Directivos pidieron ampliar criterios técnicos ante dudas sobre decisiones financieras y pedir prórroga; 600.000 asegurados reciben servicios de salud de alguna cooperativa
Los 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) cuya atención es gestionada por cooperativas mantienen un futuro incierto para los próximos años. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) volvió a aplazar, este 22 de junio, la decisión de adjudicar los servicios para la próxima década.
Los directivos todavía tienen dudas en los análisis técnicos realizados y requieren más información para tomar una decisión.
La Junta acordó solicitar a la Gerencia Médica pedir una prórroga de nueve meses para tomar la decisión “debido a la necesidad de ampliar los análisis técnicos y financieros que permitan sustentar una decisión final a partir del interés público y necesidad de los servicios”.
Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, indicó que el estudio de costos no tuvo en cuenta aspectos esenciales. Para ella, es trascendental el costo per cápita de la atención a los asegurados, cómo se revisaron salarios, la eficiencia en los servicios y un comparativo con otras áreas de salud.
“Ya la Gerencia Médica debería estar activando esa prórroga de nueve meses para poder seguir como estamos hasta ahora, pero también hay otros aspectos que deben decidirse, como una posible precalificación de empresas para que den estos servicios a nivel de cooperativas”, manifestó.
La Directiva también solicitó formar un equipo intergerencial con la participación de las gerencias Médica, Logística y Financiera para que en el plazo de 15 días analicen si se dispone de una propuesta robusta para garantizar la continuidad de los servicios con el fin de determinar escenarios de una adjudicación total o parcial.
También se acordó que las Gerencias Logística y Financiera para desarrollar un modelo de precalificación de potenciales oferentes para tener un banco de posibles proveedores de servicios para el primer nivel de atención.
La directiva volverá a discutir este tema a mediados de julio.
Cerca de 600.000 asegurados reciben servicios de salud de alguna de estas cooperativas. Ellos son vecinos de Barva y San Pablo (Heredia); y de Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-León XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás (San José).
La decisión se ha aplazado porque informes y análisis de razonabilidad de la entidad señalaron un aparente aumento “excesivo” del costo que pretenden cobrar las seis cooperativas interesadas con respecto a los contratos actuales, por lo que la gerencia médica lo declaró infructuoso. Las entidades oferentes refutaron esas conclusiones.
Esta sesión no estaba dentro de la programación oficial de los directivos, se convocó de manera extraordinaria especial “por las importantes implicaciones que para el interés público tiene la licitación (...) cuyo objeto son los servicios de primer nivel de atención de 10 áreas de salud (...). Se trata de un tema especial por su magnitud, alcance, relevancia e interés nacional dentro de los fines de la seguridad social costarricense”.
Durante la sesión de este 22 de junio los directivos estudiaron tres escenarios presentados por la Gerencia Médica: declarar el proceso infructuoso, dar una adjudicación parcial y dar la adjudicación total.
Arturo Herrera Barquero, asesor de la Gerencia Médica, indicó que el primer escenario seguramente los llevaría a apelaciones por parte de los oferentes y solo podrían pedirse nueve meses de prórroga para elaborar un nuevo contrato y pliego de condiciones.
La segunda tendría dos sistemas de contrato para una misma actividad, algunos servicios se adjudicarían y otros no. Esto correría el riesgo no solo de apelaciones, sino de que algunos servicios estén infructuosos. Además, esto llevaría a evaluaciones frecuentes.
“Podría manifestarse un riesgo de institucionalizar servicios no adjudicados al quedar en un posible infructuoso y posibilidad de desierto y tendríamos que ver cómo reabsorber o redireccionar las poblaciones que no tengan un servicio adjudicado para la actividad”, manifestó Herrera.
En el tercer escenario no se alteraría la prestación de servicios, pero presentaría un riesgo de costo excesivo sin justificación aparente.
Johnny Gómez Pana, representante del sector empresarial ante la Junta Directiva, reclamó que se parte del hecho de que el precio es excesivo, cuando no tiene por qué ser así. Las exigencias que se le dieron a los prestadores de servicios y los gastos en los que incurren los llevaban a subir precios.
Gómez también abogó por bandas de precios en las que puedan moverse las tarifas, porque todas las áreas de salud son diferentes y las condiciones no son las mismas.
Maritza Jiménez Aguilar, representante de los trabajadores, pidió hacer también comparación con cuál es el costo de los servicios que brinda la CCSS en sus servicios de primer nivel de atención.
Esteban Vega de la O, gerente de Logística, manifestó que también deben tomarse en cuenta los parámetros de la Contraloría General de la República (CGR), que tiene estandarizados montos para la prestación de servicios de salud. La dirección jurídica estimó que sí podrían adjudicarse servicios por montos mayores a los usuales, pero que dicha acción debe ser justificada de forma rigurosa.
Esquivel señaló que debe tomarse en cuenta que los servicios que brinda la CCSS no son los mismos de cualquier otra institución. También pidió ver los costos per cápita para ver de cuánto es la tarifa por paciente. El monto de la CCSS es de ¢78.000 por persona, por lo que se buscaría que quienes busquen ofertar servicios lo hagan por este monto o menos.
Dentro de las propuestas de la Gerencia Médica estaban revisar los elementos que puedan modificarse del pliego de condiciones actuales para mejorar o disminuir la brecha de contratación y establecer un modelo de precalificación de proveedores para futuros contratos.
El proceso de adjudicación comenzó de cero en noviembre de 2023, cuando la Caja prometió un “proceso bien planificado” luego de haber anulado, ocho meses antes, la licitación que estaba a un paso de ser adjudicada después de 17 meses y seis rondas de apelaciones.
En un inicio, la CCSS se planteó plazo hasta el 26 de junio para definir el futuro de esta contratación. Esto se hacía necesario porque la Contraloría General de la República (CGR) autorizó en 2022 realizar una contratación urgente por 18 meses, que vencen el 30 de setiembre, fecha para la cual ya los servicios deben estar en prestación plena.
La tercerización de servicios de los Ebáis no es nueva para la CCSS. Distintas cooperativas, asociaciones y universidades han gestionado la atención en salud de los asegurados en los últimos 25 años, en diferentes partes del país, especialmente en el Valle Central. Se firma un contrato entre la CCSS y el prestador de servicios y los asegurados reciben su servicio por parte de trabajadores de las cooperativas.
