.
La magnitud del recorte dependerá de factores como los activos transferibles a la entidad solvente y la deseabilidad de estos. Básicamente, de lo que resulte de las negociaciones para transferir ese “banco bueno”.
Con base en el análisis financiero de la entidad, al “banco bueno” se trasladará el equivalente al 80% de los activos y el mismo porcentaje de pasivos (deudas), lo cual equivale, aproximadamente, a ¢560.786 millones al corte de mayo, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Los activos restantes se colocarán en un segundo bloque llamado “banco malo”. Ahí se trasladarían aquellos activos que, por su calidad u otras consideraciones, no se incluirían en el primero. Este sería administrado por un fideicomiso con el objetivo de venderlo totalmente en un plazo máximo de un año.
El principal objetivo es la recuperación de dichos activos en beneficio, en primer lugar, de los acreedores que queden como fideicomisarios y, en segundo lugar, de los asociados que aportaron capital a la cooperativa.
“Este fideicomiso se encargaría de potenciar o de tratar de recuperar lo posible con todos estos activos no deseables”, afirmó Hernández, quien agregó que la idea es lograr una recuperación adicional para pagar sumas extra a los depositantes que tuvieron recortes, es decir, los pasivos no garantizados.
Es relevante señalar que en este proceso de resolución debe haber una entidad financiera interesada en la administración de lo propuesto, por lo que no es un mecanismo automático. Si este fracasa, se iniciará la ejecución del Fondo de Garantía de Depósitos.
Laura Suárez, presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), afirmó que esta es la primera ocasión que se utilizará el marco de resolución de la Ley 9816, por lo que se espera evitar un proceso extenso, que generalmente finalizaba en una liquidación, afectando la recuperación de los recursos de las personas.
“La propuesta se presenta como una alternativa más conveniente y beneficiosa para los intereses de ahorrantes e inversionistas, en comparación con lo que sería un proceso concursal o de liquidación”, dijo Suárez.
Vale la pena destacar que, se concrete o no el proceso de resolución, los 162.000 ahorrantes con montos de ¢6 millones o menos tienen sus depósitos totalmente garantizados. En su mayoría (97%), los clientes de la entidad cumplen con este perfil.
Si el mecanismo de resolución propuesto fracasa, toda la entidad se iría a un proceso concursal. En este caso, el Fondo de Garantía de Depósitos brindaría una cobertura máxima de hasta ¢6 millones a todas las personas físicas y jurídicas.
Una de las dudas que ha surgido es cuándo se entregarían los dineros adeudados por Coopeservidores a sus depositantes. Aunque ese plazo aún no está determinado, es posible que este proceso no se extienda demasiado.
En una transmisión en vivo realizada el viernes 21 de junio, Hernández comentó que en el corto plazo los depositantes recibirán los saldos correspondientes, una vez que estos sean asumidos por la entidad solvente y, si son a plazos, serán honrados con base en lo contratado.
El administrador de la resolución de Coopeservidores calculó que este proceso tendrá respuesta en “unas semanas”, sin precisar fechas. Todos los depositantes serán avisados oportunamente por la entidad solvente sobre la recuperación de sus depósitos garantizados.
De igual manera, se comunicará a los depositantes con saldos mayores a ¢6 millones qué monto será pagado y qué cantidad irá a recuperación por medio del fideicomiso. Hernández recomendó no ir a las sucursales de Coopeservidores.
La mañana de este sábado 22 de junio, el ambiente en la sucursal de Avenida 1, en San José, y de las oficinas administrativas de la entidad, en Barrio México, era frío y con nula afluencia de público, según constató un equipo de La Nación.
Por otro lado, si el mecanismo de resolución es infructuoso, una vez que el Conassif apruebe el pago a los depositantes por medio del Fondo de Garantía de Depósitos, se tienen diez días hábiles para ejecutar la garantía por un máximo de ¢6 millones. El resto se reclamaría en un proceso concursal.
