Mandatario defendió proyecto ante la Asamblea Legislativa y ahora lo presenta como posible corrupción; alega falsamente que la llamada ‘ley jaguar’ habría obligado a la Contraloría a investigar la iniciativa.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, insiste en faltar a la verdad sobre el proyecto del tren eléctrico de la administración anterior, ahora utilizándolo como ejemplo de posible corrupción para defender su propuesta de referéndum. El pasado 5 de junio afirmó que con la llamada “ley jaguar” “no le hubieran podido construir ¢150.000 millones en una línea de tren a Parque Viva, porque ahí la Contraloría hubiera tenido que investigar”.
Sin embargo, Chaves omitió decir que, en 2020, siendo ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado, fue él quien firmó, presentó y defendió ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley N.° 21.958 para construir el tren eléctrico, en donde queda claro que no se trataba de un proyecto de ¢150.000 millones ni de un “trencito” a Parque Viva. Ese recinto de reuniones, negocios y conciertos, ubicado en La Guácima, Alajuela, que abrió operaciones en 2015, es propiedad de Grupo Nación, al cual pertenece La Nación.
El expediente N.° 21.958 contenía el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del tren. Chaves lo envió a los diputados en mayo del 2020 indicando que la inversión ascendería a $1.550 millones, de los cuales $550 millones provendrían de un crédito del BCIE.
En el diario oficial La Gaceta del 14 de mayo del 2020, en el alcance N.° 112, aparece en el proyecto la firma de Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda, junto a las de Ottón Solís, entonces director de Costa Rica ante el BCIE, y Elizabeth Briceño, quien ejercía como jerarca del Incofer.
En la página 9, se expresa que “el proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros consiste en una mejora sustancial del servicio de transporte ferroviario que discurre entre San José y la poblaciones de Alajuela, Belén y Paraíso en tres líneas respectivas, junto con la extensión desde Belén a Ciruelas y dos nuevos tramos desde Alajuela a Ciruelas y desde Ciruelas a El Coyol, respectivamente”.
Agrega que el objetivo era diseñar y construir una nueva infraestructura ferroviaria en el gran área metropolitana (GAM) sobre los derechos de vía que posee el Incofer, incorporando intersecciones a desnivel, equipo ferroviario y todos los requerimientos tecnológicos para operar el sistema.
La semana pasada, Chaves reiteró la falsedad de que “a este trencito le tenían un ramal de ¢150.000 millones al Parque Viva” y, por eso, decidió abortar el proyecto ya siendo presidente. La afirmación es falsa, de acuerdo con datos del Incofer.
La cifra de ¢150.000 millones surgió de la confusión creada por una noticia que atribuyó al ramal hacia Ciruelas, que pasa por Parque Viva, la diferencia de costo entre los primeros estudios de ingeniería de valor y el estudio de factibilidad del tren eléctrico. El primero, realizado en el 2016, estimó un costo de $1.265 millones, mientras que el segundo, de mayo del 2020, calculó la obra en $1.530 millones. Chaves lo sabe perfectamente bien, porque el alcance de La Gaceta, que se publicó superadas esas etapas, está certificado con su firma como representante del Gobierno de Costa Rica.
Según había explicado la exjerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño, esa diferencia de $265 millones incluía un paso subterráneo en el centro de San José para conectar plaza González Víquez con la estación al Atlántico, valorado en $67 millones, así como la adición de dos líneas recomendadas por los estudios de ingeniería de valor de octubre del 2018, las cuales no pasaban por Parque Viva.
Un tramo uniría Alajuela centro con Ciruelas, 1,4 kilómetros más allá del parque, y el otro sigue hasta Coyol. El primero costaría $110,7 millones, equivalentes al 7,1% de la inversión total, y, el segundo, $16,5 millones, un 1% del total”.
El proyecto del tren eléctrico aprovechaba el derecho de vía existente desde los tiempos del mandato de Rafael Yglesias Castro, a finales del siglo XIX (1894-1902), que pasa por las cercanías de Parque Viva, como lo dice el proyecto de ley firmado por Chaves.
El 20 de julio del 2022, dos años después de haber defendido el proyecto, el mandatario anunció la cancelación del tren eléctrico.
Rodrigo Chaves alegó que la “ley jaguar” habría obligado a la Contraloría General de la República (CGR) a investigar el plan de tren eléctrico. Sin embargo, el proyecto de ley que él impulsa para referéndum más bien prohibiría a la CGR revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que sean ejecutados y suspender actos irregulares antes de que estos se concreten.
La propuesta de Chaves es que los proyectos solo puedan suspenderse mediante orden judicial. Según la contralora general, Marta Acosta, la “ley jaguar” busca evadir el control de los fondos públicos.
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En vez de fortalecer a la Contraloría General de la República en la fiscalización de los fondos públicos, la iniciativa debilitaría sus controles, al grado de que solo se le permitiría actuar en forma posterior.
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Marta Acosta afirmó que, según un análisis hecho por la CGR, la iniciativa desmantelaría las competencias y funciones de la institución. “Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”, declaró Acosta este martes 18 de junio.
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El proyecto establecería que la CGR “no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”.
El abogado y excontralor general, Alex Solís Fallas, a quien la Casa Presidencial invitó a integrar un comité asesor del mandatario para convocar un referéndum, advirtió al grupo sobre la inconstitucionalidad de la “ley jaguar”. Solís señaló que es inconstitucional pretender disminuir o eliminar la potestad sancionadora de la Contraloría como propone el texto.
En igual sentido se pronunció el abogado constitucionalista Manrique Jiménez Meza, quien rechazó una invitación del gobierno para participar en ese comité de referéndum. Jiménez consideró que el proyecto que se quiere someter a consulta pública es inviable desde el punto de vista legal. En su criterio, es inconstitucional reducir las potestades de la Contraloría, como lo plantea la ley impulsada por Chaves. “Conocía que la temática iba a eliminar las potestades a la Contraloría General de la República, que definitivamente tiene un control permanente en cuanto al control de legalidad de la hacienda pública”, explicó.
De acuerdo con el artículo 183 de la Constitución Política, la Contraloría “es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores”. Por Hacienda Pública se entienden fondos públicos, su administración e inversión.
22 diputados consultan a Sala IV constitucionalidad de ‘ley jaguar’
El expediente 24.364, presentado a la Asamblea Legislativa el miércoles 5 de junio, fue enviado a la Sala IV para una consulta de constitucionalidad, con la firma de 22 diputados de cuatro fracciones.
